Bodas de barro

El presidente Pedro Castillo cumple hoy un año en el poder y el balance de lo que va de su gestión no podría ser peor. Cuatro presidentes del Consejo de Ministros, 59 ministros a los que se les ha tomado juramento en general y siete en la cartera del Interior en particular dan una idea de la inestabilidad y falta de norte que existe en el Gobierno. Pero no son esas las únicas cifras que encienden alarmas en la opinión pública. Un informe elaborado por la empresa consultora Métrica y divulgado ayer en las redes ha puesto sobre el tapete otros datos que confirman que la permanente situación de crisis en la que nos habíamos habituado a vivir durante décadas ha alcanzado ahora niveles que hacen parecer todo lo anterior un vago trance ingrato.

La desaprobación de la gestión presidencial en el país, que siempre fue elevada, ha llegado en junio a casi un 75%, según El Comercio-Ipsos, mientras que la aprobación a duras penas araña el 20%. En Lima, además, la desaprobación se empina hasta el 87%. Una clara indicación de que el mandatario ha perdido rápidamente la mayor porción del respaldo que lo llevó a Palacio el año pasado y lo sigue perdiendo.

Diez han sido los ministros interpelados por el Congreso y cuatro, los censurados; amén de aquellos que renunciaron ante la evidencia de que pronto correrían esa misma suerte. Una elocuente muestra de que, casi invariablemente, las personas que esta administración ha nombrado en la función pública fueron elegidas con un criterio que no era precisamente el de su idoneidad técnica o moral para el cargo. No en vano, según la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (EC Data), el Gobierno acumula 138 designaciones cuestionadas y ha protagonizado un escándalo cada 36 horas.

Los contactos con la prensa, por otra parte, han sido escasos (el jefe del Estado ha concedido apenas seis entrevistas en 12 meses) y el trato hacia los periodistas, hostil. Un síntoma inequívoco de la tirria del gobernante hacia la transparencia y el rencor que le guarda al gremio responsable de las denuncias que lo tienen contra las cuerdas.

En lo que concierne al manejo de la economía, los registros son también desastrosos. Mientras en 16 ciudades del territorio nacional la inflación acumulada en el último año supera el 10%, el empleo formal ha sido sistemáticamente desincentivado a través de medidas populistas que lo encarecen y solo benefician al magro 20% que ya goza de ese privilegio, la actividad minera ha sido atacada con un discurso incendiario contra las empresas que la realizan y los conflictos sociales que tienen maniatado su potencial productivo imperan en todos los rincones donde podría florecer (sobre todo en Cuajone y Las Bambas), beneficiando a través de impuestos, regalías y cánones a la población de esas mismas regiones y a la población del país en su conjunto. Entretanto, el precio del dólar, que se vería positivamente afectado por el mayor ingreso de divisas que el incremento en la exportación de metales generaría, ha llegado a S/3,93. No tanto como los S/4,14 que alcanzó en la cúspide de la desconfianza hacia el actual gobierno, pero igualmente perjudicial para quienes consumen bienes importados o tienen deudas contraídas en esa moneda.

Paralelamente, las expectativas empresariales y las proyecciones de crecimiento económico para este año se contraen de manera significativa (en junio, el BCR ajustó su cálculo inicial del 3,4% al 3,1%, una cifra que sigue pareciendo optimista); y, solo en los primeros seis meses del año, la inversión pública cayó 13,5%.

En seguridad, no se distingue avance alguno. Por el contrario, lo que avanza es la criminalidad en las calles: una circunstancia que tiene relación directa con los permanentes cambios en el sector Interior y con el escándalo de los ascensos presuntamente “comprados” en la Policía Nacional.

Lo poco rescatable que se podía distinguir en materia de salud, por otro lado, se borró de un plumazo con el cambio del ministro Hernando Cevallos por el inédito Hernán Condori, promotor del agua arracimada y las detecciones de cáncer de cuello uterino en un minuto…

Lo que nos lleva al más grande de los problemas que manchan la gestión del presidente Castillo: la corrupción. Un mal que está en el origen y en las consecuencias de todos los desaguisados atribuibles al inquilino de Palacio. Jamás en la historia del Perú un presidente en funciones había sido investigado por presuntos delitos cometidos durante su ejercicio del poder y el mandatario tiene cuatro pesquisas de esa naturaleza abiertas por el Ministerio Público, aparte de una quinta por plagios en su tesis para obtener el grado de magíster que pone en entredicho su honestidad intelectual.

Las otras cuatro, en cualquier caso, están referidas a la orientación de licitaciones desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a una compra de biodiésel por Petro-Perú ya anulada, a la intervención en los procesos de ascenso en las Fuerzas Armadas y la PNP, y por encubrimiento personal a los prófugos Juan Silva (extitular del MTC), Fray Vásquez Castillo (su sobrino) y Bruno Pacheco (exsecretario del despacho presidencial, quien recientemente se ha entregado a las autoridades). Un cuadro que, en la hipótesis de la fiscalía, lo coloca en el centro de una organización criminal.

Hay que sumarle a ello los casos focalizados en otros sectores (como contrataciones de parientes, utilización de recursos del Estado en beneficio personal, etc.) que podrían no estar directamente relacionados con él, pero que igual se explican por una atmósfera de tolerancia hacia ese tipo de prácticas instalada en la administración que encabeza.

A decir verdad, la expresión “bodas de barro”, que por lo general se reserva para aludir a las celebraciones de aquellos matrimonios que cumplen su noveno año, podría en este caso aplicarse perfectamente al primer aniversario del gobierno de Pedro Castillo, pues la materia que se impone a los ojos de cualquier observador de esa gestión es, penosa y alarmantemente, el lodo.