El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) invocó este jueves al Congreso de la República a contribuir en “reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado” a partir de la separación de poderes, tal como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del pasado 23 de abril.
En un comunicado, se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y dijo que sus miembros son “respetuosos de los procedimientos parlamentarios”.
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“No obstante, en armonía con las recientes recomendaciones dirigidas al Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del 23 de abril último, nos permitimos invocar a la representación nacional, al igual que a todos los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos, contribuir en ‘reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos, entes de control y del Sistema Electoral’”, expresó.
Recordó que en los próximos días deberá votarse una acusación constitucional contra una ex fiscal de la Nación y que se han presentado en el Parlamento iniciativas que podrían conllevar al control político de las autoridades del sistema electoral.
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“También está en giro una propuesta de modificación constitucional que propone reducir el número de votos para la remoción de los integrantes de la JNJ”, manifestó.
Sobre la acusación constitucional, indicó que se basa en un acuerdo del pleno de la JNJ de 2020, mediante el cual se estableció, como criterio, que el ordenamiento jurídico determina límite de edad para acceder a ser miembro, más no como límite de mandato o designación, o como causal de cese o vacancia en ese cargo.
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En ese sentido, precisó que la decisión adoptada se produjo en observancia estricta al artículo 155 de la Constitución Política y del artículo 7 de la Ley Orgánica de la JNJ.
Indicó que estando los miembros de la JNJ bajo el régimen laboral de la Ley del Servicio Civil, se solicitó la opinión técnica de Servir, que señaló que el rango etario “representa una condición de acceso al cargo, más no un límite que acarree la vacancia del mismo”.
La denuncia
La acusación presentada por Jorge Montoya es contra Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Avila Herrera, Antonio De La Haza Barrantes, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán y Luz Tello De Ñecco por supuestamente haber vulnerado artículos de la Constitución y haber cometido delitos.
El legislador señala que los miembros de la JNJ cometieron un acto ilícito al publicar el 23 de octubre del 2020 una resolución para supuestamente favorecer de forma indebida a una sus integrantes, Inés Tello, para que permanezca en las filas de la junta pese a tener más de 75 años.
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La mencionada resolución firmada por el entonces presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, establece la interpretación de que la norma establece límite de edad para acceder a ser miembro de la junta de 75 años, pero no incluye esta restricción como límite del periodo de mandato o como causal de cese o vacancia.
Por esta decisión, el congresista acusa a seis integrantes que respaldaron la resolución de presuntos delitos como usurpación de la función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal del cargo, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico y negociación incompatible.
Cabe indicar que contra Inés Tello incluye los mismos delitos, además de cohecho activo específico.
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