Un container y solo dos policías: así es Chagualito, el débil puesto de control de los camiones que salen con millones de dólares en oro de Pataz

Desde enero de este año, por lo menos 8.400 camiones cargados con toneladas de mineral aurífero salieron de Pataz, de donde proviene gran parte del oro extraído en La Libertad, región que produce el 40% de este metal en el Perú.

Esos volquetes, que como mínimo llevan 20 toneladas de mineral hacia plantas chancadoras o de beneficio (donde se procesa el oro), deben pasar por Chagualito, un puesto de control de la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicado en Cochorco, el distrito de la provincia de Sánchez Carrión que es vecino de Pataz.

Pero lo que debería ser un importante punto para fiscalizar la actividad minera de Pataz, un filtro para evitar que el oro extraído en la provincia liberteña pase al mercado ilícito (la minería ilegal, la principal economía criminal del país, genera US$6.000 millones al año), en realidad es un container casi vacío que más se asemeja a una garita de vigilancia, y que carece del equipamiento necesario para tan relevante labor.

Un equipo de El Comercio viajó a Pataz y verificó las limitaciones de Chagualito. El container que funciona como puesto de control está cerca del puente que une a las provincias de Sánchez Carrión y Pataz, en la vía usada para ir a Trujillo, a unas 10 horas de camino.

El puesto funciona desde agosto del 2023. Según información policial, la garita se instaló por disposición de la PNP ante un pedido de Poderosa, una minera formal que opera en Pataz. Chagualito debe funcionar las 24 horas del día; no obstante, solo tiene dos efectivos por cada turno de ocho horas. Dentro del container hay una mesa, sillas, una laptop y un ventilador, como pudo apreciar este Diario.

Una fuente de El Comercio afirmó que en total hay 20 efectivos que supervisan toda la zona, y que siempre están al mando de un mayor o comandante PNP.

A los camiones que pasan por el lugar, la PNP debe pedirles guía de transportista, guía de remisión, el instrumento de gestión ambiental para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal y, sobre todo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El control de Chagualito debería estar bien equipado, sostuvo una fuente de este Diario. Precisó que por lo menos debería tener una balanza para pesar los camiones, y que siempre debería haber funcionarios de la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Gobierno Regional de La Libertad, el Ministerio de Energía y Minas, y la fiscalía.

Sobre Chagualito, el exministro del Interior Rubén Vargas indicó que, “cuando tenemos una caseta de control con tantas precariedades y ‘abandonada’ [...], lo que estamos haciendo es simplemente [dejar] que la impunidad sea la regla. Estamos utilizando a ese policía [...] para que cumpla con la formalidad de que se está controlando”.

Entre enero y octubre de este año, la PNP no registró por lo menos 3.800 camiones (con mineral extraído en Pataz) que pasaron por Chagualito, de acuerdo con información obtenida por El Comercio. Ese número representa poco menos de la mitad de los 8.400 vehículos que transitaron por ahí hasta el mes pasado.

Cada volquete transporta unas 25 toneladas de mineral, pero es muy común que los vehículos carguen hasta 40 toneladas, según conoció este Diario.

En el cálculo que se hace en el negocio aurífero, cada tonelada de mineral extraído equivale a una onza y media de oro (en el mercado internacional, el precio de la onza era de US$2.756 al 1 de noviembre).

En un cálculo conservador, 25 toneladas de mineral representan US$103.350. Al multiplicar ese monto por los 3.800 camiones que la policía no registró, el resultado es de US$392′730.000.

Si se cuentan los 8.400 volquetes que pasaron por Chagualito hasta octubre, la cifra se eleva a US$868′140.000. Estos números podrían elevarse si los camiones cargan 40 toneladas.

Por el valor del mineral que trasladan, muchos camiones viajan con seguridad particular, incluso con personas armadas.

Rubén Vargas considera que el gobierno y el Estado deberían tener un control más efectivo en Chagualito.

“En primer lugar: tendría que estar la Sunat, porque estamos hablando de evasión de impuestos, evasión tributaria, y no de pocas cantidades. Número dos: tendría que estar la policía como fuerza pública, pero también haciendo cumplir su tarea de controlar, de fiscalizar, no solamente a los vehículos, sino que los documentos sustentatorios de esos materiales estén en regla. Número tres: tendría que estar la fiscalía también, no solo ambiental, probablemente también las fiscalías vinculadas a criminalidad organizada. Y también tendría que estar la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera; es sumamente importante para detectar a los propietarios, a los dueños o a las personas que movilizan estas ingentes cantidades de material y de dinero de manera impune”.

El Comercio revisó las placas de camiones que pasaron por Chagualito. Encontró vehículos cuyos propietarios están relacionados con mineros cuyo Reinfo está suspendido.

Un caso es el de Luis Antonio López Domínguez, dueño de un camión Volvo de placa TAP-885. Él posee dos Reinfo suspendidos. Ambos son en derechos mineros ubicados en Pataz.

Otro caso es el de Transportes Livonson S.A.C., empresa de Livonson Silva Cruz, con un Reinfo suspendido, también en Pataz. Dos volquetes de su firma pasaron por Chagualito.

Los camiones que salen de Pataz terminan en mineras como Las Lomas Doradas o Inversiones Los Ceivos, relacionadas con la familia Miu Lei, a su vez ligada a la investigación fiscal contra Andrés Hurtado. Este año, por lo menos 70 volquetes llegaron a Las Lomas Doradas y 19 a Los Ceivos, según conoció El Comercio.

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Para el abogado César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, los mineros con Reinfo suspendido, y que usan sus camiones para transportar el mineral, no deberían operar. “Si están operando, se configura el delito de minería ilegal y, por ende, [pueden] ser pasibles de una sanción penal”.

Sostuvo que, al no haber capacidad de fiscalización ni de las direcciones regionales de Energía y Minas ni del Minem, se da una situación de impunidad. “Tenemos cientos de mineros con Reinfo suspendido operando”, recalcó.

Sobre las empresas de transporte cuyos dueños tienen su Reinfo suspendido, Ipenza dijo que podrían estar incurriendo en lavado de activos. “En una actividad de aprovechamiento ilícito de recursos de todos en beneficio de un particular [...], se estaría cometiendo, no solo un delito ambiental, sino un delito de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos”.

José Bringas, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, señaló que los mineros con Reinfo suspendido “se han aprovechado de este vacío legal para operar sin seguir las reglas porque estaban dentro del proceso de formalización [pero] sin presentar su documentación para obtener la certificación ambiental o seguir las normativas de seguridad minera”.

Para este informe, El Comercio no obtuvo una respuesta de la policía.

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