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Editorial: “Ha llegado el momento”

Es positivo que el presidente del Congreso se muestre dispuesto a modificar la nociva ley sobre publicidad estatal.

Editorial

Daniel Salaverry

El domingo, en entrevista con el diario “Trome”, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló que la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados “no ha traído ningún beneficio para nadie”. (Foto: Andina).

Dos entrevistas ofrecidas a distintos medios en los últimos días por parte del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, han vuelto a poner en escena la ley que prohíbe que el Estado pueda contratar publicidad en medios privados. Como se recuerda, dicha norma fue propuesta por el congresista aprista Mauricio Mulder y promulgada en junio pasado por insistencia y luego de algunas modificaciones puntuales para exceptuar el veto en casos de desastres naturales y campañas de educación electoral.

“Existen algunos proyectos de ley […], y creo que ha llegado el momento de poderlos debatir y entrar nuevamente a la discusión [sobre la ley de publicidad] para poder, si es que así lo tiene a bien el pleno del Congreso, hacer algunas modificaciones a esta ley, que le permita al Ejecutivo informar respecto a algunos temas específicos, como campañas de salud, educativas”, expresó Salaverry en declaraciones al canal SolTV. Y hace dos días, en diálogo con el diario “Trome”, el titular del Parlamento amagó una suerte de evaluación del impacto de la normativa. “Hasta el momento no ha traído ningún beneficio para nadie. Ni para la población ni para los organismos públicos que necesitan informar”, señaló para sentenciar inmediatamente después: “Creo que todos hemos perdido un poco”.

En primer lugar, llama la atención que el congresista Salaverry se muestre ahora tan convencido sobre los perjuicios que ha ocasionado esta ley, toda vez que él mismo votó a favor de su promulgación hace apenas dos meses, cuando se desempeñaba como vocero de la bancada de Fuerza Popular. Esto, pues, si bien es cierto nunca está de más analizar el impacto que determinada norma ejerce sobre la ciudadanía, las evaluaciones deberían darse antes de que se concreten –durante la elaboración del proyecto y los debates en las comisiones y el pleno– y no a posteriori.

Dicho esto, no obstante, es saludable que el señor Salaverry se haya mostrado a favor de modificar esta legislación; una acción que, a decir verdad, se encauza con el discurso de refrescamiento que ha exhibido desde que asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento. Como hemos mencionado varias veces en este Diario, la ley de publicidad estatal arrastraba una serie de problemas que uno podía detectar sin necesidad de ser un observador tan experimentado.

En efecto, prohibirle al Estado –que, vale recordar, no incluye solo al gobierno, sino también a las entidades públicas, las empresas estatales y los gobiernos locales y regionales– contratar publicidad en medios de comunicación privados implica debilitar sus posibilidades de alcanzar al mayor número de personas dentro del territorio nacional (solo para dar un ejemplo, el canal del Estado, TV Perú, concentra menos del 5% de la sintonía nacional).

De hecho, al limitar los mensajes estatales a los medios públicos se obliga a las personas a sintonizar estos si quieren estar al tanto de lo que hacen sus autoridades. Asimismo, al plantear la posibilidad de que el Estado publicite en redes sociales, la ley deja fuera a la enorme porción de ciudadanos que no tienen acceso a Internet, cuya mayoría se concentra en las zonas rurales, precisamente donde se necesita mayor difusión (según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en el área rural solo el 15,6% tiene conexión a Internet).

Pero, principalmente, la ley afecta el derecho de los ciudadanos a recibir información que, en algunos casos, puede llegar a ser clave para su vida –como las campañas de vacunación, o las de prevención ante heladas y friaje, tan necesarias últimamente–. Es decir, la ley en cuestión implica toda una retahíla de vulneraciones que no sorprende que el propio Tribunal Constitucional haya admitido dos pedidos para declararla inconstitucional.

En realidad, lo dicho por el congresista Salaverry, antes que una rectificación, parece más bien un sinceramiento de una ley que nunca tuvo una argumentación plausible. Ahora que el titular del Congreso ha señalado que “ha llegado el momento” de examinar alternativas, quizá sería bueno empezar por dejar sin efecto la perniciosa norma. Pues, aunque sus cuestionamientos a la ley luzcan extemporáneos, es preferible que algo ocurra tarde antes que nunca.

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