Amigo de mis amigos

Desde el inicio, la posición de la presidenta Dina Boluarte ha sido precaria. Dada su opaca trayectoria personal y su tremenda fragilidad política, nadie debía esperar de su administración grandes reformas. Lo mínimo que sí se esperaba de Boluarte era que demostrara empeño en limpiar el aparato público de los nombramientos indebidos de su antecesor, Pedro Castillo, y que –por supuesto– no repitiera sus mismas prácticas.

Sin embargo, revelaciones recientes apuntan a que las expectativas –pobres como eran– pueden incluso haber sido excesivas. El domingo 5 de marzo, “Cuarto poder” reveló que Grika Asayag O’Besso, entonces asesora de la presidenta Boluarte y su persona de confianza desde la campaña presidencial del 2021, habría presentado certificados de estudios adulterados, con firmas falsas. En respuesta, Palacio de Gobierno –demostrando, sí, capacidad de reacción– suspendió su orden de servicios.

Sin embargo, ayer este Diario informó que Asayag y su hija, Grika Karla Burgos Asayag, también obtuvieron contratos con el Estado tras reuniones con altos funcionarios del Ejecutivo. Según información revisada por El Comercio, Total Force S.A.C. y Asociación Educativa Florence Nightingale, fundadas por Asayag y Burgos, obtuvieron órdenes de servicio por S/112.100 entre noviembre del 2021 y agosto del 2022. Las adjudicaciones, por supuesto, anteceden a la llegada de Boluarte a la presidencia, pero aun así revelan que una persona cercana a la ahora jefa del Estado, y antes vicepresidenta, se benefició de su cercanía con los círculos de poder en los sectores de Trabajo y de Comercio Exterior y Turismo. La mandataria, además, la mantuvo a su lado hasta que se hicieron públicas las denuncias de irregularidades. La historia suena, lamentablemente, demasiado conocida.

Pocas cosas le restaron más legitimidad al presidente Castillo que su tremenda proclividad para colocar en posiciones importantes del Ejecutivo a personas sin preparación y cuyo único mérito era la cercanía con el propio mandatario, con su círculo personal, o con el grupo político al que pretendía en ese momento apaciguar. Más bien, una lección a llevarse es que, tarde o temprano, estos nombramientos salen a la luz y pueden hacer un daño tremendo a la imagen presidencial y a cualquier agenda política que ostente.

En ese sentido, ha sido positiva, por ejemplo, la reciente salida de Julián Palacín Gutiérrez de la presidencia del Indecopi. De acuerdo con la resolución suprema del fin de semana pasado, Palacín no cumplía los requisitos mínimos de idoneidad para el puesto, por lo que fue reemplazado por la abogada Karin Cáceres Durango. El también militante de Perú Libre indicó que presentaría una acción de amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial para regresar al cargo. Y este no ha sido el único caso de limpieza interna: el rápido cese de los prefectos –varios de ellos vinculados al Movadef– fue otro ejemplo de interés por expurgar a malos elementos del Estado.

No obstante, esto no será suficiente. El Gobierno tiene la difícil tarea de reconstruir lo antes posible un aparato público que Castillo manipuló a su antojo a lo largo de año y medio en la presidencia. Y el emprendimiento no será posible –ni creíble– si la presidenta Boluarte empieza a llenar sus semanas de denuncias que salpican a sus colaboradores más cercanos.