A un día del mensaje presidencial del 28 de julio, millones de peruanos esperamos algo más que promesas y frases bien elaboradas. Necesitamos menos prosa y más resultados medibles, con metas claras y evaluables. La educación no puede seguir siendo un punto decorativo en los discursos oficiales. Requiere decisiones políticas firmes, presupuesto suficiente y, sobre todo, indicadores confiables que nos permitan evaluar avances reales, no solo intenciones. La ciudadanía exige rendición de cuentas: ¿qué ha hecho realmente este gobierno para revertir el abandono escolar, reducir las brechas rurales, mejorar la calidad docente o enfrentar la crisis de salud emocional que viven nuestros estudiantes?
Durante los últimos años, hemos sido testigos de una profunda crisis educativa, no solo por la pandemia, sino por la falta de visión, liderazgo y decisión política. Hoy, más de 205 mil estudiantes han abandonado la escuela desde el 2020, más de un tercio de las instituciones educativas no cuentan con servicios básicos y el 43,1% de niñas y niños menores de 5 años sufre de anemia, una condición que afecta directamente su capacidad de aprender y desarrollarse. ¿Cómo pretendemos hablar de calidad si ni siquiera garantizamos lo mínimo?
Presidenta Dina Boluarte, el país necesita escuchar cómo su gobierno está respondiendo a esta realidad. ¿Dónde están las acciones concretas para cerrar la brecha rural, reintegrar a los estudiantes que salieron del sistema educativo o priorizar la salud mental en las escuelas, cuando el 40% de escolares presenta síntomas de ansiedad o depresión?
Sabemos que se han realizado esfuerzos por mejorar las remuneraciones docentes, lo cual es positivo y justo. Pero todo aumento salarial debe ir acompañado por políticas integrales que garanticen un impacto directo en los logros de aprendizaje de los estudiantes, con indicadores claros y medibles. La deuda con el magisterio sigue pendiente: ¿qué hay de la formación inicial, especialmente en educación intercultural bilingüe? ¿Qué estrategias existen para asegurar una capacitación continua de calidad, el acceso a materiales pedagógicos actualizados y escuelas con condiciones adecuadas para enseñar en el siglo XXI?
La educación técnica y superior tampoco escapa a esta desconexión. Apenas el 30% de jóvenes accede a la educación superior, y aún más preocupante, muchos egresan sin las competencias que el país y el mundo exigen. Debilitar instituciones como la Sunedu es retroceder, es dar la espalda a los jóvenes que necesitan una educación con estándares claros y una promesa real de futuro.
Este 28 de julio no basta con mencionar la palabra ‘educación’. El Perú necesita escuchar un compromiso político serio, con metas, presupuestos y plazos. La ciudadanía exige respuestas, no discursos vacíos.
Porque defender la educación no es un acto técnico: es un acto ético, político y urgente. No hay justicia social, ni democracia sólida, ni desarrollo sostenible sin una educación pública de calidad. Y el futuro del Perú no puede seguir esperando.
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