La Procuraduría Anticorrupción de Loreto presentó hoy una denuncia penal contra los involucrados en la vacunación irregular contra el COVID-19 de alcaldes y funcionarios de dicha región, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.
Esta mañana, el Ministerio de Salud (Minsa) ya había adelantado que tomaría acciones penales luego de conocerse que dos alcaldes y varios funcionarios del Gobierno Regional de Loreto recibieron dosis contra el COVID-19 de Pfizer, pese a no estar en los padrones establecidos. Los funcionarios inmunizados tenían menos de 80 años de edad y no figuraban en los grupos priorizados por el Plan Nacional de Vacunación.
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Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, afirmó esta mañana que el Minsa mantuvo coordinaciones con las autoridades competentes de la citada región para realizar de forma óptima el proceso de inmunización contra el COVID-19 a adultos mayores. Mencionó que había un plan de contingencia para usar aquellas dosis que no habían sido aplicadas.
Explicó que, de no haberse usado todo el lote de vacunas contra el coronavirus, lo correcto era que los encargados aplicarán esas dosis seleccionando a algún beneficiario del programa Pensión 65 o de la iniciativa Red Amachay, que atienden a adultos mayores en pobreza.
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Agregó que, de no haber podido elegir a una persona de la tercera edad de estos programas, se debió elegir a un adulto mayor de más de 80 años, pero no a funcionarios u otro ciudadano que no sea parte de este grupo vulnerable.
“Nuestras directivas fueron sumamente claras y están en cartas que hemos enviado. La prioridad de la vacunación estaba en la población vulnerable, toda persona mayor de 80 años. Tenemos el padrón de adultos mayores del país y se lo enviamos a ellos y la lista de personas que podían incorporarse, que en este caso debieron ser usuarios de Pensión 65 y Amachay porque son la población necesitada en pobreza y vulnerabilidad”, dijo.
“Además, si esto fallaba tenían que haber vacunado a personas que pertenecían a este grupo de edad, no podía vacunarse otra persona más. El hecho que se haya transgredido y aparezcan [como vacunados] funcionarios que no cumplan el rango de edad es totalmente cuestionable”, acotó.
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Los días 18 y 19 de marzo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto comenzó las jornadas de vacunación con 5.850 dosis del laboratorio Pfizer. Se destinaron 5.634 dosis a los afiliados de Pensión 65 y a los adultos mayores de 70 años que contaban con Seguro Integral de Salud o Essalud, o aquellos sin seguro. Otras 150 se destinaron para el programa Padomi de Essalud.
Sin embargo, las 66 dosis de Pfizer restantes fueron aplicadas a autoridades locales y funcionarios del Gobierno Regional de Loreto. Algunos de ellos ni siquiera cumplían los requisitos de edad para la vacunación.
En este grupo hay funcionarios en actividad, como el alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo (69 años); la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre (63); y los asesores del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí (65) y Joiner Vásquez (73). También figuran Mirna Villacorta (68), ex alcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Delfina Bustamante (63), actual directora ejecutiva de Promoción de la Salud, es decir, una funcionaria que participaba directamente en los planes del sector.
El Ministerio de Salud expresó su profundo rechazo a los hechos de irregular vacunación registrados en Loreto, donde se inmunizaron a personas menores de 80 años que no estaban consideradas en los grupos priorizados por el Plan Nacional de Vacunación. (Fuente: Latina)
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