Avanza País: ¿Qué sanciones podría recibir por mal uso de financiamiento público?

Avanza País reportó que, por cursos de capacitación a sus afiliados, pagó S/465 mil a la empresa Global Perú Comunicaciones, ubicada en un local donde se sacan fotocopias.

Según el dominical, el monto fue facturado a la referida agrupación el 31 de diciembre del año pasado, cuando la citada empresa solamente tenía 15 días de funcionamiento. Además, el gerente de la compañía, Alexis Pérez Romero, se dedica a la venta de zapatillas y gorras a través de las redes sociales.

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El secretario general de Avanza País, Luis Flores Reátegui, reconoció ante el programa periodístico que él fue quien firmó los contratos con Global Perú Comunicaciones. Agregó que están “regularizando” el servicio de capacitación, porque aún los cursos no se habían concretado.

Este Diario intentó comunicarse con Flores Reátegui, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Esta persona acompañó al congresista Alejandro Cavero a Palacio de Gobierno hace unos días a la reunión que tuvieron con la presidenta Dina Boluarte.

El personero legal de Avanza País, Miguel Yagi, adelantó a El Comercio que en las próximas horas la dirigencia de su partido se reunirá para analizar a profundidad la polémica contratación. Agregó que esperan el descargo de Flores Reátegui.

“Todo tiene su explicación, quiero tomar conocimiento por los canales institucionales adecuados. En esta cita solo estarán las autoridades del partido, no los congresistas, porque ellos no tienen injerencia en el manejo administrativo [de estos fondos]”, remarcó.

A través de un comunicado, la bancada parlamentaria de Avanza País aclaró que ninguno de sus congresistas ha sido parte de la acusación contra el partido. “Exhortamos a la dirigencia del partido a dar las explicaciones del caso […] Los recursos del Estado son de los ciudadanos y su gasto debe ser transparente y justificado siempre”, agregó.

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El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, consideró que existen una serie de vacíos en la Ley de Organizaciones Políticas, donde se regula el financiamiento público directo para los partidos con presencia en el Congreso. Por ejemplo, indicó que la ONPE debería establecer un registro de instituciones y empresas que pueden brindar una capacitación.

“Se necesita mejorar la norma, cualquier entidad no debe brindar capacitaciones, la ONPE debe tener un registro de empresas que cumplan ciertos requisitos, deben estar acreditadas y dentro de esas opciones, los partidos puedan elegir. Que estén en un registro garantiza que cumplen requisitos mínimos y que no sean empresas de fachada”, manifestó a este Diario.

Villalobos advirtió que si la ONPE confirma que hubo irregularidades de parte de Avanza País en el uso de fondos públicos hasta podría quitarle el financiamiento.

El inciso C del artículo 36-A de la Ley de Organizaciones Políticas establece que por la comisión de “infracciones muy graves”, la ONPE puede sancionar a un partido con “una multa no menor de treinta y uno (31) ni mayor de cien (100) unidades impositivas tributarias (UIT) y la pérdida del financiamiento público directo”.

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, afirmó que los partidos políticos “no pueden hacer uso y abuso” del dinero que el Estado les da como financiamiento público, sobre todo cuando durante años se luchó para que esta medida, que estaba vigente desde el 2003, se pueda concretar.

Rospigliosi indicó que la ONPE debe iniciar un procedimiento de oficio a Avanza País y calificar el contrato con Global Perú Comunicaciones como “una falta grave”.

“Yo creo que sí [deberían perder el financiamiento] hasta el 2026. Que Avanza País haga su defensa y luego la ONPE emita una resolución, no sé por qué aún no han tomado ninguna medida”, cuestionó.

El letrado refirió que, incluso, el procurador de la ONPE tras el proceso administrativo sancionador puede denunciar ante la fiscalía a los dirigentes del partido del tren que resulten responsable.

“Para mí, habría los presuntos delitos de colusión y peculado. Lamentablemente, veo una ONPE timorata que no quiere chocar con los partidos políticos y eso es inaceptable. No es la primera vez que se dan estas denuncias”, sostuvo.

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El ex secretario general de la ONPE Fernando Velezmoro señaló que los partidos políticos, cuando usen fondos públicos, deberían regirse por la Ley de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, si el monto a utilizar es de 8 UIT (un poco menos de S/40 mil) se debería realizar una subasta pública donde “haya una pluralidad de proveedores”.

Velezmoro criticó que Avanza País haya contratado los servicios de una empresa que recién tenía 15 días de constituida.

“¿Cuál es la experiencia de esta empresa? ¿Quiénes integran su plana de docentes o profesionales? Y segundo, cómo se realiza un pago anticipado, la capacitación no se ha brindado y pareciera que recién se hará por el informe periodístico. La ONPE no se puede contentar solo con que los partidos le pasan la factura del gasto”, subrayó.

El programa “Punto final” también informó que Renovación Popular pagó un total de S/47,963 a la Promotora Desarrollo Educación y Cultura (Prodec) por el alquiler de su local partidario, ubicado en la calle Costa Rica, en Jesús María.

La Prodec, una asociación civil sin fines de lucro, fue presidida por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hasta diciembre último.

Por medio de un comunicado, Renovación Popular indicó que ellos utilizan los recursos del financiamiento público “en cumplimiento” del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, emitido por ONPE.

Al respecto, Rospigliosi opinó que existe “un evidente conflicto de interés”, porque el partido liderado por López Aliaga alquila una propiedad de una institución que fue dirigida por el empresario hasta hace solo dos meses.

“Sí, [la ONPE también debe abrir proceso], el partido no puede contratar con asociaciones ligadas a los líderes o representantes del propio partido”, mencionó.

Velezmoro refirió que “sí hay un conflicto de interés”, pero remarcó que la ONPE debe realizar una investigación profunda, en el sentido, de que si el dinero que Renovación Popular entregó a la Prodec llegó o no a manos de López Aliaga.

“Las asociaciones por más que no tengan fines de lucro, pueden realizar actividades comerciales, pero lo que no pueden es repartir los fondos que ingresan entre sus miembros, no pueden darse regalías”, expresó.

Sobre los pagos hechos por Perú Libre al ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por más de S/12 mil al mes por concepto de sueldo como presidente del partido del lápiz, utilizando fondos públicos, Villalobos consideró que la norma debería prohibir esta clase de remuneraciones.

“La ley no lo impide, el tema es que no se debería usar fondos del Estado para pagarle el sueldo a los dirigentes de un partido”, acotó.

Este Diario intentó obtener un pronunciamiento de la ONPE, pero desde el área de prensa señalaron que, por el momento, no harían uno.