El reciente informe de El Comercio sobre la contratación de 15 financistas de campañas electorales en oficinas claves del Congreso de la República constituye una nueva y escandalosa muestra del uso indebido de influencias que caracteriza al actual Parlamento peruano. Esta práctica, que convierte al Poder Legislativo en una agencia de empleos para retribuir favores políticos, profundiza la crisis de credibilidad de una institución que desde hace tiempo registra altos niveles de desaprobación.
La situación es particularmente grave porque demuestra cómo el poder de influencia política trasciende los límites de los despachos legislativos, para permear oficinas estratégicas del Congreso. Mientras que la contratación en despachos propios puede justificarse como “cargo de confianza”, la ubicación de financistas en áreas como el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios o el Comité de Damas revela una red sistemática de favoritismo que vulnera los principios básicos de la administración pública.
Los casos documentados son elocuentes. Arturo Alegría (Fuerza Popular) reconoció haber recomendado al menos a uno de sus financistas, mientras que Jorge Morante culpó a su anterior partido por las contrataciones. José Jerí, voceado para la presidencia del Congreso, presenta tres casos de financistas ubicados en áreas claves, incluyendo dos en el Centro de Estudios Constitucionales dirigido por su correligionario Mario Fernández.
Lo más grave es que estas conductas encajan perfectamente en la figura de “ventaja indebida” contemplada en el Código de Ética Parlamentaria, que en su artículo 6 prohíbe expresamente “obtener ventajas para sí o un tercero, adoptando o promoviendo decisiones que afecten intereses del Estado”. Sin embargo, este código termina siendo letra muerta ante la complacencia sistemática de los propios congresistas, quienes convierten las normas éticas en instrumentos decorativos mientras perpetúan prácticas que configuran ventajas indebidas según sus propios reglamentos. La contratación de financistas de campaña constituye precisamente el tipo de beneficio indebido que el código busca prevenir, pero que en la práctica se ejecuta con total impunidad.
Asimismo, la exclusión del Congreso de la ley Servir permite que algunas bancadas utilicen el poder del Estado como botín político. Es imperativo que la próxima Mesa Directiva realice reformas estructurales que incluyan concursos públicos obligatorios y la prohibición expresa de contratar a financistas de campañas.
El actual festín de contrataciones irregulares no solo representa un perjuicio económico millonario, sino que corroe también los cimientos mismos de la democracia peruana.
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