Editorial: Segunda oportunidad

Se suele decir que las segundas oportunidades son tan escasas en la vida que solo una persona insensata las desaprovecharía.

Los congresistas de la República deberían tener ello muy presente ahora que han recibido del Poder Ejecutivo las pertinentes observaciones a autógrafas de ley que, de haberse aprobado en su formulación original, hubieran perjudicado seriamente a los consumidores, al Estado y a la ciudadanía en general.

Respecto de las iniciativas legislativas que, en el supuesto afán de proteger a los consumidores, los ponen en situación de desventaja, la legislatura que acaba de concluir ha sido especialmente pródiga. Destaca, en primer lugar, la norma que restringe el uso de leche en polvo para la elaboración de leche, mantequilla, queso, entre otros productos. Esta norma se aprobó en el contexto de un caso particular relacionado con un presunto engaño a los consumidores, cuya solución pasaba por una correcta aplicación de las leyes ya vigentes sobre etiquetado y publicidad comercial. El resultado de este apresurado ejercicio legislativo fue, sin embargo, una clásica norma de proteccionismo estatal que, de promulgarse, reduciría la oferta de productos, encarecería los precios a los consumidores y propiciaría el incumplimiento de tratados internacionales de comercio.

A esta autógrafa le sigue otra que exige que todos los reclamos de los consumidores sean derivados y procesados por el Indecopi. Ello independientemente de si el asunto puede ser solucionado con un acuerdo entre las partes –sin intervención estatal–, de si el Indecopi tiene los recursos para manejar ese colosal encargo o de si dicha organización tiene tareas de mayor impacto para beneficio de los consumidores que cumplir (que sí las tiene).

Propuestas que ponen en riesgo la caja fiscal –y que contravienen la prohibición de iniciativa de gasto del Legislativo– tampoco han faltado. Ahí se cuentan, por ejemplo, la norma para cubrir vacantes adicionales en el Hospital de Lambayeque que no estaban consideradas en el presupuesto del año y el proyecto para nivelar las pensiones de los militares y policías en retiro con los agentes en actividad (creando una cédula viva prohibida constitucionalmente).

Los despropósitos legislativos también han intentado limitar algunas iniciativas que el Ejecutivo había puesto en marcha a través de las facultades legislativas delegadas el año anterior por el Congreso. Así, la administración vio prudente observar la derogación que el Parlamento efectuó de manera poco juiciosa, por ejemplo, en el Decreto Legislativo 1333 que agilizaba el saneamiento y expropiación de terrenos para llevar a cabo grandes obras de infraestructura, a través de la creación de una unidad especial al interior de Pro Inversión. Proyectos que millones de peruanos necesitan pero hoy se encuentran paralizados, en gran parte, por la descoordinación y maleza burocráticas.

Si por un lado es justo saludar la decisión del Ejecutivo de frenar –a través del ejercicio constitucional de sus facultades– las iniciativas legislativas perjudiciales y desafortunadas, por otro lado es aun más importante llamar la atención sobre la institución pública que las está produciendo y aprobando.

La capacidad de insistencia que tiene el Congreso sobre las normas observadas por el Gobierno pone un límite al alcance de este último y, por ende, mucha mayor responsabilidad sobre ese poder del Estado.

Ahora que parece haberse abierto una nueva oportunidad para el diálogo entre las fuerzas políticas que encabezan el Ejecutivo y el Legislativo, y para el trabajo conjunto en favor del país, tienen entonces los parlamentarios una nueva chance para demostrar su compromiso y sensatez con hechos concretos.