“No me cabe duda, el presidente [Pedro Castillo] es el autor mediato de este plan criminal”

En entrevista con El Comercio, advirtió que se trata de un correlato de hechos sistemáticos que iniciaron desde la designación de Colchado como coordinador del Equipo Especial PNP, pasando por la denuncia en su contra ante la Inspectoría General de la PNP y el intento de obstaculizar su trabajo y el del Equipo Fiscal Especial Contra la Corrupción del Poder.

Por ello, anunció que interpondrán un recurso de amparo ante el Poder Judicial.

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—Teniendo en cuenta que su patrocinio al coronel Harvey Colchado es ad honorem ¿por qué decidió tomar el caso?

Porque se trata de un caso de claro abuso de poder. Existen, además, infracciones de naturaleza constitucional, vulneración de derechos fundamentales de este destacado policía. Esas fueron las principales razones. Y la parte del procedimiento disciplinario, están a cargo del colega, Luis Naldos.

La noche del lunes hubo un nuevo intento por perjudicar al coronel Colchado retirándolo de la jefatura de la División de Búsqueda… ¿cómo se puede tomar eso?

Esto es la continuación sistemática de la obstrucción de la justicia del Poder Ejecutivo, liderado por el presidente de la República, Pedro Castillo. Y digo que es la continuación sistemática porque si lo miramos en una línea de tiempo, los hechos nos conducen a esta situación.

—¿Es una correlación de hechos vinculados?

Desde el 18 de julio que el exministro (Mariano) González toma la decisión de aceptar el pedido de la Fiscalía Contra la Corrupción del Poder de conformar un Equipo de apoyo policial liderado por el coronel Colchado. A través de una resolución ministerial se le otorga la coordinación y además establece que esto no demandará un sol y todo se hará con presupuesto a estas unidades.

Luego, el presidente de la República destituye al ministro González. Tres, el señor González denuncia públicamente que las razones fue la conformación de este equipo especial policial y se le abre una investigación más en la fiscalía de la Nación. Punto cuatro, viene la diligencia en Palacio el 9 de agosto.

El 15 de agosto, el coronel pide más presupuesto para seguir haciendo sus labores y el 24 de agosto el presidente lo denuncia al coronel ante Inspectoría por la diligencia del día 9. Ese mismo día ingresa una denuncia anónima. Tres días después, el 27 de agosto, el presidente remueve a todo el Comando de la Policía Nacional. Cambia al comandante general, al jefe de Estado mayor y al Inspector General que debía ver las denuncias que se presentaron.

Y el 10 de septiembre, el coronel Colchado manda un informe reiterándole a Whitman Ríos -director general de la DIGIMIN- que la Divbus (División de Búsqueda) aún está sin presupuesto y no tiene cómo avanzar. El 12 de septiembre, el general en retiro a quien le pide presupuesto, no le da respuesta a eso, pero le da otra respuesta. Lo releva del cargo de la jefatura de la Divbus. Si se mira sigilosamente toda esta línea de hechos, te conduce a una sola cosa: obstrucción de la justicia.

—¿Este nuevo hecho de obstrucción debe sumar a una nueva investigación?

O la fiscalía decide, sumarlo a la carpeta que ya tiene o abre una nueva, lo cierto es que estamos frente a una situación de abuso de poder que se coloca en una obstrucción de la justicia, que no solo es delito sino que es una directa y clara interferencia; y menoscabo, en las atribuciones de la Fiscalía. Hay que entender un tema importante, y lo dice la resolución que conforma el Equipo Especial de la Policía, que apoya las labores de la fiscalía contra la corrupción del poder.

—¿Cuál es el fin de esta persecución?

Si se trata de entorpecer la labor policial, lo que se está haciendo es boicotear la labor de investigación de la fiscalía. Y como lo he estado diciendo, creo que la fiscalía tiene todos los elementos para llevar un caso al Tribunal Constitucional, un conflicto de competencia y vía una medida cautelar pueda obligar al Poder Ejecutivo que cese las actuaciones para intimidar al coronel Colchado.

—¿De qué manera se puede sustentar ante el TC?

El Estado incluso, en la persona del presidente de la República, está incumpliendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El artículo 36 de la Convención señala que cuando uno de los Estados parte forman una autoridad especializada, no puede intimidarla o recortarle los recursos. Esto va más allá del coronel Colchado porque no solo se está perjudicando su carrera sino que el Ministerio Público debe entender que están recortando su función. Por eso es que la responsabilidad del presidente Castillo no solo es delictual, sino también constitucional y hasta internacional.

—¿Considera que Castillo está haciendo uso de una maquinaria estatal para atacar al coronel Harvey Colchado y su investigación?

Sí, y creo que una de las llaves maestras la tiene el Ministerio Público. Porque en una investigación, sea la que está abierta o una nueva, debe detectar a los que resulten responsables dentro del estamento que no son aforados. Lo puede investigar la fiscalía contra la corrupción del poder, pues sería una serie de operadores que están tratando de ejecutar un plan criminal. Y esto muestra que existe un plan criminal y si existe un plan criminal, estamos hablando de una organización criminal, liderada por el presidente de la República. Es más, en estos momentos me da la impresión que ya no se tiene vergüenza ni reparos de mostrarlo y eso me recuerda a la forma de operar en los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori.

"No me cabe la menor duda, el presidente es el autor mediato de este plan criminal y no me cabe la menor duda de que esta es una organización criminal”

—¿Cómo queda el ministro del Interior Willy huerta en estos intentos de socavar la trayectoria del coronel Colchado y la labor fiscal?

El comunicado que han sacado en la madrugada (de ayer martes) es un reconocimiento implícito que hay un actos de responsabilidad y para mí hasta delictual, pero creo que el ministro del Interior no se libera de responsabilidad, porque hay una disposición de la Constitución que establece que los ministros son responsables por todos los actos del presidente, incluyendo todos sus delitos. Y la única manera de salvarse de esa responsabilidad es que renuncie inmediatamente. Así que el ministro Willy Huerta, si bien ha retrocedido, como si no supiera lo que ha pasado, pero él ha reconocido que hay una responsabilidad, a mi juicio no solo disciplinaria sino delictual.

"Es más, en estos momentos me da la impresión que ya no se tiene vergüenza ni reparos de mostrarlo y eso me recuerda a la forma de operar en los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori"

—¿Qué parte de responsabilidad tiene el presidente Pedro Castillo en los actos del lunes y el resto de hechos?

Yo empecé esta entrevista planteando una línea de tiempo pues justo dije que esto es un plan criminal que debe leerse en una línea de tiempo porque es una obstrucción a la justicia continuada y sistemática. Me ratifico en ello. Entonces, la respuesta a la pregunta, y no me cabe la menor duda, es que el presidente es el autor mediato de este plan criminal y no me cabe la menor duda de que esta es una organización criminal. Si lo miramos en una línea de tiempo, los hechos no se pueden cortar. Y si dicen que el presidente no sabía lo de ayer (remoción fallida de Colchado), pero debemos mirarlo en contexto y en una línea de tiempo y eso nos demuestra que es la ejecución de un plan.

—¿Hablamos de la misma organización y plan para proteger a Juan Silva y al sobrino presidencial, Fray Vásquez, que están prófugos?

No me cabe la menor duda porque el coronel Colchado es justamente el jefe de la Divbus, y esa división es la que se está encargando de las labores de inteligencia para ubicar a estos prófugos. Si le cortas los recursos, que parece está sucediendo, es evidente que no puede realizar las labores de ubicación de estos prófugos, es una manera de protegerlos.

—Ahora, la denuncia del presidente Castillo contra Harvey Colchado por presunta inconducta funcional y malversación de fondos ¿Cómo se interpreta esto?

Como actos de intimidación porque si la denuncia fuese en otro contexto y otro tipo de personajes, podríamos decir que el coronel Colchado, como cualquier funcionario público, tiene que ser prístino y claro en sus acciones, pero si el denunciante es el presidente de la República que es el jefe supremo de la Policía Nacional, que saca al Inspector General, entonces el resultado es uno solo. Esta es una intimidación, un pretexto, boicotear, mantener ocupado al coronel Colchado, que no realice sus actuaciones, distraerlo, cortarle los recursos y presionarlo, amenazarlo de que lo van a retirar de su impecable carrera.

—¿Y esta intimidación es porque hay temor de parte del presidente?

No me cabe la menor duda porque, desde el punto de vista humano, el presidente está involucrado con el núcleo de su familia. Ahorita acaba de ingresar a un penal con prisión preventiva su hija-cuñada, su esposa está involucrada, él está implicado, su sobrino está prófugo. Entonces, deduzco que su entorno familiar tiene una fuerte presión sobre él y a la luz de todos los hechos muestra que lo que está tratando es de entorpecer la búsqueda de la verdad.

—Ahora, esta estrategia del presidente Castillo, de guardar silencio en los interrogatorios fiscales ¿Qué implicancias podría traer?

Hay que hacer una división entre la estrategia y la validez. Podría decir que es válido porque toda persona tiene derecho a guardar silencio, pero podríamos decir que es una estrategia. Una estrategia, dicho como abogado, creo que no le va a dar resultado si es que las evidencias, como hasta el momento está sucediendo, son sumamente evidentes.

—¿A la larga, el presidente Pedro Castillo podría terminar en prisión?

Si las evidencias son suficientemente contundentes y él ha decidido no formular descargos, entonces dejas carta abierta para que la contundencia de las evidencias que se acumulen le sirvan a la fiscalía para probar la culpabilidad en el juicio. Si esto es así, la condena es más que segura.

—Como defensa del señor Colchado y con lo acontecido en las últimas horas, ¿presentarán algún recurso constitucional?

Nos vemos obligados a recurrir a la justicia constitucional porque el coronel Colchado no tiene ninguna garantía respecto de sus superiores; y lo que ha sucedido la noche de ayer (lunes) y las primeras horas de la madrugada (martes), así lo demuestran y tampoco tiene ninguna garantía de imparcialidad en Inspectoría General. Ante esa falta de garantías, su única alternativa es la decisión de un juez constitucional, por eso vamos a recurrir a un amparo en las próximas horas.