Pedro Castillo: ¿Cuál es el impacto penal del hallazgo del decreto sobre el golpe de Estado?

Durante la actividad, hallaron en la memoria de una de las impresoras cercanas al Despacho Presidencial el decreto supremo, a través del cual el ex jefe de Estado no solamente hacía oficial el cierre inconstitucional del Parlamento, sino también convocaba a nuevas elecciones congresales, las que se realizarían el domingo 4 de junio de 2023.

En el documento- difundido por “Contracorriente”, de Willax TV- el entonces gobierno castillista utiliza el informe preliminar del Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente de la OEA, que estuvo en el Perú en noviembre para evaluar la crisis política y social a fin de intentar justificar el golpe de Estado del 7 de diciembre último.

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Por ejemplo, la administración de Castillo remarcó que el 1 de diciembre, la entonces primera ministra Betssy Chávez, convocó a un diálogo abierto a las bancadas del Parlamento, en cumplimiento de las recomendaciones hechas por el organismo internacional. No obstante, ese mismo día el Congreso aprobó dar trámite a una tercera moción de vacancia contra el mandatario.

Incluso, acusa al Poder Legislativo de intentar el “derrocamiento” del gobierno “nacido de elecciones legítimas”.

“El Congreso peruano en vez de seguir las recomendaciones formuladas por el Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente de la OEA insiste en desviar el correcto ejercicio de las instituciones de control político en un notorio intento de derrocamiento de un gobierno nació de elecciones legítimas”, se lee.

“La actuación del Congreso vulnera el derecho del pueblo a vivir en democracia y al respeto a la voluntad popular expresada en las urnas el año 2021″, agrega.

Además…

El documento- que tiene el nombre del expresidente Castillo y dejó un espacio para su firma- incluye dos artículos. En el primero ordena la disolución del Parlamento “por vulnerar” los artículos 45, 46 y 113 (inciso 2) de la Constitución.

El artículo 45 indica que el poder del Estado “emana del pueblo” y que ninguna organización o sector “puede arrogarse el ejercicio de ese poder”, mientras el 46 establece que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”.

Y el inciso 2 del 113 es el que se refiere a la vacancia por permanente incapacidad moral.

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Al respecto, el abogado constitucionalista Erick Urbina afirmó que el único mecanismo que contempla la Carta Magna para la disolución del Congreso es que este no dé dos votos de confianza al Gabinete Ministerial. “Una lectura distinta a esto, como se hace en este decreto, es inconstitucional y a la vez una infracción”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Urbina calificó de “antojadiza” la interpretación hecha por el gobierno de Castillo.

También indicó que este documento puede dar pie a un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que termine en la inhabilitación del exmandatario.

José Peña Julca, abogado del expresidente Castillo, dijo a El Comercio que no tenía conocimiento del hallazgo del decreto supremo. Agregó que solicitarán acceder a este para revisar su contenido.

También refirió que si el documento es verdadero, podría perjudicar la situación legal de su patrocinado.

“Desde luego que lo perjudica, porque quedaría acreditado que las intenciones del expresidente podrían ser graves”

José Peña Julca, abogado de Pedro Castillo

La prueba de un acto concertado

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo que el decreto de supremo es una prueba que “echa por tierra” los argumentos de la defensa legal de Castillo Terrones, en el sentido, de que él no perpetró un golpe de Estado, sino dio una proclama.

“Esta es una prueba documentaria de gran relevancia, muestra que todo estaba preparado para concretar el golpe de Estado, esto destruye la tesis de la defensa y confirma la responsabilidad penal de Castillo. Esto no fue un acto disparatado o una voluntad aislada representada en la conducta del expresidente, se trató de una conspiración de Castillo y sus secuaces”

Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción

Maldonado recordó que semanas antes al 7 de diciembre, el entonces primer ministro, Aníbal Torres, intentó forzar una primera negación de la confianza.

También expresó sus dudas respecto a que Castillo escribiera en solitario ese decreto supremo, cuando es probable que haya estado asistido por los ex jefes de Gabinete Betssy Chávez y Torres, quienes están comprendidos en la investigación del Ministerio Público.

El ex abogado del Estado refirió que la exposición de motivos, donde se tergiversan artículos de la Constitución y se utiliza el informe preliminar de la OEA, revela que hubo “dolo”.

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La abogada penalista Romy Chang sostuvo que la aparición del decreto supremo “lo que hace es evidenciar con mayor claridad” la participación de Castillo y de personas de su entorno en la preparación del golpe de Estado. “Esto le da mayor solvencia a la hipótesis del Ministerio Público de que sí hubo un acto de ejecución”, remarcó.

En diálogo con El Comercio, Chang indicó que el Ministerio Público debe determinar quién o quiénes escribieron el documento.

“No hay manera de dar un golpe de Estado ni decir todo lo que se dijo de manera negligente, hay videos que demuestran que quién daba las órdenes era Castillo, él no estaba drogado. Y el documento demuestra que era plenamente consciente de que quería romper el sistema democrático e instalar una dictadura. Aquí hubo un acto doloso, hubo planificación”

Romy Chang, abogada penalista

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Por su parte, la abogada penalista Liliana Calderón consideró que el decreto supremo es “un medio probatorio de mucho valor”, pero advirtió que el tipo penal de rebelión implica que exista “un alzamiento en armas”. Agregó que el Ministerio Público podría adaptar el delito imputado a Castillo a una “tentativa de rebelión”.

“Este documento, por supuesto, que prueba que hubo concertación y, además, están los testimonios de los exministros y de una periodista, es bastante evidente que hubo concertación, este mensaje alguien lo tiene que haber escrito”

Liliana Calderón, abogada penalista

Más información

El decreto corrobora la versión de Cinthya Malpartida, periodista de TV Perú que presenció el mensaje a la Nación de Castillo.

Malpartida dijo que Betssy Chávez le comentó que lo anunciado por el expresidente iba a ser ratificado en una resolución.