La Defensoría del Pueblo se pronunció luego de los lamentables sucesos ocurridos, este lunes 9 de enero, cerca al aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca en Puno, que deja al menos 17 muertos confirmados hasta el momento.
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“Lamentamos las afectaciones al derecho a la vida e integridad de las personas, entre ellas menores de edad, acontecidas como resultado de los enfrentamientos ocurridos el día de hoy en los exteriores del aeropuerto de dicha ciudad”, dice la primera parte de su comunicado.
Además, señaló que el derecho a la protesta es un derecho fundamental que debe ser ejercido de manera pacífica sin afectar los derechos de otros ciudadanos y ciudadanas.
“La toma de aeropuertos, la agresión a otras personas -incluidas las fuerzas de orden-, impedir el desplazamiento de ambulancias y toda forma de atentado contra la propiedad pública o privada constituyen graves delitos que no forman parte del derecho a la protesta”, remarcó.
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La defensoría exhorta al Ministerio Público a realizar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de las pérdidas de vidas humanas, afectaciones a la integridad personal y atentados contra la propiedad.
“Solicitamos al Estado que, en cumplimiento al deber de garantizar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas, disponga las medidas necesarias para atender a las y los familiares de las personas fallecidas, así como a las personas heridas de gravedad, sean civiles, policial o militares”.
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“Reiteramos que no corresponde a la PNP ni a las FF.AA. resolver los conflictos que vienen aconteciendo. Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”, finaliza el pronunciamiento.
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