La hora del golpista

El próximo 4 de marzo habrán transcurrido dos años y casi tres meses desde aquella nefasta mañana en la que una pandilla de golpistas pretendió secuestrar a la democracia y profanar la institucionalidad. Pedro Castillo dará por fin la cara a la justicia, aquella a la que intentó intervenir ilegalmente y a la que trató de evitar en estos últimos meses. Para esa fecha ha sido programado el inicio del juicio oral por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. En el proceso también están comprendidos los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres (por aquel entonces asesor de la PCM) y tres integrantes de la policía.

Durante esta etapa de más de 800 días entre el nefasto mensaje a la nación y el inicio del juicio, Castillo ha presentado al menos 24 recursos con los que buscaba eludir el banquillo de los acusados. Tutelas de derecho, recursos de excepción, control de plazo y apelaciones, todos fueron rechazados en primera y segunda instancia. Además, hemos visto desfilar por su defensa legal a 28 abogados, algunos efímeros y otros con mayor tiempo de permanencia. Ninguno logró el objetivo de que se revierta o anule el proceso.

El Ministerio Público ha solicitado que el expresidente sea condenado a 34 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Si bien en esta etapa oral la fiscalía cuenta formalmente con 24 testimonios en contra de Castillo, este es un caso que tiene millones de testigos de cargo: todos los peruanos que vieron en directo a un balbuceante gobernante anunciando en televisión nacional la disolución del Congreso, la ilegal intervención del sistema de justicia y el establecimiento de un gobierno de excepción. Y que luego lo vieron huyendo hacia a la embajada mexicana tras el fracaso de su intento de dictadura.

La contundencia de las pruebas y testimonios y la gravedad de los delitos imputados permiten augurar un proceso rápido para nuestros estándares nacionales. No olvidemos que en su momento las instituciones democráticas y la opinión pública ya condenaron a Castillo. Ahora solo falta que haga lo propio el sistema judicial al que quiso desmantelar. El 7 de diciembre del 2022 nuestra democracia demostró que no es boba y que sus instituciones tienen las herramientas legales para defenderse. Lo que viene ahora es sentar un precedente jurídico que sirva de severa advertencia para todo aquel aventurero que intente mancillar el orden constitucional.