Juez supremo Víctor Prado asume presidencia de Sala Penal Permanente tras cese de César San Martín

El Poder Judicial formalizó el cese en el cargo del juez supremo titular César San Martín Castro, quien cumplió el límite de edad de 70 años. Con la salida del magistrado que ocupó la presidencia de la Sala Penal Permanente hasta este 2025, se procedió con una reorganización en las salas de la Corte Suprema mediante resolución administrativa 000470-2025-P-PJ, emitida por la presidenta de la institución, Janet Tello.

Producto de esta reorganización, se procedió a nombrar como nuevo presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al magistrado Víctor Prado Saldarriaga. El resto de integrantes de esta sala son Manuel Luján, María del Carmen Altabás, Saúl Peña Farfán y Sara Maita Dorregaray.

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LEE: Poder Judicial realiza ceremonia de despedida al juez supremo César San Martín Castro

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema mantiene como presidenta a Ana María Aranda, y la Primera Sala de Derecho Constitucional a César Proaño. Finalmente, la Sala Penal Transitoria tendrá como presidente a Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del JNE.

Esta conformación entra en vigencia desde este miércoles 31 de diciembre del 2025.

La vacante de San Martín Castro deberá ser cubierta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante el nombramiento de un nuevo juez supremo titular.

Durante su última jornada en funciones, el Poder Judicial realizó una ceremonia de reconocimiento donde la presidenta Janet Tello resaltó la labor de San Martín, destacando su desempeño con rigor y humanidad frente a presiones políticas y mediáticas.

César San Martín es reconocido como uno de los procesalistas más importantes del país. En su trayectoria dentro de la Corte Suprema lideró colegiados clave, incluyendo la Sala Penal Especial que condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

En su discurso de despedida, San Martín defendió la independencia judicial y la importancia del derecho internacional, advirtiendo que el Perú no puede sostenerse ignorando decisiones de tribunales extranjeros.