El documento recomienda acusar a Zoraida Ávalos por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución, y solicita su inhabilitación por el periodo de cinco años. (Foto: El Comercio)
El documento recomienda acusar a Zoraida Ávalos por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución, y solicita su inhabilitación por el periodo de cinco años. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

La exfiscal de la Nación aseguró que un sector del pretende copar el sistema de justicia “cualquiera sea el costo para el país” y que la verdadera motivación para destituirla “es política”.

A través de un video publicado en su cuenta en Twitter, la también fiscal suprema señaló que acudirá al pleno el próximo miércoles 21 de junio para ejercer su derecho a la defensa.

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“Pondré en evidencia que la verdadera motivación detrás de la pretensión de destituirme es política: quieren copar el sistema de justicia cualquiera sea el costo para el país. Esto es algo que no podemos permitir, está en juego el balance de poderes que asegura la vigencia de nuestra democracia”, expresó.

En ese sentido, Ávalos Rivera insistió en que un sector de ese poder del Estado pretende destituirla utilizando “falsedades” y que luego de la postergación del debate de la denuncia, “se puso en marcha la maquinaria política” para alimentar “este nuevo intento” de buscar su inhabilitación y “avasallar el sistema de justicia”.

El informe, aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, recomienda acusar a la actual fiscal suprema por su decisión de suspender las investigaciones preliminares iniciadas en enero de 2022 contra el entonces presidente por los casos Provías, Petroperú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

El documento recomienda acusarla por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución, y solicita su inhabilitación por el periodo de cinco años para el ejercicio de la función pública.

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Según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la inhabilitación o destitución por infracción constitucional se adopta “con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente”. La aplicación de la sanción es inmediata.

Las denuncias contra Zoraida Ávalos fueron presentadas por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) y el procurador anticorrupción Javier Pacheco hace poco más de un año.

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