En los últimos 20 días, la campaña #PasaEnLaCalle de El Comercio recibió cerca de 10 denuncias de personas que vivían en la incertidumbre tras haber pagado la cuota inicial o incluso la totalidad del costo de un departamento en Surquillo, y luego no recibir respuestas de la inmobiliaria Avitar, con la que habían hecho el trato.
Ese es el caso de Diego Alva quien había pagado cerca de 20 mil soles cuando la empresa dejó de contestar. Él estaba bastante preocupado porque tenía un contrato con cláusulas que beneficiaba a la empresa si dejaba de pagar, pero no quería seguir haciéndolo ante la incertidumbre.
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“Nosotros tenemos la obligación de hacer ciertos depósitos con ciertas frecuencias. Si no hacemos ese depósito, según el contrato, nosotros perdemos casi o todo el monto que ya hemos transferido”, declaró Alva.
La falta de comunicación, el retraso de los inicios de obra y los contratos hicieron que las personas que habían apostado por invertir en el proyecto Homu y Atom de Avitar comenzaran a preocuparse. A esta incertidumbre se sumó que el banco financista del proyecto Homu se desligó.
Al igual que sus clientes, El Comercio intentó comunicarse con la empresa de diversas maneras, pero esto fue imposible. Solo después del reportaje publicado el día martes, la empresa Avitar envió un comunicado a sus clientes donde pidió disculpas por la falta de comunicación, e indicó que el proyecto Homu sería financiado por el BCP y que están haciendo las coordinaciones necesarias para dar inicio al proyecto. Felix Medina, gerente general de Avitar, también se ha reunido con algunos de los clientes.
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Pese a las reuniones y la nueva comunicación, algunos clientes continúan con incertidumbre. Aurora, quien prefirió no dar su apellido, explica que ella ya no quiere continuar con el proyecto y ha pedido la devolución de su dinero lo antes posible.
“[En la reunión] Yo le dije que me devuelva la plata, quiero recuperar algo, pero que me lo dé en un mes. Él [Felix] me dijo: lo que pasa es que no tenemos liquidez y que están esperando que la nueva constructora que va a coger el proyecto al 100% [Conservi] empiece a vender para generar ingresos y tener de dónde devolver a varios propietarios que han desistido”, sostuvo.
Avalancha de casos
A partir del reportaje publicado días atrás, diversas personas se contactaron con #PasaEnLaCalle contando casos muy similares. El común denominador era el mismo: contratos que solo favorecen a la empresa y los clientes se ven obligados a pagar periódicamente pese a que la empresa no conteste.
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Este es el caso de la inmobiliaria Rato SAC –que tiene 35 denuncias y 61 sanciones por el Indecopi-, cuyo cliente, a quien llamaremos Juan, pues prefirió quedar en el anonimato por miedo a represalias de la empresa, pagó más de 40 mil soles. El proyecto que él compró se llamaba Ocean View en San Miguel y la fecha de entrega era en diciembre del 2019.
Al ver que la obra seguía demorando y que la empresa cada vez tenía menos comunicación, decidió en febrero del año pasado pedir que le devuelvan el dinero. La empresa tenía 18 meses para hacerlo. Casi un año después, le pagaron solo una cuota y ya no tiene comunicación con la empresa.
Otro caso dramático es el de Guissepe Marcus Di Carlos Meléndez Flores, quien compró un módulo de vivienda con la empresa Los Altos de Castillo Perú SAC en Piura en 2019. Al ver que las obras no avanzaban, Guissepe pidió una devolución de su dinero.
“He peleado dos años consecutivos con esta empresa. En febrero de este año me iban a hacer la devolución completa, pero llegó a la fecha y no había depósito. El último recurso que vi es hacer una denuncia y luego una conciliación con Indecopi. El mismo propietario me dijo que para el 2 de julio me iban a depositar todo mi dinero. Hasta la fecha no hay nada”, explicó.
En las redes sociales de la empresa, que sigue vendiendo casas modulares, muchos usuarios piden explicaciones, devolución de su dinero, que contesten sus llamadas y más reclamos. En Indecopi esta empresa tiene una denuncia y dos sanciones del 2021.
Los contratos y cómo funcionan las empresas
La mayoría de estas empresas captan a sus clientes por redes sociales o ferias inmobiliarias. Estas últimas dan una sensación de seguridad. Una vez se decide apostar por el proyecto inmobiliario, las personas firman contratos y muchas veces lo hacen sin asesoría legal o sin leer “las letras chicas”.
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Por ejemplo, la empresa Avitar era parte de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) –fue retirada por incumplir el reglamento a mitad de junio del 2022- y participó de una de las ferias más reconocidas: Nexo Inmobiliario.
Ramón Bermudez, vocero de ASEI dijo a El Comercio que “la feria es un fuero en el cual intervienen diferentes actores, es una actividad comercial de exhibición, donde ASEI pide que haya una empresa constituida que puedan recibir proyectos y hasta ahí llega”. “La gestión y desarrollo de cada empresa ya es cuestión de cada uno”, añadió.
Sobre la cantidad de empresas inmobiliarias que han dejado desamparadas a familias, Bermudez explicó que “el Covid ha afectado, sin ser un justificante, al mercado”. “Muchas empresas medianas o pequeñas han tenido un impacto que no han sabido manejar. Es importante la experiencia de la inmobiliaria y de los dueños”, sostuvo.
Por el contrario, Krizia Zúñiga, abogada especialista en disputas civiles y comerciales, indicó que esto viene desde el auge de la construcción desde el 2001 en adelante. “El problema del por qué existen tantas empresas es porque es un negocio rentable que genera un incentivo perverso en estas empresas de presentar proyectos cuando no necesariamente cuentan con la experiencia para hacerlo”, agregó.
Asimismo, explicó que otra razón por la cual existen empresas que dan la espalda a sus clientes es “el famoso ruleteo”. “Es cuando el financiamiento dirigido hacia la ejecución de un proyecto no necesariamente se destina a este, si no que se destina a otro proyecto que a criterio de la constructora podría llegar a ser más rentable”, sostuvo.
Recomendaciones para invertir en un proyecto
Especialistas consultados por El Comercio rechazaron este tipo de prácticas en las empresas inmobiliarias, que solo hacen contratos en favor de ellas, pero sin estipular penalidades en caso hayan demoras en la construcción y la entrega. Además, aseguran que hay poca información a la mano de los consumidores y las empresas se aprovechan de esto.
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“El contrato debe ser específico y preciso en cuanto a los plazos de entrega. Deben salir las medidas de la propiedad y que esté determinado en planos. Nosotros recomendamos que pacten penalidades por demoras”, sostuvo Zúñiga.
En esa línea, para hacer una compra segura, recomendó a los consumidores que revisen en los registros públicos si el terreno donde se va a levantar el proyecto inmobiliario está a nombre de la empresa. Además, que hagan una investigación sobre la misma inmobiliaria: revisar sanciones y demandas en el Indecopi, proyectos pasados ya entregados, antecedentes del gerente general y redes sociales.