“Declarar que César Álvarez Aguilar y José Luis Carmen Ramos, aparecen en el tema de lavado de activos-utilización. A Carmen Ramos la sindican varios testigos y a César Alvarez, por prueba indiciaria, en el sentido de que todo lo que se producía en jirón Los Pinos 600, al que denominaron posteriormente ‘La Centralita’, tenía como un solo objetivo la figura del señor César Álvarez Aguilar como presidente regional y candidato. Todo operaba para verificar sus obras”.
Esa fue la conclusión a la que llegó el Poder Judicial (PJ) que el último lunes condenó al expresidente regional de Áncash César Álvarez al encontrarlo responsable de actos ilícitos en cuatro hechos en el megacaso ‘La Centralita’.
En total fueron 4 años y 6 meses de cárcel por el delito de asociación ilícita para delinquir, por lavado de activos por los pagos e instalación de equipos de los Canales 25 y 27; por el pago para periodistas a través de Ilios Producciones se le impuso 7 años y 6 meses de cárcel; y por ser instigador de lavado de activos por los pagos de Circuit Limits otros 7 años y 6 meses de condena.
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En total, a través del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional -que dictó la sentencia- se le impuso 19 años y 6 meses de cárcel. Teniendo en cuenta el tiempo que ya lleva en prisión, por otras codenas y por prisión preventiva, Álvarez Aguilar deberá cumplir la condena hasta el 6 de setiembre del 2039.
De esta manera, el caso fue resuelto en primera instancia, diez años después de haberse judicializado el Caso La Centralita y haber sido trasladado desde Áncash hacia Lima.
Los magistrados que emitieron la condena fueron Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valdiglesias.
Según la tesis fiscal, César Álvarez lideró una organización criminal dedicada a desfalcar los recursos del Gobierno Regional de Áncash (2007-2014), con nexos de prensa, social, legal y político. Heriberto Benítez sería parte del brazo político-legal. Su centro de operaciones fue el inmueble conocido como ‘La Centralita’, desde donde se habría ordenado asesinar al exconsejero regional Ezequiel Nolasco.
Precisamente, Álvarez Alguilar, actualmente viene cumpliendo 35 años de cárcel por el asesinato del funcionario y se encuentra recluido en el penal de Cochamarca (Cerro de Pasco).
Los otros personajes condenados
Sin embargo, Álvarez Aguilar no fue el único responsable de los nueve hechos procesados en este expediente. Los jueces del tribunal también sentenciaron a otras 16 personas por diversos hechos.
El exasesor Martín Belaúnde Lossio fue condenado por asociación ilícita a 4 años y 6 meses, suspendida en 3 años. El abogado José Luis Cavassa Roncalla recibió una condena de 7 años y 6 meses por lavado de activos, el empresario brasileño Dirse Valverde fue condenado por lavado de activos a 15 años.
El exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas recibió 5 años y 3 meses de cárcel por el delito de colusión, a José Luis Carmen Ramos se le impuso 12 años de cárcel por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
A Carmina Cortez Roque se le condenó por peculado de uso y se le impuso 1 año y 6 meses de pena privativa de la libertad suspendida, mientras que a Juan Espinoza Linares se le sentenció a 5 años de pena, suspendida en 2 años; y a Mario Fatelevich se le condenó por el delito de lavado de activos a 7 años y 9 meses.
Arnulfo Moreno Corales fue condenado a 13 años y 6 meses de pena privativa de libertad por colusión, Juan Sánchez Oliva fue sentenciado por asociación ilícita agravada a 5 años de pena privativa, suspendida en 2 años; mientras que para Regina Soto Pajuelo se le impuso 4 años de pena suspendida en 3 años.
La sentencia también alcanzó a Antonio Rodríguez Meyzen por el delito de asociación ilícita para delinquir a 3 años de pena, suspendida en 2 años; y a Nelson Vásquez Vaca por asociación ilícita para delinquir a 5 años de pena suspendida en 2 años.
El Tribunal también sentenció a Ángel Álvarez Aguilar, hermano de exgobernador regional, como autor del delito de lavado de activo y le impuso 7 años y 6 meses de cárcel, la que será efectiva cuando sea confirmada por una instancia superior.
El exgerente del Proyecto Especial Chinecas, Víctor Cerna Báez, también fue sentenciado por peculado y colusión a 9 años y 9 meses de cárcel, sin embargo será efectiva una vez sea confirmado en segunda instancia. Lo mismo dispuso el tribunal para Abel Ramírez Huayaney quien fue condenado a 5 años y 1 mes de pena privativa de libertad por el delito de colusión.
Se dispuso la disolución de la empresa Áncash Telecomunicaciones, a Ilios Producciones se le impuso la multa de 20 UITs y Nolberto Odebrecht SA se le impuso la multa de 100 UITs.
Sobre la reparación civil, el tribunal dispuso el pago solidario por lavado de activo (hecho 1) para César Álvarez, Ángel Álvarez y José Carmen Ramos, de S/500 mil.
Por Lavado de activos (hecho 3) fundada en parte para Álvarez Aguilar y Carmen Ramos por lo que deberán pagar la suma de S/356.050 mil. También por Lavado de activos (hecho 9), se declaró fundada en parte para César Álvarez Aguilar, Dirse Valverde y Mario Fatelevich correspondiendo el pago de S/6.4 millones.
Por asociación ilícita, fundada en parte para Álvarez Aguilar, Belaúnde Lossio, Carmen Ramos, Rodríguez Meyzen y Soto Pajuelo, con un pago solidario de S/100 mil.
El abogado Heriberto Benítez, quien actualmente se desempeña como asesor principal en el Tribunal Constitucional (TC) fue absuelto por el Caso La Centralita, donde era acusado de encubrimiento real e intimidación a la autoridad.
Sin embargo, el Poder Judicial consideró que al término del juicio oral por este caso no había hallado elementos para considerar algún ilícito penal. Indicó que, sobre el retiro de los bienes de La Centralita, un día antes del allanamiento a dicho local en julio del 2011, Benítez solo habria dado “una sugerencia” en su rol de abogado para el resguardo de los bienes.
Y, en el caso de la presunta intimidación al exfiscal de Chimbote, César Jiménez Rodríguez, en la que estaba procesado junto a César Álvarez, el colegiado concluyó que el excongresista y exabogado de Alejandro Toledo, tampoco había connotación delictiva.
"Absuelto por unanimidad. Hace más de 12 años que sucedieron los hechos, 7 años que me incluyeron en el proceso penal y culminado el juicio oral, el juzgado colegiado dio su veredicto", indicó Benítez desde su cuenta de "X".
¿Cuáles fueron los hechos?
Tras el análisis y oralización de pruebas, la justicia determinó la responsabilidad penal de César Álvares en los siguientes hechos.
Por el delito de lavado de activos, en su modalidad de conversión para la compra de equipos e instrumentos con el fin de darle funcionamiento a las frecuencias de los canales de TV Canal 25 y Canal 27.
Según el tribunal, las empresas Nueva Corporación del Norte y Ancash Telecomunicaciones, correspondiente a sendos canales, no tenían fondos ni actividad financiera que justificara la compra de la logística. Sin embargo, se observó una inversión en compras del 2009 al 2013 ascendente a S/ 6,280 y US$120 mil.
“El dinero entonces, provienen del delito de colusión que cometieron los implicados en diversos casos vinculados al Gobierno Regional Áncash (Ato lechero, Empresa MK, proceso de desratización y obra Chacas-San Luis, todos entre el 2009 y 2012)”, indicó el colegiado de juzgamiento.
Las compras se realizaron por Ramírez Huayaney y Carmen Ramos, a quienes se le atribuye vinculación con Álvarez Aguilar. Por ello, se concluye la responsabilidad del expresidente regional, su hermano Ángel Álvarez y Carmen Ramos.
El exfuncionario ancashino también fue hallado responsable por el pago a periodistas que trabajaban en el local denominado ‘La Centralita’ ubicado en Calle Los Pinos 600 (Hecho 3 de lavado de activos). Esto, debido a que a los periodistas se le habría pagado, supuestamente, a través de la empresa Ilios Producciones, sin embargo esta no presentaba movimientos en el sistema financiero.
Aquí, estaba implicado el exasesor Martín Belaúnde Lossio, sin embargo los jueces no hallaron prueba que demostrara que este realizara entrega de dinero para el pago de los comunicadores de Álvarez.
“Los pagos atribuidos al señor José Carmen Ramos, se conecta por prueba indiciaria al señor César Álvarez Aguilar y por tanto, nuestra decisión es de declararlos, a los dos, autores de lavado de activos en actos de utilización de activos de procedencia ilícita, ya que no hay explicación de dónde puede provenir si las empresas, propiamente Ilios no generaba (dinero)”, indicó el tribunal.
Álvarez Aguilar también fue hallado responsable como presunto instigador del delito de lavado de activos por la transferencia de dinero que se habría hecho de la empresa off shore Cirkuit Planet Limited en China, a través de Mario Fatelevich (Hecho 9 de lavado).
Para el tribunal quedó evidenciado el interés que habría tenido el exgobernador regional en la transferencia de US$2.4 millones que se realizaron en cuatro entregas y que parte de ese dinero habría ido a parar a las cuentas en Perú de Fatelevich. Posteriormente, dicho dinero fue invertido en la compra de un inmueble en Surco con US$725 mil.
“Se acredita a César Álvarez y Dirse Valverde como instigador y coautor de lavado de activos en actos de transferencia y a Mario Fatelevich como coautor del delito de lavado en transferencia.”
Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional
Mientras que por asociación ilícita para delinquir, los jueces también determinaron la responsabilidad de Álvarez Aguilar junto Martín Belaúnde Lossio, José Carmen Ramos, Regina Soto Pajuelo, Antonio Rodríguez Meyzen, y Abel Ramírez Huayaney por haber dispuesto la conformación de grupo criminal que operó en favor de resaltar la figura del exgobernador y candidato de Áncash.
“Se ha determinado prueba para César Álvarez Aguilar, ya que evidentemente todo iba en la línea de su persona o como gestión”, indicaron.
La lectura íntegra de la sentencia se realizará de manera virtual el próximo jueves 14 de marzo.
César Álvarez se desempeñó como presidente regional de Áncash -abarcando dos periodos de gestión- en el cual se habrían dado diversos actos de corrupción como peculado, colusión, también lavado de activos. Además, se hablaba de una red criminal que operaba para mantener en el cargo de gobernador regional a Álvarez Aguilar, así como lograr su reelección.
La fiscalía provincial abre investigación luego que Juan Lázaro Calderón Altamirano denunció públicamente, a través de diferentes medios de comunicación, que el entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez, había cometido actos de corrupción. Sin embargo, al poco tiempo fue archivada. Sin embargo, dos años después y por apelación de la Procuraduría, el caso fue formalizado en investigación preparatoria y se judicializó en el 2014.
En mayo de este años, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva para César Álvarez. Al poco tiempo, se dispuso que el caso se trasladado de Lima hacia la sede de la Sala Penal Nacional (Hoy Corte Superior Nacional).
La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 30 años de prisión contra el ex presidente del Gobierno Regional de Áncash César Álvarez por el caso conocido como 'La Centralita'. El caso incluida a más de 50 personas.
En marzo se instala juicio oral contra César Álvarez Aguilar, junto a otras 49 personas acusados por delitos de colusión, lavado de activos, encubrimiento real y colusión. Esta etapa durará tres años en desarrollarse.
Se emite sentencia contra César Álvarez, condenándolo a 19 años y 6 meses de cárcel efectiva por los delitos de asociación ilícita para delinquir y por lavado de activos.