El ex subsecretario general de la Presidencia Beder Camacho- investigado por el presunto delito de organización criminal en el caso Gabinete en la sombra- afirmó que él sigue trabajando en Palacio de Gobierno. No obstante, la mandataria Dina Boluarte, en una breve declaración a la prensa, negó esta situación.
“No está en Palacio. No trabaja en Palacio”, manifestó Boluarte Zegarra.
La noche del lunes, en una entrevista en RPP Noticias, Camacho dijo que él mantenía su cargo de subdirector de la Oficina de Atención al Ciudadano de Palacio, y que no estaba acudiendo solo por encontrarse de vacaciones.
El ex hombre de confianza del golpista Pedro Castillo añadió que trabaja en Palacio desde el 2014 al obtener una plaza por concurso público.
“Vengo trabajando con los presidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora con la señora Dina [Boluarte] [...] Soy un funcionario público de carrera. No me debo al presidente sino al país”, expresó.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que Camacho solicitó licencia sin goce de haber de su cargo desde junio del año pasado y luego empalmó con sus vacaciones, que culminan el 28 de enero próximo (fecha en la que se reincorporaría a su puesto). Agregaron que actualmente no se encuentra prestando servicios en Palacio de Gobierno.
Las mismas fuentes precisaron que el ex subsecretario general no pertenece a la alta dirección del Despacho Presidencial. Es decir, no brinda asesoramiento ni conduce “alguna unidad formalmente establecida”.
También indicaron que Camacho pertenece al régimen laboral establecido en el Decreto Legislativo N°728, por lo que no puede ser retirado sin un proceso disciplinario de por medio.
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Por ejemplo, el artículo 58 de la referida norma establece que para el despido de un trabajador “es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada”.
Añade que la causa justa “puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador”.
En ese sentido, fuentes de El Comercio informaron que Palacio de Gobierno ha dispuesto que “se evalúen las gestiones necesarias dirigidas a efectuar el deslinde de responsabilidades” de Camacho en su rol de subsecretario general de la Presidencia en la administración de Castillo.
Agregaron que están “recopilando información” con la finalidad de iniciarle un proceso administrativo.
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El exasesor enfrenta investigaciones en el Ministerio Público por presuntamente pertenecer al “Gabinete en la sombra” de Castillo y colaborar con la fuga de Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial.
Camacho ha reconocido que pidió asilo político para Pacheco y los sobrinos de Castillo.
Además, admitió que realizó gestiones para que la ex primera dama Lilia Paredes recibiera asilo político.
El punto de vista
La abogada María Elena Sánchez, experta en contrataciones del Estado, explicó a El Comercio las acciones de Camacho, durante el gobierno de Castillo, podrían calificar como “falta grave”. Agregó que la Presidencia podría abrir un proceso administrativo para retirarlo del cargo de subdirector de la Oficina de Atención al Ciudadano de Palacio.
“Y tendría que ser un proceso sumario, lo raro es que durante todo este tiempo [seis semanas del nuevo gobierno] no lo hayan hecho”, remarcó.
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Sánchez señaló que dentro del proceso administrativo se debe respetar el debido proceso, porque de lo contrario Camacho podría acudir a un juzgado laboral para buscar su reposición.
“El procedimiento se tiene que hacer correctamente, es posible que él vaya al Poder Judicial, si se hace mal y apurado, es hacerle un favor, porque ganaría su reposición”, advirtió.
Una opinión similar tuvo el abogado Alberto Retamozo, especializado en arbitraje administrativo y contrataciones del Estado, quien refirió que Camacho, al haber ganado un concurso público en el 2014, debe pasar por un proceso administrativo y disciplinario antes de ser retirado, porque, de lo contrario, podría aducir un despido arbitrario.
Retamozo, en comunicación con este Diario, sostuvo que el área de recursos humanos de la Presidencia debe determinar si el ex hombre de confianza de Castillo incurrió o no en faltas graves con sus acciones.
“¿Dentro de sus funciones estaba la de facilitar una fuga? No. Ahí puede haber un emplazamiento. Tiene que acreditarse bien la infracción en la vía administrativa. No se puede actuar de manera arbitraria, sino lo tiene de vuelta [en su puesto] en dos meses con una medida cautelar [en el Poder Judicial]”, alertó.
El letrado estimó que el proceso administrativo contra Camacho podría durar entre una semana y dos semanas, dependiendo de la celeridad que le dé Palacio de Gobierno.
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