La historia reciente del Perú ha tenido ministros que iban cargando pesadas mochilas de cuestionamientos personales. Vaya si nos sobran. Pero entre todo ese triste recuento, posiblemente la figura de Juan José Santiváñez, actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se lleva el primer puesto a la desvergüenza.
Esta semana, Latina Noticias difundió un audio en el que se escucha presuntamente a Santiváñez asegurar a un cliente que contaba con el apoyo de dos integrantes del Tribunal Constitucional (TC). Las grabaciones lo ponen al centro del caso que investiga la fiscalía de US$20 mil en supuestas coimas para miembros del TC. El objetivo era favorecer indebidamente a un cliente suyo. En marzo de este año, El Comercio pudo acceder a los recibos bancarios que demostrarían la recepción del dinero de parte de Santiváñez.
A estas alturas, el destape indigna pero no sorprende. Esta misma semana, un informe pericial confirmó la veracidad de los audios en los que se escucha a Santiváñez hablar de “tumbarse” a la Diviac y del supuesto transporte de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, en el ‘cofre’ (el auto presidencial). Los tres peritos consultados por el Ministerio Público coincidieron en que la grabación no fue editada y corresponde a Santiváñez. Este último lo había negado antes.
El rosario del ministro de Justicia es amplio. Denuncias contra periodistas por cubrir su trabajo, aparentes entripados con las negociaciones de Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta), denuncias constitucionales en su contra a cargo de la fiscal de la Nación por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, entre otros. Todo esto, por supuesto, más allá de la incompetencia que demostró durante su gestión al frente del Ministerio del Interior hasta que fuera censurado por el Congreso. La victimización y el ataque contra quienes lo cuestionan será la respuesta previsible de Santiváñez en este nuevo ciclo de destapes.
¿Por qué insiste la presidenta Dina Boluarte en mantener cerca a Santiváñez? Difícilmente pueda encontrar, haciéndolo aún adrede, a un personaje con más cuestionamientos que su actual consejero legal. La sospecha, lógicamente, es que quizá en alguno de estos cuestionamientos la mandataria comparte algo de culpa y destino con su ministro. Pero mientras eso se dilucida, debería quedar en manos del Congreso volver a sancionar pronto su salida.
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