No a la venda

La Comisión de Constitución del Congreso inició ayer el debate del dictamen que propone reducir de siete a tres días la prohibición de difundir encuestas antes de cualquier tipo de elección en el país y, como cada vez que el asunto aparece en el debate público, se escuchan dentro y fuera del Parlamento argumentos a favor y en contra de proceder con una iniciativa así.

En palabras del presidente de ese grupo de trabajo, el legislador Arturo Alegría (Fuerza Popular), por ejemplo, la prohibición “ha devenido en [sic] obsoleta e ineficaz”. Se trata “de un mandato ilusorio”, ha añadido, porque controlar la circulación de encuestas en las redes sociales –que es lo que sucede profusamente mientras dura la veda– es imposible. Quienes resisten la medida, en cambio, afirman que los sondeos de opinión pueden “condicionar” el voto ciudadano, al transmitir información muchas veces falsa a tan pocos días de acudir a las urnas.

La verdad, no obstante, es que los argumentos para reducir la prohibición a tres días sirven también para defender su absoluta desaparición. Las personas interesadas en conocer lo que dicen los sondeos de última hora pueden acceder a ellos a través de Internet, tanto 72 como dos horas antes de ir a emitir su voto. Es cierto que abundan en ese medio las encuestas falsas, que buscan llevar electores al redil de tal o cual candidatura haciéndoles creer que otras opciones constituyen ya un “voto perdido”, pero eso es posible, sobre todo, por la prohibición misma. Como se sabe, lo que no se puede conseguir de manera oficial y sin embargo se requiere termina siendo buscado muchas veces en fuentes informales que frecuentemente expenden productos adulterados. Las encuestas respaldadas por el prestigio de una empresa y publicadas formalmente por un medio en el que un ciudadano confía es el mejor antídoto contra ese posible engaño.

La más potente de las razones para defender la supresión de la prohibición que nos ocupa, sin embargo, es que esta constituye la imposición de una venda sobre los ojos de los sufragantes que pudieran, precisamente, querer orientar en un momento decisivo su voto hacia la postulación más cercana a su posición con posibilidades reales de triunfo. Una venda, además, que resulta doble en lo que concierne a aquellos segmentos de la población que no tienen acceso a Internet.

Por todo eso es deseable que la iniciativa que se discute en la Comisión de Constitución sea aprobada. Reducir la prohibición a tres días no solucionaría el problema por completo, pero sería ciertamente un avance.