Editorial: Por sus votos los conocerán

El jueves, el cuerpo del cabecilla terrorista Abimael Guzmán cumplió cinco días en la morgue del Callao sin que las autoridades contaran con un marco normativo adecuado para proceder con sus restos. El vacío legal, por supuesto, trasciende a esta administración y alcanza a los últimos gobiernos y Congresos que desfilaron en las últimas décadas sin pensar en tan mundana posibilidad (la de que un hombre que había pasado los 80 años pudiera morir en cualquier momento). Sea como fuese, las omisiones ajenas no embellecen las propias, y el hecho de que el mayor asesino que ha conocido el Perú muriese hace una semana demandaba de nuestros representantes actuales una responsabilidad y un sentido de urgencia particulares.

Como es evidente, y habida cuenta del penoso antecedente del 2016, cuando se conoció sobre la existencia de un mausoleo para senderistas en Comas que era sede de eventos apologéticos, lo ideal es que el destino de Guzmán sea el mismo que el de otros abyectos asesinos de la historia mundial: que su cuerpo sea incinerado y la ubicación de sus restos, reservada, para evitar que su tumba se convierta en un lugar de culto. Lamentablemente, algunos de nuestros dirigentes siempre encuentran nuevos subsuelos para avergonzarnos.

En primer lugar, está el Ejecutivo, que optó por la estrategia de Pilatos: se lavó las manos y dejó el asunto en la cancha del Congreso. Esto, a pesar de que el martes, en una entrevista en SolTV, el ministro del Interior, Juan Carrasco, había adelantado que harían algo al respecto. “El ministro de Justicia está corriendo traslado de un proyecto que, en su momento, dará a conocer el presidente […]. Lo que correspondería es la emisión de una norma; se está trabajando en eso […] este cadáver definitivamente debe ser incinerado”, afirmó. La norma en cuestión, como se sabe, nunca apareció, y el pronunciamiento del presidente, tampoco.

Dos días después, ante la revelación hecha por Epicentro TV de que el tema había sido discutido en el Consejo de Ministros pero no habría prosperado por oposición de la mayoría, el titular del Gabinete, Guido Bellido, respondió, consultado al respecto, que “el tema no se ha abordado”. Sin embargo, horas después, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y primera vicepresidenta, Dina Boluarte, lo dejó sin piso: “Ayer, el Consejo de Ministros abordó la competencia del Ejecutivo ante el vacío legal del destino del cuerpo del terrorista A. Guzmán”, aunque –precisó– “no se votó por ninguna posición”.

Como es evidente, entre ambas declaraciones no cabe espacio para una mala interpretación. Uno de los dos está mintiendo. Y la circunstancia de que otros ministros hayan avalado tácitamente la posición de Boluarte (“en el Consejo de Ministros sí se abordó” el asunto, afirmó, por ejemplo, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez), deja bastante mal parado al primer ministro.

A pesar de la inmovilidad del Ejecutivo, sin embargo, el Congreso logró aprobar una ley, aunque el episodio tampoco estuvo exento de momentos bochornosos. Ahí están las vergonzosas abstenciones de parlamentarios de Acción Popular y Juntos por el Perú. Pero el principal, sin dudas, fue el voto en contra de la bancada de Perú Libre (PL) bajo argumentos que algunos especialistas ya han demostrado falaces (principalmente, el de que no podía legislarse al respecto por el principio de irretroactividad de la norma). Resulta confuso, por decir lo menos, que durante la semana los voceros de PL hayan expresado su rechazo al terrorismo y que, llegado el momento de la verdad, hayan buscado cualquier subterfugio para defender lo indefendible. Algo similar puede decirse del Ejecutivo, cuyos integrantes expresaron en varias formas su condena a Guzmán, pero que, a la hora de actuar, se ahorraron el trámite de hacer algo con sus restos.

Seguramente, varios en el oficialismo seguirán aireando su reprobación al terrorismo y al legado de Guzmán. Pero, como bien dicen, por sus votos (y sus omisiones) los conoceremos mejor.