Josué Gutiérrez designó en comisión de transferencia a involucrado en demora de compra de pasaportes

Se trata de Juan Alberto Andrade Auris, abogado de profesión. Entre agosto y octubre del 2021, figura como jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

De acuerdo con el citado informe del órgano de control institucional, publicado en septiembre del 2022, se trata de uno de los cuatro funcionarios presuntamente responsables de dilatar sin justificación la compra de los insumos para esos pasaportes electrónicos al prolongar innecesariamente el proceso de contratación.

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Los otros involucrados son Luis Armando Ríos Gómez, sucesor de Andrade Auris en el mencionado cargo (octubre-diciembre 2021); Julio César Díaz Valenzuela, jefe de la Unidad de Abastecimiento entre diciembre del 2020 y octubre del 2021; y Nora Nieves Apaza Mamani, coordinadora en gestión de abastecimiento en la Oficina de Administración y Finanzas (diciembre del 2020 a marzo del 2021) y encargada de la Unidad de Abastecimiento (octubre del 2021 a noviembre del 2021).

De acuerdo con la Contraloría, pese a ser advertidos en agosto del 2021 del incremento de demanda, stock limitado y riesgo de inminente desabastecimiento a inicios del 2022, funcionarios de Migraciones demoraron sin justificación el proceso de compra de 700 mil libretas para pasaportes electrónicos y láminas de seguridad, provocando desabastecimiento y suspensión de la atención. Esto afectó la continuidad del servicio y ocasionó la pérdida de vuelos internacionales por parte de usuarios.

En agosto de 2021, la Dirección de Operaciones de Migraciones (DIROP) requirió a la OAF iniciar el estudio de mercado para la compra de esos insumos. Hacia la última semana de julio de 2021, el stock era de 463 mil pasaportes y se proyectaba que estos estarían agotados en más del 90% de sus sedes al inicio del 2022. En octubre de 2021, el stock bajó a 299.410. Para el 2022, solo quedaban 116.806, que alcanzaron hasta febrero de ese año. Para abril de 2022, ya había desabastecimiento.

Para el órgano de control, lo ocurrido pudo ser evitado, pero los cuatro funcionarios no atendieron la alerta generada por la propia entidad. “La situación fue originada por el accionar de dichos funcionarios, quienes tomaron la decisión tardía de realizar la compra mediante contratación de licitación pública, dilatando el plazo de manera innecesaria durante las indagaciones de mercado, y no consideraron lo advertido por la DIROP [...] acerca de desabastecimiento una vez culminado febrero de 2022″, indicaron en una nota de prensa.

En el informe de control se le atribuye específicamente a Andrade Auris que “no dirigió diligentemente el accionar del jefe de la Unidad de Abastecimiento, quien dilató injustificadamente el plazo para la determinación del procedimiento de selección más favorable [...] durante las indagaciones de mercado para la contratación”.

También se le señaló por “conducir de manera deficiente el procedimiento de contratación, omitiendo tomar en cuenta las razones por las cuales debía mantenerse las características técnicas del actual pasaporte” y “no consideró los informes de la DIROP en donde se señalaba que existiría desabastecimiento [de los insumos para los pasaportes]”.

Por todo esto, se señaló su “presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, derivada del deber incumplido”. Consecuentemente, se recomendó a la Contraloría “el procesamiento de los funcionarios” comprendidos en el informe.

En diálogo con El Comercio sobre el referido informe de control, Andrade remarcó que el documento no solo lo señala él, sino a los cuatro funcionarios, y que solo fue gerente de administración por dos meses.

“Eso es lo que estoy indicando a la Contraloría y eso es lo que está en la Contraloría en investigación. En realidad no hubo robo ni hurto, nada de ese tema. Solo, según lo que ellos estipulan, hubo una demora en la compra, lo cual no depende de mí, porque hay un gerente de abastecimiento que se encargada de la compra y yo era administrador”, manifestó.

Añadió que luego del informe remitido por el Órgano de Control de Migraciones, el tema “está ahora en Contraloría” y que “ha quedado ahí”. Consultado sobre si conocía este antecedente, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez respondió este Diario que Andrade “no tiene ningún cargo, solo [está] apoyando transferencia”.

En el Estado, Andrade Auris ha pasado por otras entidades del Estado. De acuerdo con Perú21, en julio del 2019 el abogado fue nombrado como jefe de la Oficina Legal en el Poder Judicial a pesar de que arrastraba una investigación penal de la Fiscalía Anticorrupción. Esto debido a presuntas irregularidades en su paso previo por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Al respecto, el funcionario dijo a El Comercio que esa indagación concluyó y que la fiscalía pidió que sea sobreseída (archivada).

Según información de la OSCE, el funcionario también trabajó en el Ministerio Público como gerente central de la Oficina General de Logística luego de su paso por Migraciones, entre octubre del 2021 y octubre del 2022; y como gerente encargado en adición a sus funciones de la Oficina de Programación de la Oficina General de Logística, entre marzo y octubre del 2022.

Más recientemente, en diciembre del año pasado, se lo nombró como jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina General de Administración del Ministerio de Energía y Minas. Renunció a ese cargo en febrero y ese mismo mes, se le nombró jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Oficina de Coordinación de Proyectos de la Gerencia General del Poder Judicial, en una resolución firmada por el presidente de este poder el Estado, Javier Arévalo Vela. Según dijo, continuaba en ese cargo al momento de ser nombrado por el defensor en su equipo de transferencia.

Desde la Defensoría indicaron que este equipo se encarga de “recibir el estado situacional de la institución. El trabajo realizado en todas las áreas: avances, dificultades y retos. A nivel administrativo: los gastos en cada área, basado siempre en el presupuesto institucional”. Su conformación se hace a partir de una directiva publicada por la Contraloría General de la República en el 2022.

Allí se define a este grupo como “el órgano conformado y supervisado por el Titular Entrante para el proceso de Transferencia de Gestión, conformado como mínimo, por tres personas que pueden ser funcionarios o servidores públicos de la entidad, bajo cualquier régimen laboral, contractual o de cualquier otra naturaleza y/o por ciudadanos”.

Andrade comentó que su trabajo es ad honórem y consistirá en “revisar la parte administrativa de la gestión saliente, lo que es contabilidad, administración, bienes patrimoniales, abastecimiento”.

“Ayer [este lunes] se firmó el acta de inicio y el equipo de transferencia saliente está colgando los documentos en el portal de la Contraloría para ser revisados por el equipo de transferencia entrante”, añadió.

El registro de visitas de la Defensoría del Pueblo da cuenta, en efecto, una reunión de trabajo ese día entre Josué Gutiérrez y los integrantes del equipo.

Sobre cómo fue convocado por Josué Gutiérrez, dijo que lo atribuye a su trayectoria. “Tengo bastante experiencia en lo que es transferencia de gestión, soy un funcionario de carrera. Pero no es que vaya asumir ningún cargo en la Defensoría [...] Me entrevisté, le indiqué que tenía experiencia en transferencias y me dijo que lo apoyara”, comentó. Los registros de visitas también dan cuenta de reuniones entre Andrade y el defensor el 22, 23, 25 y 26 de este mes.

El grupo tiene como responsable a Hernán Piero Cuba García, abogado por la Universidad Garcilaso de la Vega, quien previamente fue secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Su resolución tiene fecha del 6 de diciembre, un día antes del golpe de Estado de Pedro Castillo, y está firmada por la entonces ministra Heidy Juárez, hoy congresista de Podemos Perú, una de las bancadas que votó a favor de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo. Su renuncia al cargo se aceptó el 13 diciembre.

Otro de sus integrantes es el abogado Daniel Rodrigo Castillo Vigil, abogado por la Universidad Alas Peruanas. En su perfil de LinkedIn, reporta haber sido asesor de la bancada de Gana Perú, de la que el hoy defensor del Pueblo fue parte en el Congreso del 2011-2016; y consigna ser actualmente consultor en la Presidencia de Consejo de Ministros.

Además, según consta en el portal del JNE, firmó documentos como personero legal de Podemos Perú en Lima Oeste.; y figura en una lista del Congreso como coordinador parlamentario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2022.

También está Jhon Franklin Escobar Hernández, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Huánuco, la misma región de Josué Gutiérrez. En el 2022, fue director de la Dirección de Estudios del Proyecto Especial Alto Huallaga, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Se le relevó de ese puesto en enero pasado. Finalmente está Jaime Javier Bravo Gonzales, a quien se consigna como técnico en sistemas.