Editorial: Cuatro en raya

En menos de dos meses, una seguidilla de denuncias sobre contrataciones de determinadas personas o empresas a fin de trabajar para el Estado que no debieron producirse ha puesto al presidente Vizcarra en una situación incómoda. A ninguna de ellas las contrató él mismo, por supuesto. Pero en varios casos sí alguien de su entorno; y en otros, su presunta o probada cercanía a los beneficiados por el contrato ha sembrado la duda de si existió algún favorecimiento producido al amparo del poder que emana de la figura presidencial.

El primero fue el caso de Richard Cisneros, contratado nueve veces para ofrecer servicios de dudosa utilidad para el Ministerio de Cultura desde que el actual jefe de Estado asumió el poder, en el 2018. La relación entre ambos venía desde que Cisneros colaboró en la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016, y el propio mandatario declaró que seguramente eso permitió que tuviera “una participación en algún nivel del Gobierno”. Sus intentos de explicación, además, no impidieron que tanto el Ministerio Público como la Comisión de Fiscalización del Congreso se abocasen a investigar el asunto con resultados que todavía no conocemos.

Vinieron luego, y casi al mismo tiempo, los casos que involucran a la secretaria general del despacho presidencial, Mirian Morales, y la asesora presidencial Karem Roca. Más allá de que en determinado momento cada una de ellas se reunió con el ya mentado Cisneros, ambas han sido asociadas a contrataciones de trabajo para el Estado que no debieron ocurrir. Las más importantes, la de la hermana de la expareja de la señora Morales, Claudia Teresa Mere Vidal, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (mientras Morales era funcionaria de ese sector), y la de la empresa de vigilancia de la señora Roca y su padre por el Gobierno Regional de Moquegua, cuando lo encabezaba el actual mandatario y ella trabajaba también allí.

Sobre estos contratos, cabe anotar, no ha existido ni siquiera un intento de explicación oficial. Solo el alegato, en el segundo caso, de que no hubo nada ilícito.

El domingo pasado, por último, el programa “Cuarto poder” reveló que el cuñado del mandatario, Freddy Herrera Begazo (esposo de su hermana Doris), quien contrataba con el Estado desde el 2015, siguió haciéndolo en varias oportunidades después del 28 de julio del 2016, a pesar de que no debía hacerlo. Como se sabe, en esa fecha se instaló el actual gobierno con Martín Vizcarra como primer vicepresidente y, por lo tanto, la relación de parentesco entre ellos suponía un impedimento legal para ello.

La pregunta fundamental, por supuesto, es si el jefe de Estado supo de ello en su momento o fue más bien algo que sucedió a sus espaldas… Cada quien sacará sus conclusiones sobre lo verosímil que esta última opción resulta, pero entre tanto, en el Congreso y fuera de él, las exigencias de que la materia sea investigada han menudeado. Y el problema es que las reacciones del presidente al respecto no pueden ser calificadas exactamente de respuestas. No de respuestas sobre lo que hace falta saber, en cualquier caso.

Decir, en efecto, que el Gobierno está “abierto a cualquier tipo de investigación” es poco más que una perogrullada. ¿Imagina acaso alguien al mandatario anunciando lo contrario? Y por otra parte, hablar de “poner el pecho” frente a los esfuerzos indagatorios es de un dramatismo que no se justifica: estamos hablando de una investigación, no de balas disparadas por alguien.

La insinuación de que los afanes esclarecedores obedecen a una ofensiva artera no viene, pues, al caso. Sobre todo porque esta denuncia, que es la que más cerca cae del presidente, tiene algo de lluvia sobre mojado. Junto a este, los casos relacionados con Cisneros, Morales y Roca forman, efectivamente, una serie inquietante, un cuatro en raya que no debe ser desdeñado con fórmulas altisonantes que no tocan el asunto de fondo, sino atendido con explicaciones minuciosas que por el momento no se distinguen.