Incertidumbre en Arequipa: enfrentan la crisis con gobernador preso y alcalde provincial prófugo

Arequipa ha enfrentado días de convulsión social. Tras las violentas manifestaciones, el gobierno declaró en Estado de Emergencia a la ciudad por 60 días. El descontento político no solo es por el accionar del Ejecutivo y del Congreso de la República, sino también por el rechazo a las autoridades locales. Tanto el gobernador regional como el alcalde de Arequipa han terminado con denuncias graves de corrupción y ninguno de los dos está culminado su gestión.

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, se encuentra prófugo luego de que la Corte Superior de Justicia le ratificara en segunda instancia una sentencia de 6 años de prisión por delito de colusión. La autoridad fue suspendida de su cargo y en su lugar asumió, de manera interina, el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Desde hace más de un año, el exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se encuentra recluido en el penal de Socabaya cumpliendo una prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal denominada “Los hijos del cóndor”. La ex consejera regional, Kimmerlee Gutierrez, asumió el cargo de gobernadora regional.

La historia

Cuando Cáceres Llica ganó las elecciones regionales para el periodo 2019-2022 ya cargaba un rosario de denuncias desde que era alcalde de Caylloma (2003-2006; 2011-2014), entre los que resaltaban dos acusaciones graves por violación sexual. Pese a ello, la tercera parte de los electores arequipeños (352 mil) votó por él.

Cáceres solo estuvo en el cargo dos años con 10 meses. En octubre de 2021 fue capturado, junto sus principales funcionarios, consejeros regionales y algunos dirigentes. Ellos integraban una presunta red criminal que cometía acciones ilegales para beneficio propio. El gobernador captó a la mitad de los 14 miembros del Consejo Regional: a cambio de dádivas, administración de obras, puestos laborales y entrega de terrenos, los consejeros no fiscalizaban su gestión y respaldaban las decisiones del gobernador.

La exautoridad enfrenta una prisión preventiva de 36 meses, de los cuales ha cumplido 13. Él está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, por los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo impropio. Pero no es la única denuncia que tiene Cáceres Llica en el Ministerio Público.

Más denuncias

En amparo de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, El Comercio solicitó al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Santiago Irigoyen Díaz, todas las denuncias registradas contra Elmer Cáceres Llica en el Distrito Fiscal de Arequipa. En cumplimiento de la Ley Nº27806 la institución remitió una respuesta con 813 folios digitales.

De su análisis se desprende que Cáceres Llica tiene más 120 denuncias registradas en el Sistema de Gestión Fiscal (SGF), acusado de cometer más de 30 delitos penales. Entre las denuncias más comunes que tiene están: abuso de autoridad (27), usurpación (16), apropiación ilícita (11), omisión (9), peculado (8), contra la administración pública (8), cohecho (6), resistencia a la orden oficial (5), falsedad ideológica (5), disturbios (4), violación de medidas sanitarias (4), entre otros, como actos contra el pudor, nombramiento ilegal de cargo público, abandono y crueldad contra animales, atentado contra la seguridad común y hasta homicidio simple y más.

Si bien la mayoría de las denuncias están con archivo preliminar, hay varios con acusación como el caso de negociación incompatible y aprovechamiento de cargo contra Cáceres y otros funcionarios. Hay denuncias que están en apelación, como el caso del uso de documento falso para presentarlo al Jurado Nacional de Elecciones. En investigación preliminar, como el caso de las presuntas irregularidades por la creación de la Plaza Cívica de Jardines del Colca. En formalización de investigación, por concusión y peculado contra Cáceres y otros. O en calificación como la denuncia de usurpación usando armas de fuego que interpuso el representante legal de la minera Intigold Mining S. contra el ex gobernador y otros.

Caso “Los hijos del cóndor”

La denuncia que ha llevado al exgobernador a la cárcel es por la investigación del caso “Los hijos del cóndor”. Si bien el expediente se mantiene en reserva porque continúa en investigación preliminar, El Comercio tuvo acceso al expediente de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (114 folios) y a la carpeta fiscal (230 folios) que investigaron a la red criminal.

Cáceres inició su gobierno solo con cuatro consejeros de su agrupación política “Unidos por el Gran Cambio”, pero rápidamente captó aliados. El consejero José Luis Hancco Mamani, hoy presidente del Consejo Regional, recuerda que, a mediados de diciembre de 2018, antes que juramenten como autoridades, Cáceres Llica convocó a una reunión a los consejeros electos para coordinar algunas acciones sobre la nueva gestión. De los 14 llamados, 11 asistieron.

“Nos reunimos y conversamos sobre algunos principios de gobernabilidad y el respeto al Consejo Regional. De eso hay un acta firmada. No conocía mucho al nuevo gobernador, pero tenía muchas expectativas. Al día siguiente me entero que el gobernador empezó a llamar uno por uno a los consejeros y cambiaron todos los acuerdos del acta. Yo llamé al gobernador, pero no me contestó y le dejé en mensaje pidiendo que honre su palabra. Solo fue eso. Desde ese día nunca más me reuní con él”, contó José Luis Hancco.

Elmer Cáceres empezó su gobierno nombrando funcionarios cuestionados y que no cumplían con el perfil para las distintas gerencias regionales. Hancco Mamani fue el primer consejero en denunciar esas faltas ante la Contraloría General, sin presagiar que el gobernador ya estaba colocando a personajes en puestos claves que en adelante formarían parte de la organización criminal que orquestó.

Consejo Regional

Los siete consejeros captados por el gobernador formaron un bloque de respaldo total al Ejecutivo. De acuerdo al expediente fiscal ellos eran: Santiago Neyra (Caravelí), Jeymi Flores (Caylloma), Richard Garate (La Unión), Veto Bernal (Caylloma), Wuili Añañanque (Condesuyos), Ysrael Zúñiga (Arequipa) y Criss Díaz (Camaná). Ellos crearon un grupo de WhatsApp denominado “Los 7 Amigos de Arequipa”. Por ahí coordinaban todas sus acciones y las concretaban en restaurantes o locales reservados.

En una de esas conversaciones, la del 13 de enero de 2021, el consejero Neyra (presidente del Consejo Regional) indica que se iban a reunir en la Av. Parra a la altura del puente de Fierro para ver cómo se iban a distribuir las comisiones. “Los 7 Amigos de Arequipa” se repartían las comisiones más importantes (Infraestructura, Salud, Educación, Agricultura, Ordenamiento Territorial, entre otros).

“Ellos hacían sus consejillos, acordaban todo y votaban en bloque. Cada vez que denunciaba las irregularidades ellos se turnaban para atacarme. En el 2020 me dieron la Comisión de la Mujer para que no pueda actuar. Ellos pensaron hacerme una mal dándome esa comisión, pero fue todo lo contrario”, señaló Hancco.

En el grupo de WhatsApp, al que tuvo acceso este medio, también hay conversaciones sobre los proyectos que el Ejecutivo debe priorizar en sus provincias, sobre las transferencias de recursos a los alcaldes y hasta aspectos extralaborales. En una conversación, del 13 de mayo de 2021, Neyra escribe en el WhatsApp que el gobernador los está invitando a un almuerzo por su cumpleaños en la Vía Evitamiento en La Funda del Sol.

EL 17 de mayo, Neyra les comunica que el gerente de Educación los invita a un almuerzo a la 1:30 pm. en La Justina para hablar de su interpelación. El 1 de junio de 2021 coordinaron una reunión con Vítor Hugo Rivera (actual alcalde) que en ese entonces era candidato. Acordaron tener el encuentro en la Urb. La Colonial I-24 en Paucarpata.

Retribuciones

El gobernador pidió a sus consejeros allegados no fiscalizar su gestión, ni tocar a sus funcionarios de confianza y también dispuso que ninguno de sus gerentes sea interpelado. A cambio de su “apoyo incondicional” la autoridad iba a compensarlos bien. Cáceres Llica les dijo que los consejeros podían proponer a funcionarios, tal como lo hizo el consejero Veto Bernal, quien designó al Gerente Regional de Transportes (conforme a los audios presentados, por TP- 004-2019). El consejero Neyra propuso al director de las redes de salud y jefes de mantenimiento (acreditado con los distintos audios entregados).

Cáceres les ofrecía la administración de obras. Elegían una obra y ponían a una empresa para que gane el proceso de selección, y esta a cambio les entregaba el “diezmo”. O presionaban a las empresas finalistas para que otorguen una suma de dinero a favor de los consejeros y así, puedan facilitarle los trámites, caso contrario le buscaban la sin razón para revocarles la buena pro.

También les entregó dádivas (dinero en efectivo). El 28 de agosto del 2020, el gobernador, en reconocimiento al apoyo brindado a su gestión, hizo entrega de manera directa de S/3.000, a cada consejero. El pago se dio personalmente en la oficina de la Gobernación, dentro de un sobre manilla color amarillo.

El 8 de setiembre del año 2020 en el interior de la cevichera Puerta Mar, ubicada en la Av. Dolores, el gobernador junto a sus asesores Edwin Esquivel y Hugo Mendoza hicieron una segunda entrega de S/10.000, a los consejeros aliados. El dinero estaba al interior de una bolsa de regalo con una botella de licor.

Entre el 2019 y 2021, Cáceres ofreció la entrega de terrenos en distintos lugares. Una de ellas fue en la “Asociación Agroindustrial Pampas Bayas”, pero primero debían aprobar en sesión de consejo una ordenanza regional que admitiera la entrega de dichos terrenos a la asociación. El 18 agosto de 2021, el Consejo aprobó la ordenanza con los votos de los siete consejeros de la red criminal y el voto dirimente del presidente del Consejo.

Casos

Los consejeros captados siempre trabajaban en bloque. El 22 de octubre del 2019 se realizó el proceso de interpelación contra Marcelo Córdova Monroy (gerente de Autodema). Se rechazó la censura con seis votos en contra y un voto en abstinencia, que eran los votos se los siete consejeros aliados del Gobernador. Así bloquearon la intención de sacarlo del cargo.

El 3 de marzo de 2020, la oposición propone interpelar al Gerente Regional de Transportes, Grover Delgado Flores. El 4 de marzo de 2020, el presidente del Consejo, Wuile Ayñayanque, contactó al grupo aliado vía teléfono, para evitar que la interpelación prospere. El 11 de marzo se realiza la sesión donde, con ocho votos, se rechaza la interpelación. El grupo de los siete finalmente cumple con blindar al gerente de transportes.

“Era muy evidente las actuaciones de ese grupo de consejeros, pero como oposición no podíamos contra ellos. Tenían el voto dirimente del presidente. De tanto reclamar y señalar las irregularidades ellos comenzaron a tomar represalias. En mi caso, recibí cartas notariales de Marcelo Córdova y del director de la Biblioteca Regional, además de tres trabajadores de la región. Tengo dos denuncias penales de un señor Mejía y del jefe de personal de Autodema, hasta ahora seguimos con el proceso”, contó el consejero Hancco.

Trabajo encubierto

El caso de los “Hijos del cóndor” fue desbaratado gracias al trabajo de la agente especial Samanta Miranda Tijeros, una infiltrada en el Consejo Regional. La agente fue la consejera Chriss Díaz Montoya. Ella tuvo su primer acercamiento con el gobernador cuando este lo llamó y le pidió que le diera su voto a Veto Bernal para que sea el primer presidente del Consejo Regional (2019). Díaz no votó por él porque tenía referencias negativas de Bernal y eso la marcó.

Cuando quería realizar gestiones para su provincia o coordinar reuniones de los alcaldes de Camaná con el gobernador, le negaban y le cerraban las puertas. Ella comenzó a observar que algunos consejeros sacaban obras para sus provincias a cambios de beneficios económicos. Se enteró que otros consejeros colocaban personal en diferentes áreas del Gobierno Regional. Así pasaron los meses hasta octubre de 2019.

Afines de octubre, el gerente de Autodema que iba ser interpelado en el Consejo, se acerca a Díaz para ofrecerle dos parcelas de terreno en la Asociación Pampas Bayas (Majes) a cambio de que lo respalde con su voto. En medio de la conversación ella comenzó a grabar al funcionario porque el ofrecimiento no solo era para ella, sino también para otros consejeros. Díaz quería juntar evidencia para investigarlo y denunciarlo públicamente como parte de su labor fiscalizadora.

En esa votación ella se abstuvo y con esa posición salvó al gerente de una sanción. Al ver cómo se organizó el blindaje y la retribución que recibirían sus colegas ella denunció anónimamente el hecho ante Ministerio Público, pero como la investigación no avanzaba y se ofreció, en un principio, como testigo protegido para alimentar con más evidencias al caso. En enero de 2020 nace la agente Samanta Miranda Tijeros.

“Decidí infiltrarme porque era la única manera de investigar y desde adentro recabar pruebas. Como agente especial tenía obligaciones de reportar todo lo que hacía a un agente intermediario. Como agente podía participar del delito, pero no podía incitarlo. Cuando me entregaron el dinero lo reporté de inmediato a mi intermediario. Primero fueron S/3.000 y luego S/10.000. El gobernador me dijo que era por el apoyo que le daba y que me iban a proteger”, indicó la agente Samanta Miranda a El Comercio.

La agente trabajó con la fiscalía y Dirección Contra la Corrupción hasta octubre 2021. Un año y 10 meses.

Trabajo fiscal

El 22 de octubre de 2021, en un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, detuvieron al gobernador, a sus funcionarios de confianza y a los consejeros regionales por integrar la presunta organización criminal “Los hijos del cóndor”. En la intervención allanaron 40 inmuebles, entre ellos la sede del Gobierno Regional y el domicilio del gobernador. Participaron 43 fiscales anticorrupción y 120 policías de la Dirección contra la Corrupción.

El fiscal anticorrupción de Arequipa, Arturo Valencia Paiva, al inicio identificó a 15 miembros de la organización y luego decidieron ampliar la investigación a ocho personas más. En total son 23 personas que integrarían la red criminal. De ellos, actualmente, están con prisión preventiva el exgobernador, la exconsejera Jeymi Flores, el exgerente de Autodema Napoleón Ocsa, también el exgerente de Autodema Marcelo Córdova y el dirigente Mario Jacobo.

Como “no habido” está el expresidente del Consejo Regional, Santiago Neyra. Él tiene orden de captura para cumplir la prisión preventiva.

“Hemos avanzado con las pericias de los teléfonos y computadoras incautadas, el análisis histórico del secreto de comunicaciones. La evaluación de la integridad de los audios y el reconocimiento de las voces. Están declarando los testigos, tenemos 18 evidencias y hemos avanzado cuatro. También estamos recibiendo las declaraciones de los imputados y de otras personas que no están involucradas. Ahorita estamos con un avance de 35% de la investigación”, explicó el fiscal Arturo Valencia a este medio.

El fiscal tomará la declaración del ex gobernador, Elmer Cáceres Llica, en los próximos días.

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