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Editorial: Consejo infectado

Para mejorar el sistema de justicia debe cambiar el pernicioso sistema de elección del Consejo Nacional de la Magistratura.

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CNM

En el actual período parlamentario se han presentado 14 proyectos de ley para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). (Foto: Archivo/El Comercio).

Archivo El Comercio

Transparente, probo, predecible, eficiente, son algunos de los atributos que uno desearía encontrar en un sistema de justicia y, lamentablemente, ninguno de ellos podríamos decir que caracteriza al peruano.

Se trata de una difícil aspiración considerando el bajísimo nivel que exponen un gran número de jueces y fiscales que pasan a la infamia cada vez que alguna sentencia o dictamen bochornoso sale a la luz. Basta recordar las injusticias de casos como el de Arlette Contreras, víctima de la violencia de género y de la indolencia judicial, o el de los violadores de una terramoza liberados por una fiscal, o el de un reciente fiscal supremo que no sabe que el derecho constitucional e internacional protegen la reserva de las fuentes periodísticas.
A decir verdad, poco cabe esperar de los magistrados si los encargados de nombrarlos, ratificarlos o destituirlos muestran un estándar profesional y ético tanto o más penoso.

El caso reciente de los audios en los que se escucha a jueces y a integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) utilizar sus cargos para intercambiar favores es la comprobación de que este organismo constitucional padece una enfermedad grave y originaria.

No es casualidad que el escándalo de hace poco más de dos años en el CNM haya tenido que ver con un blindaje a uno de sus miembros (Quispe Pariona), sobre el que pesaban serias pruebas de negocios ilícitos con el rector de una universidad y acusaciones de agresión sexual a sus alumnas. Tampoco que hace algunos meses IDL-Reporteros haya denunciado que el ex presidente del CNM Guido Aguila haya estado negociando –con colaboración política de por medio– la votación a favor de su sucesor. El escándalo de turno ahora involucraría hasta tres consejeros (Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Aguila) en arreglos para favorecer a algunos postulantes a magistrados, o para apoyar la candidatura de Velásquez a la presidencia del CNM, entre otros favores.

En fin, las reiteradas componendas y arreglos bajo la mesa que se aprecian en el CNM probablemente tengan que ver con la forma corporativista de su elección. Así, los cabildeos e intercambio de favores entre decanos de colegios profesionales, rectores de universidades, y juntas de fiscales y vocales supremos, se repiten entre los consejeros una vez que asumen el cargo.

Por ello, la venidera reforma del sistema de justicia debería incluir necesariamente al CNM y al mecanismo de su conformación, el que tendría que filtrar el ingreso de personajes sin mayor mérito que el de saber traficar su función en beneficio de intereses subalternos. No es posible, por ejemplo, que para ser magistrado de la Corte Suprema se exija a una persona haber sido magistrado de una corte superior o fiscalía superior durante 10 años o 15 años de experiencia como abogado o catedrático universitario en la materia, y nada esto se requiera para quienes evalúan a todos los jueces del país. De hecho, los consejeros no pasan por ningún filtro de capacidad profesional o ética para su designación. Algo que no cambiaría si lo único que se hace es pasar del sistema de elección actual a un sistema todavía corporativista pero con voto universal, como se discute en la Comisión de Constitución del Congreso.

Existen hasta 14 proyectos de ley en el Congreso que plantean cambios al CNM. A ellos se pueden sumar las propuestas de la Comisión Presidencial e Integridad o la de la Asociación Civil Transparencia –mencionada, además, en el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio–, que plantean que al menos la mitad de los consejeros sean elegidos a través de un concurso público de méritos.
Se trata, estas últimas, de iniciativas que podrían ayudar a mejorar el desempeño y la deslucida imagen del CNM, pero abrirán un nuevo desafío, consistente en garantizar la transparencia e idoneidad de dichos concursos.

Está en manos de los actores políticos actuales curar una institución tan infectada, que sus propios integrantes se muestran reacios a recibir vacuna alguna.

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