La extensión de la impunidad

Tal como advertían numerosas voces desde hace meses, el Reinfo ha sido ampliado por quinta vez. Lo que nació como un mecanismo temporal para la formalización minera ha sido pervertido por el Congreso en una herramienta para perpetuar la ilegalidad. Todo ello gracias a la mano cómplice de parlamentarios que han antepuesto sus intereses electorales sobre los daños ambientales, sociales y económicos.

Los votos a favor procedieron de las bancadas Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Somos Perú, Bancada Socialista, Podemos Perú, y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial. El predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas amplía el registro hasta diciembre del 2027. También se aprobó, aunque con restricciones y con cargo a redacción, el otro objetivo de los mineros informales: reincorporar a las más de 50.000 inscripciones que habían sido excluidas durante el gobierno de Dina Boluarte, lo que borraría de un plumazo lo poco que se pudo avanzar en los últimos años.

El domingo, un informe del IPE publicado en este Diario daba cuenta de 13.000 Reinfo en áreas naturales, zonas arqueológicas y otros espacios restringidos. La prórroga aprobada ayer no es más que un blindaje a la impunidad y un incentivo a la principal economía ilícita del país. Es un permiso oficial para seguir operando en espacios prohibidos.

La presión de los mineros informales apostados desde hace días en la avenida Abancay ha vuelto a surtir efecto. Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, se erigió en los últimos días como su vocero de facto y el principal artífice del dictamen aprobado. Él y otros integrantes del grupo de trabajo han actuado como operadores políticos de la minería ilegal.

Pero si su motivación subalterna era capitalizar a favor de sus intereses electorales, sus cálculos han sido errados. Una encuesta de Datum para el Centro Wiñaq reveló que el 54,6% de peruanos se inclinaría a votar por un candidato que restrinja a la minería informal y el 73,8% considera negativa la influencia de la minería informal en el Congreso. Apenas el 8,9% respaldaría a un postulante que la proteja.

El predictamen votado ayer deberá ser ratificado en el pleno. Pero tomando en cuenta las posturas de las bancadas en la comisión, su aprobación parece inevitable. Solo queda esperar que el gobierno que elegiremos en el 2026 no tenga la tibieza de sus antecesores y cierre definitivamente el Reinfo. De lo contrario, en diciembre del 2027 nos estaremos lamentando por la sexta ampliación de este nefasto mecanismo.