Editorial: Ya estuvo bueno de preparativos

Hoy este Diario informa sobre la decisión del fiscal Germán Juárez de ampliar la investigación preparatoria que se les sigue a diversas personas por el Caso ‘Club de la Construcción’, así como la de incluir a Nadine Heredia en ella. Como se sabe, la ex primera dama ya estaba siendo investigada por los casos Gasoducto, Aportes de Campaña y Hospital Lorena en el Cusco. Y en este nuevo escenario, el Ministerio Público le está imputando los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión.

En lo que concierne a la ya mencionada ampliación, Juárez ha dispuesto que esta alcance a otras nueve personas, entre las que se cuentan el exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes, varios exdirectivos de la empresa Graña y Montero S.A. y otros.

Según indica el documento presentado por la fiscalía, “las sumas de dinero (adelantos directos de las obras licitadas, concursadas y ganadas) entregadas por su ilegal intercesión, tenían un origen ilícito, al provenir del delito de colusión agravada y haber sido obtenidas no como resultado de un proceso respetuoso de los principios de transparencia, licitud, libre competencia, sino en razón de un acuerdo ilícito”.

Todo esto, además, tiene origen en la declaración del colaborador eficaz número 04-2019 dada a conocer días atrás por este Diario, según la cual Ollanta Humala recibió entre US$16 millones y US$18 millones en sobornos del denominado ‘club de la construcción’. El colaborador puntualizó en ese testimonio que el entonces mandatario “siempre hacía participar a Nadine Heredia [en la decisión de si aceptar los sobornos propuestos y las ‘condiciones’ de cada uno de ellos], manifestando que ella era su mejor primer ministro, por lo que debía tener opinión”.

Como se ve, el caso es serio. Y la declaración, amén de concurrir con muchas otras en la descripción del presunto rol que la entonces primera dama cumplió dentro del gobierno nacionalista, es bastante detallada, por lo que los nuevos giros en la investigación preparatoria parecen justificados. Preocupan, sin embargo, las potenciales dilaciones que encierra aquello de “preparatoria”. No es que ignoremos que se trata de un término técnico para denominar una parte específica de un proceso (de la investigación preliminar se pasa a la preparatoria y de ahí, eventualmente, a la acusación), pero da la casualidad de que esa instancia se ha prolongado –en este y otros casos vinculados a la corrupción sembrada por diversas empresas constructoras brasileñas en nuestro país– más de lo razonable. De hecho, de los cuatro casos en los que está involucrada la señora Heredia, solo el de los aportes de campaña ha llegado a la etapa de acusación.

La demora en presentar acusaciones, por ejemplo, en los casos que comprometen a Keiko Fujimori o Martín Belaunde Lossio, y la facilidad con la que se acude al recurso supuestamente excepcional de la prisión preventiva es, como se sabe, una de los principales motivos de crítica a los fiscales que intervienen en todos estos procesos. Y hablamos de críticas que provienen incluso de quienes, en general, respaldan el trabajo llevado adelante por ellos.

Por eso, la perspectiva de que esta nueva vuelta de tuerca en el caso que nos ocupa derive en una prolongación del camino que llevaría a la acusación (o el archivamiento de la investigación) es preocupante.

En buena parte de la opinión pública existe la sensación de que ya estuvo bueno de preparativos. Hace tiempo que la labor de los representantes del Ministerio Público necesita verse coronada por resultados. No olvidemos que, hechas las eventuales acusaciones, los juicios y apelaciones suelen tomar también años. Y la justicia que demora, como sugiere un viejo adagio, no es justicia.

Exhortamos en ese sentido al fiscal Juárez y a sus colaboradores a que aprieten el paso y pongan cuanto antes delante de los jueces los términos por los que, a su criterio, la señora Heredia y las otras nueve personas comprendidas en esta investigación deben ser procesadas.