La conspiración de todos

La transcripción hecha por el Ministerio Público de un audio en el que se escucha a Zamir Villaverde, el empresario hoy recluido en el penal de Ancón I, entregándole “cien grandes” al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones –y hoy no habido–, Juan Silva (uno de los predilectos del presidente Pedro Castillo), ha colocado al Gobierno en una posición sumamente precaria. Ya no estamos hablando aquí solo de una administración lastrada por las pésimas designaciones o por su animadversión hacia la prensa, sino de una salpicada de graves indicios de corrupción tan grotescos como los que en su día embarraron a muchas de sus predecesoras.

Como era previsible, en el Ejecutivo esta nueva tesitura ha motivado la respuesta de siempre: apostar por la victimización y argüir que todo se trata de un taimado plan para precipitar la salida del presidente Castillo del poder. Y si en un primer momento desde el Gobierno se nombraba a las fuerzas opositoras, los ‘monopolios’ o los medios de comunicación como parte del supuesto complot, ahora también se han incluido en este a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial.

“Lamentablemente, todo evidencia que existe un plan político, mediático, fiscal y judicial para sacar al presidente elegido democráticamente en las elecciones”, afirmó dos días atrás, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, desde Arequipa. Una tesis que compartió el titular de Defensa, José Luis Gavidia, cuando se le consultó precisamente por los dichos del ministro Torres: “Siempre respeto y comparto lo que dice el premier. ¿Ustedes lo dudan? ¿ustedes dudan que no existe un plan?”, apuntó.

Por supuesto, la denuncia esgrimida por el jefe del Gabinete de una presunta conspiración urdida por todos aquellos que han osado colocar los reflectores sobre el mandatario y varios de quienes gozaron de su confianza hasta hace muy poco y que ahora son requeridos por la justicia no tiene el menor asidero. Y sin embargo, por increíble que parezca, desde la oposición parecieran empeñados en proveerles de material para este relato.

El audio difundido el lunes por el semanario “Hildebrandt en sus trece” en el que se escucha a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmar torpemente que “las Fuerzas Armadas están con nosotros” solo ha servido para abonar la falacia del Ejecutivo. Tanto el ministro de Justicia, Félix Chero, como la vicepresidenta y titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte (ella misma, envuelta en serias denuncias que podrían desembocar en su inhabilitación para ejercer el cargo y que hasta hoy no ha podido esclarecer), aprovecharon la situación para denunciar la existencia de un presunto “plan” para declarar la vacancia de Castillo.

Por supuesto, no hay que escarbar muy hondo para encontrar las falencias de estas aseveraciones. Ni la oposición ni nadie más se encargó de llevar a Juan Silva al Gobierno ni lo juramentaron hasta en cuatro Gabinetes diferentes. Tampoco se encargaron de colocar a Bruno Pacheco como secretario general de la Presidencia, de llevar a Karelim López a la casa del pasaje Sarratea y a Palacio de Gobierno, ni de insertar a Zamir Villaverde dentro del entorno más cercano del jefe del Estado con cuyos sobrinos hizo al parecer muy buenas migas.

El único plan que, por el contrario, sí parece existir, es el desplegado por el mandatario para evitar rendir cuentas ante las autoridades. Como se sabe, el abogado del presidente ha presentado ante el Poder Judicial una tutela de derechos para que se anule la investigación preliminar iniciada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra su patrocinado.

Sin embargo, haría bien el presidente en abandonar el recurso de la evasión para comenzar a dar (finalmente) respuestas sobre su complicada situación. Y la oposición también en dejar de darle munición al Gobierno para sostener un inverosímil cuento de la conspiración al que cada vez van sumándole más actores.