El fiscal de la Nación tiene la palabra

Al presidente Pedro Castillo se le han abierto tres investigaciones por su presunto involucramiento en tres distintos delitos, pero dos de ellas han sido suspendidas hasta que su mandato haya culminado. La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, efectivamente, dispuso en su momento que aquellas que tenían que ver con los casos Puente Tarata III y los ascensos militares quedaran interrumpidas hasta el 28 de julio del 2026 o cualquier otra fecha previa en la que el actual mandatario dejara el poder. Lo hizo de acuerdo con una interpretación del artículo 117 de la Constitución, que protege a cualquier jefe del Estado en funciones de la posibilidad de ser acusado, salvo que haya incurrido en determinadas faltas muy graves y taxativamente indicadas en el texto. Tal interpretación consiste en asumir que el impedimento de investigar se deriva del impedimento de acusar, una posición jurídica que tiene partidarios y objetores.

La idea general, en cualquier caso, es que quien ocupa la presidencia no se vea distraído del ejercicio de su cargo por los avatares de un proceso penal.

En la actualidad, sin embargo, el fiscal de la Nación es Pablo Sánchez y no está claro que él comparta la postura de su antecesora. En estos días, por lo pronto, ha sido positivo que no haya objetado que la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, Cajamarca, le abra una tercera investigación al mandatario, relacionada esta vez a los presuntos plagios que se habrían detectado en la tesis que presentó junto a su esposa, Lilia Paredes, para optar al título de magíster en la Universidad César Vallejo. Es cierto que el presunto delito que se habría cometido en este caso data del 2012 –es decir, de antes de que el presidente llegara a Palacio de Gobierno–, pero en lo que concierne a la posibilidad de distraer su atención de los asuntos de Estado, eso no comporta ninguna diferencia, como bien ha recordado dos días atrás nuestro columnista Ricardo Uceda.

Los ojos de la opinión pública, en realidad, están vueltos en este momento hacia el titular del Ministerio Público ante los trascendidos que afirman que estaría considerando dejar de lado la suspensión de las investigaciones al jefe del Estado decretadas por su antecesora. Las razones para hacerlo abundan.

Por un lado, como señaló el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez antes de dejar el cargo, esperar hasta que el profesor Castillo termine su período presidencial podría poner en riesgo las evidencias y a los eventuales testigos. Un riesgo que se ve potenciado por la tendencia de este gobierno a colocar gente afín en el sector Interior y en la Policía Nacional, y que las amenazas de las que han sido objeto en estos días algunas personas que ya testificaron confirman. No olvidemos tampoco el poco ánimo de colaborar con las investigaciones que revela la reciente noticia revelada por este Diario de los más de 40 ingresos a Palacio no reportados de los dos sobrinos del mandatario –Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo– comprendidos en una investigación sobre colusión y organización criminal.

Y, por otro lado, reanudar las investigaciones hoy suspendidas podría ser una forma de empezar a despejar las dudas de naturaleza moral que se ciernen sobre el presidente Castillo y que explican parte de la crisis política en la que el país está sumido.

No avanzar ni siquiera a una investigación preliminar en asuntos tan espinosos como los mencionados deja la impresión de que, por razones políticas, se quiere blindar de manera artificiosa a quien se encuentra en el centro de las sospechas de varias tramas que tienen que ver con corrupción y deshonestidad intelectual: dos atributos muy perniciosos en cualquiera que tenga la responsabilidad de sostener las riendas del Gobierno. Continuar con las investigaciones suspendidas por cuatro años más solo puede tener, en realidad, consecuencias negativas, y en medio de la situación de zozobra que vivimos no podemos darnos ese lujo.

El fiscal de la Nación tiene la palabra.