Al menos 9 personas mueren en siniestros a diario, pero la presidenta no dio ningún anuncio al respecto: ¿Qué urge hacer en transporte y tránsito?

El Comercio conversó con tres expertos en ambas materias sobre los proyectos, reformas y políticas que deben priorizarse.

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Entre enero y mayo del 2025, 1.215 fallecieron a nivel nacional tras un siniestro vial y 22.846 personas sufrieron lesiones, de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En comunicación con El Comercio, el ONSV precisó que los siniestros ocurren con mayor frecuencia en avenidas (34%), carreteras (15%), calles (15%), jirones (7%) y autopista (7%), lo cual evidencia que, incluso, las vías urbanas menores representan un riesgo.

El discurso de la presidenta no abordó este lamentable panorama ni las acciones para reducir sus graves consecuencias.

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP), considera como “una consecuencia lógica” que Dina Boluarte no haya mencionado acciones para frenar esta situación, debido a que “su gobierno no ha hecho nada en tres años frente a los altos niveles de siniestralidad”.

“Pese a que existen normativas y políticas públicas, su gestión no tiene logros en materia de seguridad vial. Vamos a superar los 3 mil muertos por accidentes de tránsito en este año si continúa esta tendencia”, declaró Barreto.

El especialista indicó que el Estado es responsable de promover la educación vial, la cual considera como la principal herramienta para reducir las consecuencias fatales en las vías de tránsito.

En esa línea, Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, mencionó la necesidad de que se constituya la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

“En el 2010, el Perú firmó el Plan Mundial para el ‘Decenio de Acción para la Seguridad vial’ de la ONU, que tenía como compromiso la creación de una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Este acuerdo fue renovado el 2020. A pesar del tiempo y que existen compromisos firmados, hasta ahora no se constituye la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad. Su implementación permitiría coordinar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito a nivel nacional entre todos los actores del tránsito. Esto evitaría trabas entre el MTC, la Policía Nacional y los municipios locales y provinciales. Actualmente, la fiscalización y gestión del tránsito no son eficientes, porque están dispersas entre los responsables”, sostuvo.

Flórez considera necesaria una reforma institucional de la ATU y la Sutran. “La ATU y la Sutran deberían ser organismos regulados con autonomía administrativa, financiera y ejecutiva de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM), como lo es Ositran. Se requiere modificar las normativas sobre su organización, para que sus presidentes sean elegidos por concurso público y no por confianza, como ocurre ahora. Esto ha hecho que la ATU tengan seis presidentes desde el 2019″, manifestó.

Como se recuerda, la semana pasada, Jaime Romero Bonilla fue designado como nuevo presidente del Consejo Directivo de la ATU tras la renuncia de David Hernández Salazar. Asimismo, Abel Alvarado renunció hace unos días del cargo de presidente de la Sutran y fue reemplazado por Anatoly Pavel Ruiz Cueva.

“Se ha politizado la elección de las autoridades de la ATU y Sutran en lugar de que sea una decisión eminentemente técnica”, destacó Flórez.

Así también, sostuvo que la Sutran requiere de mayor presupuesto para sus acciones. “La Sutran cuenta con poco presupuesto para cumplir su labor en toda la red nacional de vías, que tiene miles de kilómetros. Necesita tecnología, radares, drones y más vehículos”, opinó.

José Aguilar, expresidente de la ATU, llamó la atención sobre la ausencia de proyectos y políticas de movilidad sostenible para el transporte público del país. Su importancia radica en reducir la dependencia de combustibles fósiles, que tiene un impacto favorable en la salud pública de los ciudadanos.

“Faltaron anuncios sobre movilidad sostenible y la adquisición de vehículos eléctricos. Se requiere un cambio de matriz energética para las unidades de transporte público. Debió anunciar fondos o iniciativas para adquirir buses no contaminantes y buses eléctricos”. “En el Congreso existen proyectos de electromovilidad, pero ninguno ha llegado a aprobarse”, subrayó.

Otros pendientes

Asimismo, Aguilar considera que la presidenta debió brindar una actualización acerca de las cámaras de videovigilancia para buses de transporte público. “En abril, la ATU anunció el inicio del proceso para adquirir 16.200 cámaras de videovigilancia. La presidenta habló de seguridad ciudadana y la necesidad de más centrales de monitoreo. Pudo haber comentado o actualizado la información acerca de la adquisición de las cámaras. Por ejemplo, mencionar si este año o el próximo tendremos las primeras unidades de transporte público con cámaras”, sostuvo.

Así también, el expresidente de la ATU considera como una “ausencia notable” en el mensaje a la nación que no se haya hablado sobre la ejecución de los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

Uno de los puntos resaltantes en materia de transporte fueron los anuncios de avances en las vías cercanas al aeropuerto. “Durante el último año de mi gobierno, se culminará la mejora de todas las vías provinciales cercanas al aeropuerto. Y, en el año 2028, estará operativo el Viaducto y Puente Santa Rosa, que brindará un acceso seguro y rápido al nuevo terminal”, mencionó

Las dos vías provinciales cercanas al aeropuerto son las avenidas Gambetta y Canta Callao; ambas recorren la Provincia Constitucional del Callao.

En agosto del año pasado, el MTC informó que la ejecución del Puente Santa Rosa será bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con Francia, como parte del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa. Se trata de un viaducto elevado de casi 4 kilómetros de largo que conectará la Costa Verde con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Cuenta con una inversión de más de S/1.700 millones y su trayecto incluye las avenidas Óscar R. Benavides, Pérez Salmón, Argentina y Santa Rosa.

La presidenta también informó la ejecución de tres proyectos ferroviarios: Lima–Barranca, Lima–Ica y San Juan de Marcona–Andahuaylas.

“Para el año 2026, se culminará el estudio de perfil del ferrocarril Lima–Barranca, se suscribirá el contrato gobierno a gobierno (G2G) del ferrocarril Lima–Ica y se definirá la modalidad de ejecución del ferrocarril San Juan de Marcona–Andahuaylas. Estos tres corredores ferroviarios beneficiarán directamente a más de 13 millones de peruanos“, informó Boluarte. La mandataria mencionó que actualmente se está elaborando el perfil del tramo Lima–Barranca.

Flórez considera como un acierto que el gobierno impulse una política ferroviaria. En ese sentido, mencionó que debe priorizarse la obra del ferrocarril Lima-Barranca. “El ferrocarril Lima-Barranca tiene especial importancia, porque pasará cerca a Chancay. Por otro lado, es importante combinar el uso del ferrocarril Lima-Ica para el transporte de pasajeros y de carga. De lo contrario, no será rentable”, expresó.

El último fin de semana, El Comercio publicó un informe sobre el paso lento para la materialización de los proyectos de ferrocarriles en el Perú. Por ejemplo, los ferrocarriles Lima–Barranca y San Juan de Marcona–Andahuaylas todavía no tienen una fecha de inicio prevista. En el caso del ferrocarril Lima-Ica, o Tren de cercanías, se espera que el proyecto inicie el 2027.

La presidenta también anunció que, en el primer trimestre del 2026, iniciará la ejecución de la construcción de la nueva Carretera Central.

Para José Aguilar, este proyecto cobra especial importancia y urgencia debido a que el volumen de tránsito sobrepasa la capacidad que puede manejar su infraestructura actual.

La nueva Carretera Central demandará una inversión superior a los 24.000 millones de soles y será la primera autopista de montaña del Perú. Esta moderna vía irá desde Ate hasta La Oroya, en la región Junín. Su ejecución estará a cargo de PMO Vías, la Oficina de Gestión de Proyecto de Provías producto de un acuerdo gobierno a gobierno entre el Perú y Francia.

La Oroya, ciudad de la región Junín, será el punto de convergencia con las carreteras que llegan a otras regiones de la Macro Región Centro Amazónica: Huánuco, Huancavelica, Pasco y Ucayali.

La vía de 185 km contará con cuatro carriles, dos por sentido, con un separador central. Asimismo, tendrá 33 km de túneles, 19 km. de viaductos y muros de contención. Para un informe previo, Silmara de Assis, directora de PMO Vías, declaró que, aproximadamente, 12 mil vehículos circularán a diario por la nueva carretera una vez que esté culminada. En el 2051, se espera que el tráfico se duplique con impactos importantes en la productividad del país y de las regiones.