Alberto Otárola confirma interés en replicar modelo de El Salvador: ¿Son viables en el Perú las ‘cárceles Bukele’?

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Las declaraciones de Otárola se hicieron el mismo día que el Gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº 003-2024-JUS, que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.

“Sobre el viaje del ministro de Justicia [Eduardo Arana] a El Salvador. Voy a ser muy claro, ha sido enviado por el Gobierno, efectivamente, para ver la realidad de la logística carcelaria en ese país, que [...] se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan, sobre todo, los presos más violentos y los más peligrosos”, declaró el jefe del Gabinete Ministerial en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que el titular del Ministerio de Justicia (Minjus) también ha ido a tener reuniones conjuntas con el sector Justicia del país centroamericano “acerca de la viabilidad de estas cárceles”. El Salvador es gobernado por el presidente Nayib Bukele.

“[Estas cárceles] que pensamos, ojalá, implementar aquí en Perú, porque lo que tenemos es una sobrepoblación carcelaria, casi cien mil presos; la mitad de ellos no tiene sentencia. Y nos preocupa mucho los presos por delitos violentos que podrían seguir desde la prisión dirigiendo mensajes y organizaciones criminales para la extorsión”, agregó.

En otro momento, Otárola aseveró que para este año hay un plan de mantenimiento y construcción “de dos o tres” centros penitenciarios, cuyas “políticas carcelarias se anunciarán en las próximas semanas”.

“El ministro de Justicia ha recibido un encargo muy concreto, si [las cárceles] son grandes o medianas o pequeñas, ello se tendrá que decidir a través de la parte técnica, pero lo que sí es absolutamente necesario es que requerimos la construcción de más cárceles para estos presos, especialmente los de alta peligrosidad”

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El pasado 20 de febrero, el Gobierno autorizó el viaje de Arana a El Salvador. De acuerdo con la resolución que da luz verde al periplo, el ministro fue invitado por el gobierno del país centroamericano del 22 al 23 de febrero de 2024 “para intercambiar experiencias en materia de seguridad pública”. La reunión se desarrolla en la ciudad de San Salvador.

Este viaje le costó al Estado más de US$ 4 mil (US$ 3.870,27 en los pasajes y US$ 850.50 en los viáticos de tres días).

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En diálogo con El Comercio, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, el exviceministro Gilmar Andía y el expresidente del INPE Leonardo Caparrós cuestionaron la propuesta del Ejecutivo y señalaron que los problemas en el sistema penitenciario van más del tema de infraestructura.

Pérez Tello saludó que el gobierno de Boluarte anuncie la construcción de penales, pero subrayó que “la realidad penitenciaria debe comprenderse en su real dimensión: no hay alternativas para los presos que van a salir en libertad, como el estudio y el trabajo”.

“Siete de diez presos no acabaron el colegio o vivieron en hogares con violencia familiar y si salen igual, las probabilidades de reincidencia son del 25%, sin data oficial. Si van a invertir en el sistema penitenciario está muy bien, desde hace mucho que no se inaugura una cárcel”, dijo.

“Lo que quieren es una foto. Si de verdad quieren trabajar que analicen todas las demandas del sistema penitenciario. El hacinamiento es una vergüenza. Se necesitan políticas bien pensadas y diseñadas para atacar causas y prevenir consecuencias”, concluyó.

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Por su parte, Andía opinó que “es graciosa la política criminal que ha establecido este gobierno porque no tiene un rumbo definido”.

Explicó que la cárcel Bukele es parte de un plan de lucha contra la delincuencia en El Salvador, pese a que “se puede discutir el tema de derechos humanos y si las garantías constitucionales se respetan o no”. Algo que, a su juicio, no está planteando la gestión de Boluarte, que solo ha dicho que” el ministro de Justicia está yendo a conocer las cárceles y cómo se hizo la infraestructura”.

“Para ello solo era necesario mandar al jefe o cualquier funcionario del INPE”, apuntó Andía.

El exviceministro coincidió con Pérez Tello con respecto a los problemas de fondo del sistema penitenciario como “la corrupción y la paga insuficiente a los funcionarios y también la falta de personal”. Asimismo, dijo que en el Perú hace falta una política real para la resocialización y readaptaciones de los reos que salen libres.

“En general nuestro sistema penitenciario está en emergencia y el Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional cómo están las prisiones. Y ahora vienen y dicen que van a aplicar el plan Bukele en la infraestructura ¿Cuánto costará eso?. Lo que olvida el gobierno es que hay cárceles pendientes de ejecutarse en Ica y Arequipa, que se han quedado a mitad de trabajar por temas de corrupción”, añadió.

Para Andía, “en términos técnicos, todo lo que hace este gobierno es simbólico, es decir, establecen medidas para que la gente crea que se están haciendo cosas, pero no van hacia el problema principal”.

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A su turno, Caparros destacó que la “gestión rápida” que ha implementado Bukele para la construcción de penales “podría ser interesante, más allá del modelo que ha utilizado”, pero que también el Gobierno podría fijarse en las experiencias en Europa y países de la región como Chile.

“No sé si El Salvador con el poco tiempo de implementado sea un modelo del que se puedan extraer conclusiones determinantes que nos hagan decidir seguir un modelo u otro”, resaltó.

A criterio de Caparrós, hubiese sido mejor que viaje a El Salvador el jefe del INPE o algún funcionario de dicha institución que “conozca la realidad y pueda comparar”.

“Además, la resolución dice que es para discutir temas de seguridad pública, es algo que me ha parecido confuso porque la seguridad pública está a cargo del ministro del Interior, pero mediáticamente se habla de penales. Los alcances de la invitación se me han hecho confusos”, finalizó.

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Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una edificación de 166 hectáreas que, por su dimensión, requiere que sea resguardada por 600 soldados de las Fuerzas Armadas y 250 efectivos de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Este centro penitenciario no tiene ni un año de haberse creado y alberga a 12 mil presos, aunque tiene una capacidad de 40 mil reclusos.

De acuerdo con información de la agencia AFP, esta megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele es considerada “la más grande de América” y se caracteriza por tener un elevado nivel de seguridad.

Las organizaciones humanitarias han cuestionado el trato que reciben los presuntos criminales en el establecimiento. Por un lado tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, que ha denunciado que hay al menos 1.600 menores de edad entre las decenas de miles de detenidos.

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