Tráfico de terrenos: invasión y crimen a gran escala [INFORME]

El último golpe fue de lleno a su vientre. Mayra Berríos quedó encogida sobre el arenal, a 10 metros de lo que había reclamado como su propiedad. Tenía las pantorrillas molidas y sentía que la ahogaba el terror de morir. Un susurro macabro le advertía que no vuelva. A ratos trataba de suplicar, pero el cañón de una Pietro Beretta le helaba la frente y la reprimía. El suplicio duró casi una hora.

Veinte días antes, en el mismo lugar donde sería golpeada, en el centro poblado Nuevo Cañete, ubicado al sur de Lima, esta mujer de 43 años había pagado S/10 mil a sus tres futuros torturadores. Ellos se presentaban como dirigentes de una asociación de posesionarios del sector y ofrecían predios de hasta 1.000 metros cuadrados por pagos ínfimos.

El terreno que compró Mayra estaba en el centro de una hilera de parcelas divididas con líneas de cal. Sobre algunas se alzaban covachas de esteras, y en otras, las primeras construcciones de ladrillo. Pronto, los vendedores empezaron a exigirle que contrate albañiles de su asociación para edificar su casa; además, pagos por vigilancia e instalaciones de agua y luz.

Por una vecina, Mayra supo que la zona donde la asociación vendía lotes pertenecía a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Lo único que la avalaba era una constancia de posesión. Cargada de dudas, no cedió al hostigamiento de los falsos dirigentes y se ausentó por un tiempo del predio. Cuando regresó, el terreno ya tenía otro dueño. En el lugar había un inmueble de un piso recién construido.

Al nuevo propietario se le había emitido, gracias a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cañete coludidos con los autodenominados dirigentes, una constancia de posesión con fecha anterior a la de Mayra Berríos. Apenas intentó reclamar por su predio, una mañana de enero del 2015, la mujer fue atacada a palazos.

Para setiembre del año pasado, cuando la policía desarticuló a la mafia de falsos dirigentes llamada Los Temibles de Nuevo Cañete, esta había conseguido amasar más de S/3 millones. Esta vorágine de usurpación de tierras, extorsión, agresiones y muertes era el calco de lo que la policía había hallado cinco meses atrás en el distrito de Chilca (Cañete). Y, tiempo después, en Nuevo Chimbote (Áncash) y Santa Rosa (Lima).

—Modus operandi—

Todo empieza con bandas delictivas que identifican amplios terrenos de propiedad del Estado. Luego buscan llegar a las autoridades ediles que los administran. Invaden las zonas y construyen allí algunos predios de material noble. Con los contactos hechos en los municipios, los invasores obtienen constancias que los acreditan como antiguos posesionarios.

Las mafias utilizan rótulos de asociaciones de vivienda e incluso se inscriben en Registros Públicos. De esta forma se presentan ante ciudadanos urgidos por un lugar donde vivir y logran engancharlos con los bajos precios con los que tasan los terrenos.

“Ahí empieza la extorsión. Presionan al comprador por otros pagos [de construcción o por servicios básicos] con el fin de abrumarlo y que se vaya. Si no lo logran, obtienen del municipio una constancia de posesión más antigua para un nuevo comprador del predio y desalojan al anterior”, explicó a El Comercio el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac).

En suma, la banda busca que el comprador se mantenga endeudado siempre, por cualquier concepto, bajo amenazas de muerte. Si este no paga, la mafia va tras más clientes que sí lo puedan hacer. Es decir, un mismo terreno puede ser vendido en varias oportunidades y, a veces, los eventuales dueños no llegan a ocuparlo por las intimidaciones. Así, los terrenos invadidos generan fuertes ingresos para el hampa, aunque siempre luzcan vacíos, fantasmales.

Para que el engranaje criminal no se detenga, las mafias también han penetrado en la SBN, según la policía. En el caso del distrito de Santa Rosa, por ejemplo, la organización que dirigía el encarcelado alcalde Carlos Arce Arias había captado al funcionario Óscar Gutiérrez Pérez, quien seleccionaba los terrenos a ser invadidos.

Gutiérrez, al parecer, también estaba encargado de alertar a la banda de Arce si la superintendencia detectaba que un terreno había sido tomado. Cuando ello ocurría, la mafia levantaba más inmuebles de concreto, pues también tenía financistas. Así ya era imposible retirarlos.

—Crimen vasto y complejo—

Según el jefe de la Diviac, la usurpación de terrenos y sus delitos conexos (extorsiones y sicariato) generan el 40% de la delincuencia en el país. De hecho, también un 40% de las más de 100 megaoperaciones realizadas en el actual gobierno fueron contra mafias que se dedicaban principalmente al tráfico de tierras, añadió el coordinador nacional de las fiscalías contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina.

El expediente fiscal sobre el Caso Santa Rosa consignó que la mafia del alcalde Arce se apoderó de unas 800 mil metros cuadrados de terrenos del Estado y que acumuló en sus arcas cerca de S/20 millones. Además, incluye una serie de denuncias por invasiones, golpizas e intentos de homicidio.

La denuncia más grave, sin embargo, se remonta al tiempo en que Arce fungía de dirigente vecinal. En noviembre del 2011, Victoria del Águila y sus dos hijos dormían en su precaria vivienda de madera, en el sector Profam de Santa Rosa, cuando una granada militar les estalló cerca. Era casi la medianoche. Las esquirlas del explosivo atravesaron las divisiones de telas e hirieron en el cuello y las piernas a los integrantes de la familia.

Del Águila encabezaba un comité que fomentaba obras en Santa Rosa y eso se había convertido para ella en una especie de sentencia de muerte. Su rol chocaba con la asociación de vivienda que Arce usaba como fachada para vender terrenos y desalojar.

El fiscal Chávez Cotrina asegura que, ya como alcalde, Carlos Arce extendió su modalidad de acción sobre la base del conocimiento del distrito, adquirida desde su etapa como falso dirigente. “Él mismo dirigía las invasiones. En los casos de Chilca, Nuevo Cañete o Chimbote, las autoridades no dirigían las usurpaciones, pero validaban con documentos todo lo necesario para que el delito se concrete”, expresó.

Desde estas fechas, en que ya se gestan algunas candidaturas a alcaldías, las mafias podrían estar haciendo sus primeros contactos, comentó una fuente de inteligencia.

-Datos-

- 12 años de prisión es la pena máxima que puede recibir una persona que usurpa bienes del Estado o de comunidades campesinas.

- 35 años de cárcel es la pena máxima que puede recibir una persona por el delito de usurpación agravada si además comete extorsión o sicariato.

- 40% de las más de 100 megaoperaciones dirigidas por el Ministerio del Interior en este gobierno han golpeado a mafias de tráfico de tierras.

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