Editorial: No hay peor diligencia

Dos locales partidarios de Fuerza Popular (FP) fueron ayer allanados y registrados a requerimiento del fiscal provincial José Domingo Pérez y con la autorización del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Como se sabe, el fiscal Pérez se encuentra actualmente abocado a la investigación de los aportes a la campaña del fujimorismo en el 2011 en relación con las declaraciones de Marcelo Odebrecht al respecto, y es en ese contexto que la diligencia fue dispuesta.

El procedimiento se ha producido, por cierto, conforme a ley, pero tanto el momento escogido para ejecutarlo como algunos detalles de la forma en la que se lo llevó adelante han llamado la atención. Para empezar, la circunstancia de que estuviese programado para tener lugar simultáneamente a una concurrencia de la lideresa de FP, Keiko Fujimori, a una citación del Ministerio Público para declarar sobre el mismo asunto. Finalmente la ex candidata presidencial no acudió a la cita y pidió su reprogramación, pero ese fue un cambio de última hora que no podía ser anticipado cuando se trazó el plan de acción de la fiscalía.

De otro lado, no queda claro por qué se consideró necesario violentar puertas (si, como comentó luego el secretario general del partido, José Chlimper, tocar el timbre habría sido suficiente), ni qué documentación contable distinta a la ya enviada –en original y copia legalizada– por FP al despacho del fiscal Pérez se esperaba encontrar durante el registro. La verdad es que todos esos elementos parecen diseñados para darle a toda la operación un dramatismo que se aleja de la asepsia que debería caracterizar una investigación de esta naturaleza, como sugirió la propia señora Fujimori ayer por la noche en una conferencia de prensa.

Es inevitable, además, asociar esos ingredientes de sugerencia efectista con la escalada de sonadas intervenciones que ha protagonizado recientemente el Ministerio Público y que, más allá de su pertinencia, han creado la impresión de un esfuerzo por ganar presencia ante la opinión pública y desvirtuar los cargos de ineficacia y demora que le han sido hechos desde distintos sectores políticos, entre los que destaca precisamente el fujimorismo.

Dicho esto, sin embargo, es menester también tomar distancia de algunos de los comentarios que la diligencia ha merecido de parte de importantes dirigentes y congresistas de la organización naranja. Empezando por su máxima lideresa, quien durante la conferencia de ayer calificó la medida fiscal como una “actitud abusiva” y un “circo”. La ex presidenta del Legislativo, Luz Salgado, por su parte, sentenció horas antes: “Esto es un atropello a los partidos políticos, […] a la democracia. ¿Pretenden así asustarnos?”; y sus compañeros de bancada Lourdes Alcorta y Héctor Becerril no dudaron en hablar de una ‘vendetta’ de la fiscalía (por la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación que el fujimorismo está impulsando en el Congreso, se entiende).

En medio de anuncios tan tremendistas, dicho sea de paso, hay que anotar que el secretario general del partido ha sido bastante ecuánime, pues, recordando quizás la actitud que conviene a su condición de integrante del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), se ha negado a calificar el procedimiento.

Lo cierto, en cualquier caso, es que no ha existido aquí ni atentado ni atropello contra el partido fujimorista o la democracia en general, porque, como decíamos al principio, la diligencia ha sido realizada dentro del marco de la ley. Cabe la posibilidad, de hecho, de que el fiscal Pérez haya tenido, para solicitarla, motivos que se derivan de sus investigaciones y que todavía no están a la vista de la ciudadanía. Pero si esto es así, tendrá que hacerlos evidentes pronto, porque la sensación que hasta ahora genera el episodio es la de que se ha tratado de una acción política antes que legal.

En este particular contexto, lo único peor a una diligencia no hecha, sería haber forzado una innecesaria.