Cada 19 minutos se presenta una denuncia por extorsión en el Perú: ¿Qué regiones son las más afectadas?

Las denuncias por extorsión crecen de manera desmedida en el 2025. Si bien esta problemática, que amenaza principalmente a los empresarios, ha ido en aumento en los últimos años, las cifras de los primeros nueve meses demuestran un incremento exorbitante. De acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), procesadas por el analista de datos Juan Carbajal, entre enero y setiembre se registran 20.705 denuncias por este delito.

La situación es todavía más preocupante si la comparamos con los datos del 2024: entre enero y setiembre de ese año, hubo 16.075 denuncias por extorsión. Entre ambos periodos hay una diferencia de 4.630 casos, es decir, una diferencia de 28,8%.

Las estadísticas del Sidpol permiten establecer que, en promedio, cada 19 minutos se presenta una nueva denuncia por extorsión a nivel nacional. Hasta el 6 de octubre se registraba un aproximado de 75 denuncias diarias por este delito en el país.

En entrevista con El Comercio, Juan Carbajal indicó que el Sidpol registró 22.348 denuncias por extorsión en todo el 2024. “A todas luces, la cantidad final de denuncias del 2025 va a superar a la del año pasado. Los hechos visibilizan una tendencia creciente de las denuncias por extorsión en este año y no hay signos de que esto disminuya”, aseveró.

El ingeniero y analista de datos resaltó que las cifras presentadas permiten que los ciudadanos estén informados de la realidad de su distrito, región y país en relación con la inseguridad. “En cuanto al gobierno, esta información debe servirle para que realice estrategias focalizadas que conlleven estrategias contra el crimen”, expresó.

En un informe anterior, este Diario informó que, de acuerdo con cifras del INPE, en junio del 2018 había 1.333 presos por extorsión. En junio del 2025, la cantidad subió a 1.365, es decir, solo 32 presos más en comparación entre estos años.

Las cifras fueron procesadas por el Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del BCP y Capital Humano y Social S.A.

El análisis región por región revela una preocupante realidad: 19 regiones denotan un mayor registro de denuncias por extorsión en lo que va del año 2025 con respecto al mismo período del año 2024. Estas son Junín, Pasco, Moquegua, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Lima región, Apurímac, Arequipa, Ica, Áncash, Callao, Ayacucho, Piura, Lima Metropolitana, Cusco, Puno, Madre de Dios y Tumbes.

Las cinco regiones con mayor variación son Tumbes (109,6%), Madre de Dios (107,3%), Puno (64,2%), Cusco (56,2%) y Lima Metropolitana (55,1%). La capital es el lugar del país donde más denuncias se registraron entre enero y setiembre con 8.671 episodios; hubo 5.591 durante los mismos meses del 2024. La segunda región con la mayor cantidad de denuncias es La Libertad con 3.426 denuncias contabilizadas. Por su parte, en el Callao, las denuncias incrementaron en 46,7% con respecto a los primeros nueve meses del año.

Frank Casas, experto en seguridad y criminalidad organizada, declaró a El Comercio que el incremento de denuncias registradas por extorsión en el año guarda relación con el aumento de víctimas por este delito.

Casas señaló que esto demuestra que las acciones que el gobierno ha realizado para enfrentar ese problema han sido muy limitadas. “Aunque hemos visto que hay mayor cantidad de operativos policiales, hubo estados de emergencia y cierto esfuerzo para crear nuevas divisiones en la Policía Nacional —como el grupo Grecco—, ese esfuerzo no se ha visto en resultados reales. Tampoco hay una satisfacción por parte de la población de que el problema se haya solucionado”, expresó.

El experto indicó que la estrategia del gobierno ha priorizado los operativos policiales en lugar de realizar una estrategia integral contra la extorsión y el crimen organizado.

“Cuando sucede un problema asociado con la inseguridad, en primer lugar se recurre a la policía, porque es la instancia más cercana al ciudadano, pese a que presenta brechas logísticas de seguridad, de capacitación de personal, entre otros. Además, la actuación policial será aún más limitada si no viene acompañada del trabajo conjunto con la Fiscalía. Precisamente, el divorcio político entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la nación ha llevado a que la ‘estrategia contra el crimen’ se encuentre aislada y fragmentada”, afirmó Casas. “No sirve de nada que la Policía atrape a delincuentes y desarticule organizaciones pese a sus limitaciones si es que no tenemos un sistema fiscal y judicial que pueda convertir las investigaciones en pruebas para que un juez tome una decisión”, agregó.

En esa línea, indicó que la principal alternativa para combatir las extorsiones es reforzar la investigación criminal. “Además de reforzar la capacidad de investigación, se deben trabajar otros ejes. Por ejemplo, regular los sistemas de telecomunicaciones, a cargo de Osiptel y el MTC, que son herramientas que usan los extorsionadores. También, regular los sistemas de información de datos y de uso de armas”, detalló.

Por otro lado, Casas precisó que el incremento del número de denuncias no necesariamente implica un aumento de la intensidad del delito. “Puede también reflejar una mejor disposición de los ciudadanos en denunciar ante las autoridades y confiar en el sistema de justicia”, manifestó.

Este lunes, mientras en las calles de Lima se desarrollaba un paro de transportistas, Dina Boluarte lanzó un polémico pedido que generó múltiples cuestionamientos. La presidenta pidió a los ciudadanos no abrir los mensajes extorsivos ni responder las llamadas de personas desconocidas o que provengan del extranjero, como una forma de prevenir las extorsiones.

“Un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve ni va a resolver el problema (de la extorsión), todos tenemos que sumar. Las denuncias que lleguen a los celulares de (parte de) estos extorsionadores, a la ciudadanía en general (les pido que) no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado al celular. Contacto que no tienen registrado en sus contactos no respondan, pero sí den cuenta a la Policía de aquellos números o de aquellos WhatsApp, Telegram, Signal, del que fuera, desde el que están mandando los mensajes”, expresó.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, cuestionó las declaraciones de la mandataria y consideró que evidencian que desconoce cuáles son los mecanismos que utilizan los delincuentes para acechar a sus víctimas.

“La presidenta no conoce los mecanismos por los cuales se generan las extorsiones, ya que no es solamente por un mensaje, las extorsiones vienen por distintos mecanismos, como las llamadas. Varias veces no hemos contestado, pero las amenazas vienen por diversas modalidades. Mal haríamos en decir: ‘bueno, no contesten’, pero si no contestan, te insisten y cambian de número”, afirmó Choy a El Comercio.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, recordó que los delincuentes han cambiado de modalidad, ya que antes enviaban la amenaza antes de atacar, pero actualmente asesinan y luego exigen el pago del cupo.

“Esas declaraciones están fuera de contexto, es una falta de respeto, falta de empatía y propio de una persona que no sabe dónde está parada, no sabe lo que pasa en el país y está fuera de la realidad, no sé si sus asesores le informan de lo que sucede en nuestro país. Es una respuesta impropia de una persona que tiene una responsabilidad de estar velando por todos los temas del país”, indicó Vargas a El Comercio.

Una posición similar tuvo Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet) Perú. “Es triste y lamentable lo que dice la presidenta (Dina Boluarte), pareciera que vive en otro mundo. Apago y bloqueo mi teléfono, pero matan a mi chofer o me matan a mí”, expresó.

En su discurso de este miércoles en conmemoración del aniversario de la Marina de Guerra y del Combate de Angamos, aseguró que el Gobierno va a trabajar junto a los transportistas que han protagonizado las recientes movilizaciones y paros.

“Nos ponemos al frente y al problema le decimos que los vamos a atender, no nos hacemos los ciegos y no los miramos de costado como otros gobiernos hicieron antes. Seguimos luchando para vencer la delincuencia común y el nuevo terrorismo que pretende imponer las bandas criminales a través de la extorsión a nuestros hermanos transportistas, emprendedores y demás”, dijo.