La madre de todos los planes, por José García Calderón

El proyecto de ley para la reconstrucción constituye un caso inédito como intento para impulsar el reordenamiento urbano y territorial con un enfoque de sostenibilidad en las zonas afectadas por los desastres. Luego de las reformas estructurales del Estado de 1992, la planificación de las ciudades y el territorio mereció tan poca atención de las entidades públicas a cargo, que pasó a convertirse en uno de los principales factores de vulnerabilidad.

El proyecto que se viene discutiendo en el Congreso plantea contar con un plan integral como instrumento maestro para implementar las medidas necesarias para la recuperación de las áreas afectadas. Ante esta acertada apuesta, sin embargo, llama la atención que no se haga mención a los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación urbana vigentes.

Esto probablemente se debe a que más del 75% de municipalidades del país no cuenta con estos instrumentos aprobados y, entonces, podría resultar ilógico referirse a algo prácticamente inexistente. De alguna manera, el plan de reconstrucción constituye un batacazo a las competencias municipales en planificación, que no fueron asumidas responsablemente en los últimos años. Según la Constitución, las municipalidades tienen la responsabilidad de planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones a través de los distintos tipos de planes detallados en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.

En este contexto, la gestión de riesgo de desastres es uno de los componentes específicos de la planificación urbana sostenible pero no el único. Surge entonces la pregunta de quién se hará cargo de todo lo demás (movilidad sostenible, infraestructura ecológica, equipamientos urbanos, etc).  

El proyecto de ley aborda también el problema de la ocupación de zonas de riesgo no mitigable donde el nivel de afectación de la población fue mayor durante los últimos desastres. Para muestra un botón: en el PLAM2035 para Lima y Callao (ignorado absurdamente por la actual gestión metropolitana) se identificó alrededor de 250.000 personas viviendo en áreas de riesgo irreversible, principalmente en las laderas de los cerros. Sorprendentemente, muchas de estas áreas contaban con zonificación residencial otorgada por la misma Municipalidad Metropolitana de Lima y otras tantas tituladas erróneamente por Cofopri.

Ante esta deficiencia de gestión institucional, la competencia para la calificación y recalificación del suelo es un tema que debe ser discutido con mayor profundidad. El proyecto de ley plantea que sea el Cenepred quien determine las zonas de riesgo alto y muy alto, las mismas que deben ser declaradas intangibles. Asimismo, serán los gobiernos regionales los encargados de preservar esa intangibilidad estando facultados incluso para erradicar ocupantes y demoler edificaciones.

Más allá de las medidas excepcionales para superponerse a un sistema de planificación municipal precario, se debe ser consciente de la magnitud del desafío que implica la reubicación de miles de personas, la creación de nuevas áreas urbanas seguras y la ejecución planificada de infraestructuras. Frente al desborde de informalidad, las situaciones de emergencia representan una oportunidad excepcional para quebrar la férrea resistencia de aquellos intereses  que se aprovechan y benefician del caos y el desorden. Enfrentarlos sin concesiones será la única garantía para llevar a cabo el plan y cumplir sus objetivos de manera tangible. Si esto es así entonces podremos haber comenzado a enfrentar seriamente en el país, el desafío de encaminarnos hacia un desarrollo territorial sostenible.