Gregorio Rojas, abandonó la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)
Gregorio Rojas, abandonó la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)
Alicia Rojas Sánchez

La tensión todavía no se disipa en Challhuahuacho. Una declaratoria de estado de emergencia, por 15 días calendario, despertó a este distrito de la provincia de Cotabambas (Apurímac) con un numeroso contingente policial resguardando sus calles. Horas más tarde, luego de confirmarse en Lima la liberación de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, la realización de asambleas entre los comuneros fue una constante en el sector de Manantiales, al ingreso de la mina MMG Las Bambas. Ellos permanecen en este punto desde hace nueve días.

Luego de darse la liberación de Rojas, detenido el jueves 21 en Lima, Percy Astete, comunero de Fuerabamba, dijo que la población se mantendrá en Manantiales. Ellos esperarán su llegada para decidir las acciones que tomarán como comunidad.


“La posición de Fuerabamba es clara. Vamos a seguir aquí hasta que se liberen a nuestros asesores. Hasta ver aquí a nuestro presidente Gregorio Rojas en la zona. Cuando él llegue, nos dirá qué acciones vamos a tomar: retirarnos o seguir en la lucha”, dijo Astete a El Comercio.

Además, según Astete, con la liberación de Rojas se demuestra que no había ningún medio probatorio para que siguiera detenido. “Estamos alegres y a la vez indignados. Gregorio Rojas ha sido liberado, ¿pero bajo qué condiciones? Le han restringido que pueda seguir luchando por su comunidad”, declaró.

De acuerdo con el acta de liberación, Rojas quedó en calidad de comparecencia restringida y tendrá que cumplir normas de conducta. Entre ellas, no ausentarse sin previa autorización del juez de la localidad donde reside y presentarse ante las autoridades judiciales y fiscales en los días que se le fije. Además, tiene prohibida la comunicación con los miembros de la presunta organización criminal Los Chavelos.

Para la fiscalía, el dirigente de Fuerabamba habría sido manipulado por los asesores legales de la comunidad, los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo. Ellos han sido acusados del presunto delito de extorsión en contra de la minera Las Bambas.

Franz Velarde, abogado de Rojas, sostuvo que la detención de su patrocinado fue injusta desde un inicio y que los hermanos Chávez Sotelo también deben ser puestos en libertad.

Al cierre de esta edición, el vicepresidente de la comunidad, Edison Vargas Huamanga, fue detenido por atropellar a dos efectivos de la Diroes. Según la policía, estaba ebrio. Vargas tiene orden de detención preliminar por extorsión e integrar la presunta organización criminal Los Chavelos.

Apurímac: el panorama en Chalhuahuacho tras declaratoria de emergencia. (Foto: Antonio Álvarez / enviado especial)
Apurímac: el panorama en Chalhuahuacho tras declaratoria de emergencia. (Foto: Antonio Álvarez / enviado especial)

—Estado de emergencia —
Los accesos al distrito de Challhuahuacho se encuentran libres y la mayor cantidad de comercios atiende con normalidad, aunque algunos a puertas cerradas por ciertos momentos. Asimismo, debido al estado de emergencia, grupos de policías se ubican en algunos sectores como el puente de Challhuahuacho.

Ivonne Contreras, prefecta regional de Apurímac, confirmó a El Comercio que el tránsito es normal en las carreteras del distrito y que mantienen constante coordinación con la fiscalía y la Defensoría del Pueblo. “Solo en la mina está concentrada la población”, dijo. Estimó que al distrito han llegado entre 60 y 100 policías. En el sector de Manantiales, no se registraron mayores incidentes entre la población ni movilizaciones en el centro de la ciudad.

Américo Contreras, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Apurímac, comentó a este Diario que su institución está en la zona para proteger los derechos fundamentales de las personas. Dijo también que con la excarcelación de Rojas se pueden tener mecanismos para propiciar el diálogo entre todas las partes involucradas en el conflicto. “El Estado, la comunidad y la empresa minera deberían redoblar esos esfuerzos para llegar a un acuerdo y evitar cualquier tipo de situación de riesgo”, dijo.

Comentó que la defensoría cuenta con un protocolo de actuación para casos de estado de emergencia. “Hemos hecho las coordinaciones con la fiscalía, la policía, a efectos de que cualquier intervención que se haga tiene que ser previo agotamiento del diálogo respecto a esta declaratoria de estado de emergencia”, agregó.

Después de la liberación de Rojas, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se reunió con el dirigente en el marco de sus competencias. La institución reiteró la necesidad de restablecer el diálogo en este conflicto entre Fuerabamba, Las Bambas y el Gobierno. 

A favor del diálogo
En un comunicado, la minera Las Bambas informó que mantiene su disposición al diálogo con los diversos miembros de las comunidades.
Voceros de la mina indicaron que, en este momento, hay unos 1.452 trabajadores y contratistas en la mina y que se usan helicópteros para la evacuación del personal.

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