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El Poder Judicial respondió la demanda competencial del Congreso ante el Tribunal Constitucional por la restitución de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y pidió que se declare improcedente el pedido para que se anule todo el proceso.
El documento presentado por el procurador público del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi Sotomayor, contesta la demanda del Parlamento presentada en abril del 2024 en la cual acusan al Poder Judicial de “limitar y/o restringir” sus atribuciones exclusivas y excluyentes.
El texto al cual tuvo acceso El Comercio defiende la medida cautelar que la Primera Sala Constitucional otorgó a favor de Inés Tello y Aldo Vásquez para que sean restituidos en la JNJ luego de haber sido inhabilitados por diez años.
Adicionalmente, el Parlamento pide que también se declare nulo todo el proceso de amparo iniciado por los miembros de la junta contra la decisión de inhabilitar a sus dos integrantes.
El Poder Judicial resalta que el TC ha emitido antes resoluciones en defensa de la separación de poderes, donde se precisa que se debe evitar que se ejerzan funciones administrativas o legislativas sobre la función jurisdiccional para desconocer derechos o libertades fundamentales.
El procurador califica como “falsa” la versión de la demanda del Parlamento en el sentido que la resolución a favor de la JNJ haya cuestionado o prohibido el control del juicio político, sino que solo se han pronunciado sobre aspectos vinculados al debido proceso.
En esa línea, señalan que la medida cautelar no cuestionó el fondo de la denuncia constitucional, la inhabilitación o el concepto de infracción en sí. “Únicamente, se ha concedido una medida cautelar suspendiendo la decisión de las referidas resoluciones legislativas al considerar que se habría inobservado una garantía propia del debido proceso en sede parlamentaria —como es el de taxatividad de las infracciones—”.
Finalmente, asegura que el Poder Legislativo no solo está cuestionando un proceso que todavía está en trámite, sino que está atentando contra la labor de los jueces.
“La competencia del juez no puede concebirse como una irrupción de atribuciones a otros órganos del Estados, sino como un mero ejercicio de competencia”, resalta el procurador al recordar que esta competencia ha sido reconocida tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
