Mesas de trabajo ante extorsión en el transporte: ¿Cómo se darán estas reuniones que evitarán un paro definitivo del gremio?

No obstante, un sector de transportistas no reconoce este acercamiento y dice no sentirse representado. Ellos argumentan que el Gobierno solo intenta apaciguar sus reclamos, pero que no ven que se ejecuten acciones específicas que garanticen la seguridad de los conductores a diario.

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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

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Precisamente fue esta reclamo el que llevó a las calles a los transportistas el último lunes, en una nueva jornada de protesta. En diferentes zonas de Lima y Callao, los manifestantes cerraron algunas vías con sus mismas unidades, como parte de una medida denominada “apagado de motores”. Óvalo Habich, Av. Los Próceres, Av. Túpac Amaru fueron algunos de los puntos de concentración y bloqueo.

En diálogo con El Comercio, Martín Ojeda, director de la Cámara de la Industria del Transporte, detalló que las reuniones de esta semana empezaron la la tarde de este lunes, en la Comisión de Transportes del Congreso. En esta participaron representantes del Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y dirigentes gremiales.

“Allí nosotros esbozamos la problemática del sector. Pero nuestra idea era clara, esa cita no conllevaba a levantar ninguna posición de fuerza que se estaba dando (el paro), porque nuestra intención era una reunión con el Ejecutivo“, señaló.

Por la tarde, Ojeda contó que recibió la llamada de Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, que les propuso a los transportistas participar en el consejo regional de seguridad, el cual tiene voz y voto en el consejo nacional de la misma materia. “Aceptamos porque así ellos podrían transmitir nuestra posición. Nos invitó para las 5 pm a participar de la reunión. Con estos dos encuentros tratamos de coordinar lo que se había dejado de hacer y reactivar una coordinación interinstitucional“, dijo.

Sin embargo, Ojeda precisó que pese a estos encuentros y con el paro en pleno desarrollo, todavía no sostenían ninguna reunión, ni recibían el llamado para tenerla, con el primer ministro la presidenta de la República. “Ya era el momento, ya que todas las huelgas acabaron en el Congreso, salvo la del 10 de abril, que se organizó una reunión interinstitucional, pero allí nunca estuvo el premier, sino solo algunos ministros”, sostuvo.

Por lo tanto, la indignación del sector transporte llevó a anunciar, previo consenso, que se extendía a 48 horas el paro. Tras este anuncio, dado al promediar las 5 y media de la tarde del lunes, no pasaron ni 15 minutos y los dirigentes del sector transporte recibieron la invitación a reunirse en la PCM con representantes del Ejecutivo, entre ellos el primer ministro.

“El ministro de Transportes, el ministro de Economía y el premier; nos convocaron a una reunión, con los delegados y fuimos. También estaba el ministro del Interior”, comentó.

Los acuerdos

Con PCM los acuerdos firmados en un acta fueron los siguientes:

• Instalar el martes 14 de octubre una mesa de trabajo, con participación de la PCM y7 demás entidades públicas y empresas de transporte, que permita abordar la problemática de manera integral que afecta a servicio de transporte urbano.
• El Ejecutivo se compromete a brinda apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de la víctimas de los actos de delictivos.
• El Ejecutivo se compromete a coordinar con el ministerio Público y el Poder Judicial, la implementación de las unidades de flagrancia, así como el fortalecimiento del bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios.
• Las medidas que se propongan pasarán por una coordinación previa entre las partes, a fin de evitar la afectación del servicio para los usuarios.

“Cuando hemos ido a la PCM se estableció que habían 3 proyectos (de ley) que aun no se habían reglamentado. Estas comprendían el fortalecimiento de las unidades de flagrancia; el estado de emergencia del Mininter para acelerar las partidas presupuestales para la compras de armas y elementos de seguridad para policías; y la reserva del nombre al denunciar delitos”, precisó Ojeda.

Añadió que también se conversó sobre la norma de profesionalización de conductores (existe un déficit de choferes de transporte público).

Por otro lado, la mañana del martes, un grupo de dirigentes de transporte sostuvo otra reunión con el presidente del Legislativo y otros representantes. La cita derivó en que se estableciera 4 puntos o acuerdos:

• Declarar el estado de emergencia en el transporte urbano.
• Convocar a las mesas de diálogo.
• Fiscalizar el avance de las normas y leyes.
• Cambiar la ley sobre organización criminal que tiene algunos defectos.

Ojeda explicó que el objetivo de las siguientes mesas de diálogo será establecer plazos para el cumplimiento de los acuerdos y evaluar qué otras propuestas son oportunas para abordar la problemática en el transporte.

Tras las reuniones y mesas de trabajo que vienen sosteniendo los gremios de transporte con la PCM y el Congreso de la República, al parecer, un sector de los transportistas se ha mostrado en contra de este acercamiento y de los acuerdos a los que se viene llegando. Es así que un grupo de ellos decidió realizar un paro, similar al del pasado lunes, en protesta a la ola de extorsión y sicariato que vienen viviendo.

Esta situación se registró en primeras horas de la mañana, a la altura de los paraderos Palao, óvalo Habich y puente municipal en San Martín de Porres. Similar situación se reportó en San Juan de Lurigancho, en la avenida Los Próceres. En estos puntos se reportó alta congestión vehicular y presencia de vehículos de transporte público, privado y motorizado. Algunas empresas de transporte público urbano bloquearon con sus buses las vías.

En tanto, estos gremios de transporte indicaron que la paralización no se ha levantado. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, señaló que las decisiones tomadas en la PCM no reflejan la posición de todos los gremios y que no se sienten representados por los acuerdos firmados. Dijo que el Ejecutivo “solo alarga el problema” y no garantiza acciones concretas frente a la crisis de seguridad que afecta al sector.

En las inmediaciones del Congreso, varios dirigentes insistieron en que no participaron del diálogo con el primer ministro y que fueron impedidos de ingresar a la reunión del lunes, en la PCM. “Hoy nos vamos a reunir para ver recién si levantamos la medida (paro). No es que estemos satisfechos”, señaló Palomino.

Tanto él como otros representantes de distintas asociaciones, manifestaron que el documento firmado ayer por voceros del sector transporte y el Ejecutivo no cuenta con legitimidad. “Esperábamos la instalación de una mesa de alto nivel, pero fuimos marginados del proceso”, expresaron.

Entre sus principales pedidos figura la derogatoria de la Ley contra el Crimen Organizado y otras normas que limitan la intervención policial, según afirman. Palomino agregó que los acuerdos firmados en la PCM no serán desconocidos, pero aclaró que deberán revisarse junto con los compromisos asumidos en abril, los cuales, dijo, nunca se cumplieron.

Cabe mencionar que en lo que va del presente año, se ha registrado al menos 5 paralizaciones del sector transporte, teniendo algunas mayor impacto y poder de convocatoria que otras. Asimismo, algunas de ellas concluyeron con mesas de diálogo y/o reuniones entre los gremios de transporte y representantes del Congreso o Ejecutivo.

Sin embargo, al notar una poca trascendencia en sus pedidos, los transportistas han buscado ahora escalar a instancias mayores, solicitando reuniones con PCM y Presidencia. Otro apunte a hacer es que muchas veces los gremios que participaban de las reuniones no eran los más representativos.

El primer paso del 2025 se llevó a cabo en el mes de febrero, el cual no tuvo la trascendencia que el sector hubiera querido. Ya en abril, la manifestación tuvo un mayor alcance y los transportistas lograron llegar hasta el Congreso de la República, donde fueron recibidos por el entonces titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, junto a voceros de distintas bancadas.

También se registraron paralizaciones los días 24 y 25 de julio, los cuales tuvieron una adhesión limitada y no alteraron la circulación de vehículos. Del mismo modo, en agosto se realizó otro paro que, según reportes, tuvo un acatamiento parcial en Lima. Por su parte, los gremios aseguraron que medida fue acatada en un 50%.

En cada una de estas manifestaciones, los dirigentes de los gremios de transporte expresaron que los encuentros con las autoridades del Ejecutivo y el Congreso no daban resultados. Indicaban que no se articulaban estrategias efectivas para reforzar la vigilancia, desarticular mafias y otorgar garantías mínimas a los conductores.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, desde el 2024, dicha instancia registró 118 víctimas de atentados en el transporte público en Lima y Callao. De este número, 65 fallecieron y otras 53 resultaron heridas.

Asimismo, precisó que del total de víctimas de ataques: 87 han podido ser identificadas, mientras que 31 aun se encuentran en proceso de identificación.

En tanto, según cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en los últimos meses del presente año se han registrado 18 mil 385 denuncias por extorsión, cifra que representa un incremento del 29,3% respecto a la alcanzada en el mismo periodo del 2024.