Consejo de Ética del CAL inicia proceso disciplinario contra miembros de la JNJ por caso Janet Tello

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) inició, a través del Consejo de Ética, un proceso disciplinario contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego que esta entidad iniciara una investigación contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

En su comunicado del 19 de febrero, el gremio de abogados precisó que se trata de un “proceso deontológico de oficio por falta muy grave” porque “sin prueba evidente”, lo que sería una grave afectación contra la independencia judicialel caso en la JNJ contra Tello Gilardi se habría iniciado .

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

LEE TAMBIÉN: JNJ: “Inicio de procedimiento disciplinario contra cualquier magistrado es un acto legítimo y debe ser respetado”

El CAL considera que la decisión de la junta es “sorpresiva” en contra de Tello y otros cuatro jueces supremos como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema en el 2024.

“Esta decisión de la JNJ podría tener connotaciones políticas, con la aparente finalidad de destituir a la presidenta del Poder Judicial debido a sus declaraciones, en las que señala que ambos poderes del Estado, en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia, estarían favoreciendo la impunidad de quienes han cometido delitos graves”, indicaron.

El comunicado precisa que el proceso en la junta también alcana a los magistrados Carlos Calderón, Omar Toledo, Ricardo Corrales y Liliana Dávila, además de Janet Tello, todos involucrados en lo que advierten sería un “claro abuso de poder” por parte de los integrantes de la JNJ.

El CAL también cuestiona las declaraciones del presidente de la JNJ, Gino Ríos, al haber dicho que los jueces “está sujetos a control por sus actuaciones jurisdiccionales”.

Esto genera “profunda preocupación” porque atenta contra la independencia judicial ya que, según señalan, la supervisión disciplinaria de la JNJ debe respetar límites constitucionales porque los magistrados no pueden ser sancionados por sus decisiones salvo casos de inconducta funcional como corrupción o parcialidad manifiesta, entre otros motivos.