Alejandro Toledo: fechas claves de su proceso de extradición por el Caso Odebrecht

El Ministerio Público informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente de la República Alejandro Toledo (2001-2006). El exmandatario llegaría al Perú para cumplir con los 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó en su contra por el Caso Odebrecht.

La extradición del exmandatario se concretará más de cinco años después de iniciado este proceso. A continuación, un repaso de los momentos claves.

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Dictan prisión preventiva y Toledo se fuga a EE.UU.

Febrero 2017

El 9 de febrero de 2017, Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo. La fiscalía lo acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por haber recibido US$20 millones de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur. Al momento del fallo, el expresidente no se encontraba en el Perú.

Al día siguiente, el Gobierno decide incluir a Toledo en la lista de los más buscados y ofrecer una recompensa de S/100 mil a cualquier persona en el extranjero que dé información sobre su paradero.

Dos días después del fallo, la Mesa Directiva del Congreso acordó retirar todos los beneficios de expresidente a manera de rechazo hacia su figura. Estos incluían un pago mensual similar al sueldo de un parlamentario.

El 12 de febrero, en uno de sus primeros pronunciamientos sobre el caso, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lamentó los actos delictivos en los que habría incurrido Toledo y remarcó que su Gobierno hacía lo posible para regresarlo al Perú por vías legales. Se confirmó que el ex mandatario se hallaba en EE.UU.

Ese mismo día, Toledo, a través de sus redes sociales, rechaza la orden de prisión preventiva en su contra y niega ser un prófugo de la justicia. “Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una distorsión maquiavélicamente política que rechazo”, escribe.

Posteriormente, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez confirmó que optaron por el camino de la extradición, previo arresto provisorio.

La Cancillería hace llegar a la embajada de EE.UU. la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición contra Toledo. Este documento fue elaborado por la fiscalía y debía ser visto por un juez estadounidense para hacerse efectivo.

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El 7 de marzo de 2017, el Poder Judicial rechazó el hábeas corpus que el abogado de Toledo, Heriberto Benítez, presentó contra el juez Richard Concepción, a fin de anular la orden de prisión preventiva.

La demanda de Benítez señalaba que Concepción no tenía competencia para intervenir en las investigaciones preparatorias del exmandatario. Por tanto, se habría violado el derecho a un debido proceso del ex líder de Perú Posible.

Benítez había planteado ello debido a que el caso correspondería a un delito de función durante su mandato como expresidente y, por tanto, no podía ser denunciado ni procesado hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones.

No obstante, el juez Julio Juez López Castro discrepó de tal argumento y resolvió que no existe ninguna vulneración de los derechos invocados por la defensa de Alejandro Toledo al momento en ser investigado ni de haber formalizado la investigación preparatoria en su contra.

Para sustentar esto, el magistrado explicó que Alejandro Toledo cesó en sus funciones en julio del 2006. Por tanto, al momento de ser denunciado por la fiscalía, en febrero del 2017, y posteriormente haberse emitido una resolución de formalizando investigación preparatoria por parte del juez Richard Concepción ; ya habían transcurrido cerca de siete años. Es decir, que habían pasado más de los cinco años que establece la Constitución.

El 28 de marzo, el expresidente recibió sus 72 años de vida oculto en los Estados Unidos, como prófugo de la justicia.

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El 24 de mayo de 2017, Toledo participó de un foro de la Fundación Mundial para el Desarrollo y, abordado por la BBC, negó ser un prófugo. “Yo no soy fugitivo [...]. Yo no me he escapado de mi país”, dijo desde Nueva York.

Días después, el exmandatario brindó una serie de entrevistas en las que dijo que no regresaría al Perú a menos que se levante la prisión preventiva dictada en su contra. Asimismo, habló de persecusión política en su contra. También anunció que denunciará a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht que lo acusó de pedir un soborno de US$200 millones.

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El 19 de junio de 2017, Toledo fue retirado del programa de “Los más buscados”. El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, explicó que ello se debía a que su paradero ya era conocido y era absurdo mantener una recompensa en esa circunstancia.

En este lapso, se supo sobre las declaraciones que Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo de Toledo, dio a la fiscalía peruana. De todo ello, confirma que fue a través de sus empresas que Odebrecht y otras constructoras brasileñas depositaron sobornos para Toledo. Cabe señalar que Maiman falleció en 2021.

Posteriormente, el abogado de Toledo, Heriberto Benítez, informa que su patrocinado no intentaría acogerse a la colaboración eficaz ya que, desde su punto de vista, “no ha cometido ningún delito”.

El Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial el requerimiento de extradición contra Alejandro Toledo, investigado por los casos Odebrecht y Ecoteva.

El pedido se basa en la investigación que se realiza contra el fundador de Perú Posible por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, todos estos relacionados con la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, en los tramos II y III.

Asimismo, el juez, previa evaluación, debía formular posteriormente el requerimiento ante la Corte Suprema de la República para su aprobación y posterior remisión a las autoridades competentes de Estados Unidos.

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El 19 de febrero, el juez Richard Concepción Carhuancho envía el cuadernillo de extradición a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Posteriormente, el 13 de marzo, la Sala Permanente de la Corte Suprema aprueba la extradición de Toledo.

El 21 marzo 2018, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad el proceso para que el expresidente regrese al Perú para responder por los delitos imputados por la fiscalía.

Previamente, el 16 de marzo de 2018, este Diario informó sobre los detalles que Jorge Barata dio sobre del presunto aporte de US$700.000 a la campaña de Perú Posible en el 2011.

El 25 de mayo de 2018, la cancillería confirmó que el cuadernillo de extradición contra Toledo ha sido entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos para que continúe el proceso.

“La Cancillería ha cumplido con entregar al Departamento de Estado, esta mañana a las 9 a.m., la solicitud de extradición del ciudadano Alejandro Toledo Manrique”, informó el Gobierno a través de Twitter.

Antes de ello, el Ministerio Público había indicado que dicho documento ya había sido traducido al inglés de manera oficial y que estaba listo para que la Cancillería lo tramite ante las autoridades de EE.UU.

El 31 de enero de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. empezó a revisar el cuaderno de extradición del ex presidente Toledo, a pedido del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Así lo informó la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Meses después, el 17 de marzo de 2019, el exmandatario fue detenido en estado de ebriedad en la vía pública. Pese a que el ex mandatario lo negó, la Cancillería confirmó la detención. En ese momento se explicó que esta detención no iba a tener repercusión en el proceso de extradición.

Días después de este hecho, la Fiscalía firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el empresario Josef Maiman, quien declaró que este le pidió recibir sobornos de las empresas brasileñas, las cuales le habrían depositado cerca de US$25 millones.

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El 25 de abril de 2019, Jorge Barata afirmó que Odebrecht pagó US$31 millones en coimas a Toledo. El exdirectivo de la empresa declaró que la constructora le dio un adelanto de US$4millones por la Interoceánica y posteriormente US$27 millones través de Maiman. Toledo lo negó.

Dos días después, Barata reveló a los fiscales peruanos que Toledo le pidió interceder en otro soborno. Afirmó que se acordó que el tramo 4 de la Interoceánica se adjudicara al consorcio Intersur.

El 27 de junio de 2019, Josef Maiman afirmó que Odebrecht le depositó US$35 millones en coimas para Toledo. El fallecido empresario peruano-israelí declaró en ese entonces desde Israel ante los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Antes había reconocido un monto menor.

Tres días después, Toledo y su esposa Eliane Karp fueron captados en un hotel de Washington.

El ex presidente fue arrestado por mandato de extradición en EE.UU., según informó el Ministerio Público. Esto en el marco del proceso que se le sigue por el presunto pago de coimas por más de US$30 millones que recibió de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, dispuso que Toledo afronte en prisión el proceso de extradición en su contra. El riesgo de fuga fue el principal argumento de fiscalía federal para que no quede libre bajo fianza.

El 17 de agosto de 2019, Toledo aseguró, en un escrito enviado al juez Thomas S. Hixson, quien ordenó su detención en el marco del proceso de extradición en su contra, que no tiene la intención de vivir fuera de Estados Unidos.

“Mi esposa y yo no tenemos intención de vivir en ningún otro lugar que no sea California. Quiero que esté usted seguro de ello”, le indicó el exmandatario, mientras buscaba probar su arraigo en California para que le brinden la posibilidad de retomar su libertad bajo fianza.

El pedido de Toledo fue rechazado el 12 de septiembre. El magistrado Thomas S. Hixson desestimó el requerimiento del abogado del expresidente, quien planteó su liberación condicional, previo pago de una fianza de un millón de dólares.

El 13 de octubre de 2019, Toledo fue trasladado de la cárcel de Santa Rita, ubicada en el condado de Alameda (California), en donde permanecía desde el 16 de julio pasado, hacia la correccional Maguire, del condado de San Mateo.

En noviembre de 2019, Heriberto Benítez dejó la defensa legal del expresidente debido a su postulación al Parlamento. Según dijo, tomó esta decisión “para evitar suspicacias” y “malos entendidos” en su campaña al Legislativo.

El 4 de marzo de 2020, el juez de apelaciones del Distrito Norte de California (EE.UU.) Vince Chhabria denegó la solicitud de libertad bajo fianza formulada por la defensa del expresidente Alejandro Toledo.

Tras una audiencia a principios de febrero en la que el exmandatario hizo testificar a un psiquiatra sobre su estado mental para justificar que su estancia en la cárcel le estaba produciendo un gran deterioro psicológico, el magistrado consideró ese extremo no probado y falló en su contra.

Días después, Toledo presentó ante el juez Hixson un documento en el que argumenta que debería salir de prisión a raíz de la pandemia del coronavirus.

El 19 de marzo de ese año, Hixson ordenó la liberación de Toledo por riesgo de contraer coronavirus en prisión. En lugar de esto, el exmandatario cumpliría arresto domiciliario. También se dispuso que pague una fianza de US$1 millón.

El 28 septiembre 2021 el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, resolvió que Toledo sí puede ser extraditado al Perú. En su resolución, consideró que había suficiente evidencia de que el expresidente habría cometido delitos para que pueda ser procesado.

Al día siguiente, en una entrevista con la agencia Efe, el expresidente anunció la presentación del “hábeas corpus” con la finalidad de evitar que se le extradite al Perú y sea procesado por delitos de corrupción. “La siguiente acción de mi defensa aquí en los Estados Unidos es que vamos a presentar un ‘habeas corpus’, que irá a un juez federal de California y luego todavía tiene dos instancias más”, señaló en aquel momento.

El 25 de abril de 2022, la Corte de Justicia de California, en Estados Unidos, decidió rechazar el habeas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo, el cual buscaba impedir que se le extradite al Perú para que responda por las acusaciones sobre el caso Odebrecht. A esas alturas, el proceso de extradición ya se encontraba en la etapa final.

Posteriormente, el 26 de octubre de ese año, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de la Corte de San Francisco dejó sin efecto la medida cautelar que presentó Toledo para paralizar su proceso de extradición.

Con esta decisión judicial, el Departamento de Estado del Gobierno norteamericano tenía luz verde para autorizar el proceso contra Toledo.

El 21 de febrero, la Fiscalía de la Nación informó que el Departamento de Estado de EE.UU. concedió la extradición de Alejandro Toledo por colusión y lavado de activos.

Detalló que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición.

En Estados Unidos, Toledo cumple detención en su domicilio en San Francisco, California, y es vigilado mediante un grillete electrónico.

Toledo cumplirá en el país una orden de 18 meses de prisión preventiva. La fiscalía lo acusa de recibir una coima de más de US$ 32 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. El caso se encuentra en control de acusación (etapa intermedia) y es seguido por el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato.