Golpe y maquillaje

Hoy se cumple un año de uno de los episodios más viles de nuestra historia republicana reciente: el anuncio que hizo a través de los medios el entonces presidente Pedro Castillo de su decisión de “disolver temporalmente el Congreso” e “instaurar un gobierno de emergencia nacional” y de “declarar en reorganización el sistema de justicia”, haciendo la precisión de que ello comprendía al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Aquí y en cualquier otro rincón del mundo civilizado, eso, por supuesto, es un golpe de Estado, un zarpazo al orden constitucional para imponer una dictadura. Para fortuna nuestra, la manifiesta incapacidad del exmandatario se hizo evidente también en ese acto de atropello a la democracia y, en pocas horas, el golpe fue conjurado y él, vacado por una mayoría de más de cien integrantes de la representación nacional.

Pero eso no significa que el hecho no ocurriese y, sin embargo, de entonces a ahora una pandilla de lo que no puede ser llamado de otra manera que ‘cómplices’ se ha empeñado en negar que el golpe se produjo o en tratar de proporcionar explicaciones estrafalarias a lo que todos vimos y escuchamos ese día.

Están desde los que sostienen que solo se trató de un “gesto simbólico” hasta los que postulan la tesis de que el exgobernante fue “drogado” para que leyese el mensaje en cuestión, preparado supuestamente por una camarilla de asesores perversos. Los más temerarios, no obstante, son aquellos que sentencian, sin que se les mueva un músculo de la cara, que en realidad el golpe lo dio el Congreso y que Castillo es una víctima. Entre ellos se cuentan, desde luego, algunos presidentes latinoamericanos, convertidos en divulgadores de ‘fake news’ y, por eso mismo, expuestos a la vergüenza internacional. Lo preocupante es que hay encuestas que muestran que una porción considerable, aunque no mayoritaria, de la población participa de esa lectura maquillada de los hechos.

La verdad, como se sabe, es que sintiéndose acorralado por las investigaciones sobre corrupción en las que estaban comprendidos él y sus allegados más cercanos, Castillo optó por patear el tablero. Fue una apuesta desesperada por impedir que el brazo de la justicia lo alcanzara. Y fracasó.

Ahora, sin embargo, ante los problemas que enfrenta la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, un personaje clave para que avanzaran los casos de corrupción que terminaron cercando al expresidente, algunos de los cómplices antes aludidos formulan la tesis de que tales problemas demostrarían que este no cometió el crimen por el que se lo detuvo ni, presuntamente, todos aquellos otros por los que se le dictó prisión preventiva. Semejante pretensión, empero, no es sino un burdo manotazo. Los eventuales pecados ajenos no santifican a nadie. Y así como la fiscal Benavides tendrá que enfrentar las responsabilidades que pudieran serle atribuibles después de las investigaciones del caso, Castillo tiene que encarar las suyas.

Lo que la ciudadanía debe tener presente ante cada uno de los moduladores de las coartadas con las que se pretende exonerar al exjefe del Estado de las consecuencias de su rapto dictatorial es que son tan autoritarios como él. Se fingen respetuosos de la democracia en tiempos de elecciones, pero apenas se les ofrece la oportunidad de imponer sus ideas o de sacar ventajas indebidas por la vía de la dictadura, se aferran a ellos con furia y angurria. No olvidemos sus rostros ni sus nombres, porque tarde o temprano llegará la hora en la que podamos pedirles cuentas por lo que hacen.

Mientras tanto, toca recordar el aniversario de hoy como lo que fue: el intento desesperado de un presidente incapaz y cercado por las huellas de la corrupción que atravesaba su gobierno de imponernos una satrapía que le garantizase impunidad y acabase con los inconvenientes que estorbaban el saqueo en marcha. El maquillaje, ya se sabe, siempre acaba por correrse.