En la reunión participaron representantes de la Junta Nacional de Justicia, ONPE y Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: @StateDRL / X)
En la reunión participaron representantes de la Junta Nacional de Justicia, ONPE y Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: @StateDRL / X)
Redacción EC

La presidenta de la , Imelda Tumialán, y el vicepresidente Aldo Vásquez sostuvieron una reunión con Enrique Roig, subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En la cita, a invitación de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, también participaron el titular del , Jorge Luis Salas Arenas; y el jefe de la , Piero Corvetto, informó la JNJ en sus redes sociales.

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En su cuenta en X (antes Twitter), la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado indicó que Estados Unidos se está asociando con gobiernos regionales, a través de la Organization of American States (OAS), para “fortalecer las instituciones democráticas, apoyar la transparencia y el estado de derecho, y promover elecciones libres y justas en todo el hemisferio”.

El último jueves el Congreso el debate del informe de la Comisión de Justicia que busca la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia por presunta causa grave.

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Al inicio de la sesión, que tenía en agenda dicho tema, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), hizo el anuncio del cambio de fecha y precisó que para ese día serán citados los integrantes de la JNJ.

Según el documento, deberían ser removidos de sus cargos Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

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El informe aprobado por la Comisión de Justicia argumenta que los magistrados incumplieron el artículo 156 de la Constitución Política, que establece que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75.

Además, se pide la remoción de sus cargos por presuntamente haber incumplido con presentar un informe anual ante el pleno del Congreso.

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