El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dijo que no es necesario que el Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para hacer respetar las facultades que tiene cada poder del Estado y poner límites a los “excesos” de esta instancia internacional.
En declaraciones a la prensa desde Arequipa, el magistrado insistió en su postura de dejar a cada juez que decida si es que aplica o no alguna de las leyes aprobadas por el Congreso que afectan procesos contra crímenes de lesa humanidad, así como de organización criminal.
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“No tenemos por qué retirarnos. La Corte IDH tiene sus atribuciones pero cuando se excede obviamente tenemos que ponerle un límite. Creo que el exceso está en que no pueden ordenarle a los poderes del Estado que no hagan un acto de gobierno”, comentó.
Arévalo reiteró que esta corte no tiene “ninguna facultad” para pedir a algún poder del Estado que haga algo o al Poder Judicial para que interfiera en decisiones de otros poderes.
Esto, en respuesta a la resolución de la Corte IDH que requirió a los tres poderes del Estado peruano para evitar que se pueda aplicar la ley aprobada por el Congreso que busca hacer prescribir a los delitos que fueron cometidos antes del 2002 y que ahora son calificados como de lesa humanidad y, por ende, son imprescriptibles según jurisprudencia internacional.
También en el contexto en el cual la presidenta de la República, Dina Boluarte; y el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, enviaron a la Corte IDH una carta “deplorando” la resolución contra la norma que restringe la figura de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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“El Poder Judicial respeta a los otros poderes y cuando esta ley se promulgue, entrará en vigencia. Si algún juez considera que la ley es inconstitucional, contraria a convenios, la inaplicará vía control difuso fundamentando por qué. Y si un juez considera que esta ley es adecuada a los estándares, la aplicará”, se limitó a responder Arévalo.
Esta misma postura tuvo cuando se le preguntó si se debe promulgar o no la ley aprobada por el Congreso que restringe la figura de crimen organizado.
“Los trasfondos políticos no entro en esa discusión, pero cada juez verá. El juez es independiente y sabrá aplicar la ley”, fue lo que respondió al evitar sentar posición por temor a que pueda ser calificada como una interferencia en la labor de los magistrados.
