Los congresistas Ruth Luque (Cambio Democrático), Raúl Huamán (Fuerza Popular), Héctor Acuña y Susel Paredes (No Agrupados) pidieron que el Poder Ejecutivo observe la norma que limita la colaboración eficaz, la cual fue aprobada el último jueves con 84 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.
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En diálogo con El Comercio, Luque consideró inviable presentar un pedido de reconsideración debido a la cantidad de adhesiones que consiguió el proyecto de ley y dijo que solo el gobierno podría revertir la situación observando la norma.
“No presentamos [reconsideración] porque sacaron 84 votos. Era casi imposible revetir eso. Esperamos que el Ejecutivo observe [la norma]”, expresó.
La legisladora de Cambio Democrático- quien es integrante de la Comisión de Justicia, desde donde se impulsó la inicitiva - subrayó que se opuso a que el proyecto de ley prosperara en dicha instancia.
No obstante, no consiguió los votos necesarios en las reconsideraciones que presentó cuando el grupo de trabajo debatió y votó la propuesta.
Asimismo, cuestionó que la Fiscalía de la Nación no se pronunciara al respecto. “El Ministerio Público debería defender su competencia en esto, pero parece que no le importa contradecir esto”, expresó.
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En tanto, el congresista Huamán, respondió a este Diario que “el Poder Ejecutivo debería observar la norma porque se presta a muchas interpretaciones”. “Se debería analizar muy bien. Yo creo que ellos lo analizarán despojados de algún tipo de incentivo para que regrese al Congreso y se vuelva a evaluar y dar un buen procedimiento, que no tenga opiniones antojadizas”, apuntó.
Héctor Acuña tuvo una postura similar. “Debe revisarse el proyecto porque representa un peligro. De acuerdo a lo que he revisado, la norma no es oportuna”, dijo a El Comercio.
Desde su cuenta de Twitter, la parlamentaria Susel Paredes instó a que la autógrafa sea revisada porque “la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se vería “seriamente afectada”.
“Se golpea a las instituciones y, ahora, a los procesos. Ayer [jueves] se aprobó el proyecto de ley que modifica el procedimiento de colaboración eficaz. Con ello, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se ve seriamente afectada. Voté en contra. ¡Que se observe la autógrafa!”, escribió la congresista no agrupada.
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De otro lado, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado también consideró que la iniciativa debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo.
“Sin duda debe observarse. La ley no solo es peligrosa sino constituye un retroceso y un debilitamiento de un instrumento fundamental de la lucha contra la corrupción [...] La experiencia en los casos más emblemáticos en el Perú nos demuestran que un plazo tan corto no funciona, son casos complejos, con personajes con poder político vigente y con influencia en el Congreso, como lo vemos en esta oportunidad [...] Razones por las cuales es difícil establecer un marco restrictivo, en la práctica va a llevar al fracaso la oportunidad de éxito de colaboraciones eficaces futuras”, sentenció el especialista.
Maldonado también afirmó que el pronunciamiento del Ministerio Público, a través de su titular, Patricia Benavides, es importante.
A su turno, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía expresó su preocupación por la norma “que representa una limitación” para el desarrollo de la labor fiscal respecto a los plazos y la facultad de “usar todos los medios probatorios” en los casos que investigan.
“Complejiza innecesariamente la situaciones del proceso de colaboración eficaz. Hay un grave problema de técnica legislativa y de conocimiento del proceso penal. Es lamentable el nivel de los congresistas y de los técnicos”, aseveró.
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Tras los cuestionamientos, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró este viernes 23 de junio que estudiarán la ley aprobada por el Congreso. “Recién vamos a verla. Nosotros lo hemos dicho, vamos a respaldar todas las medida que refuercen la lucha contra la corrupción porque esa es una de las banderas de la presidenta Dina Boluarte”, respondió desde el Vraem.
Respuesta
La Procuraduría dijo a El Comercio que están evaluando tomar acciones frente a la aprobación de este proyecto.
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La norma aprobada
El proyecto de ley aprobado el jueves 22 de junio por el Congreso limita la figura de colaboración eficaz. Como ya lo mencionamos, la decisión se tomó con 84 adhesiones, 27 votos en contra y tres abstenciones.
Entre las bancadas que votaron a favor se encuentran las que tienen legisladores investigados por declaraciones de colaboradores eficaces: Acción Popular, Perú Libre y el Bloque Magisterial, por el Caso ‘Los Niños’.
Además, Fuerza Popular, que votó dividida, tiene a su lideresa, Keiko Fujimori, sometida a investigaciones en donde han intervenido colaboradores eficaces.
El pleno también aprobó exonerar el proyecto de segunda votación. Con esa decisión, ahora solo debe enviar al Ejecutivo la autógrafa de ley. Esta modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal.
La norma aprobada señala que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, se dará un plazo máximo de 8 meses. Por causas justificadas, el fiscal podría prorrogar este hasta por cuatro meses. Y en caso de crimen organizado, la prórroga sería hasta por 8 meses.
La propuesta aprobada señala que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, se dará un plazo máximo de 8 meses. Por causas justificadas, el fiscal podría prorrogar este hasta por cuatro meses. Y en caso de crimen organizado, la prórroga sería hasta por 8 meses.
Además, establece que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes.
El texto aprobado:
En marzo de 2022, cuando la Comisión de Justicia aprobó el primer dictamen de esta norma, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría, instituciones que participan en el proceso de colaboración eficaz, se opusieron a esta al considerar que -lejos de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción- limitaría el tiempo para la declaración, corroboración, análisis y aprobación de la delación, lo que favorecería a impunidad.
Los procesos de delación en trámite tienen diversos paso a seguir como la toma de declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces, corroboraciones, aporte de pruebas documentarias y ampliaciones de declaración lo que hace indispensable tener el tiempo necesario para fortalecer los casos.
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Casos que estarían en riesgo
Las colaboraciones eficaces y las confesiones son herramientas de investigación valiosas en casos de corrupción y organización criminal. Por ejemplo, están los procesos de colaboración con sentencia contra la constructora Odebrecht y sus funcionarios como Jorge Barata, el principal delator cuyas declaraciones han servido para imputar a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala -y su esposa Nadine Heredia- y Pedro Pablo Kuczynski, así como la ex candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
El Comercio informó, en mayo, que son al menos 18 colaboradores eficaces los que actualmente trabajan con el Equipo Fiscal Especial contra la Corrupción en el Poder. Las versiones de al menos ocho de ellos han trascendido mediante las resoluciones judiciales de estos casos, las denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación o a través de investigaciones de este Diario.
Se trata de casos ligados a la gestión de Pedro Castillo, entre ellos figuran ‘Los Niños’, ‘Gabinete en la sombra’, ‘Ascensos irregulares en la PNP y las FF.AA.’, Anguía y Sada Goray y el Fondo Mivivienda.
En febrero del 2022, Karelim López se convirtió en la primera colaboradora eficaz del Ministerio Público en los presuntos actos que ya involucraban al entorno de Pedro Castillo. Su testimonio fue clave para el avance del caso de organización criminal por el que hoy cumple prisión preventiva el golpista exmandatario.
La empresaria era investigada por la fiscal Luz Taquire, de la Fiscalía Conta el Lavado de Activos, cuando decidió someterse a esta figura y declarar sobre la existencia de una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí implicó al entonces presidente Pedro Castillo y a su ministro Juan Silva. También habló de la existencia de congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ por su supuesta obediencia al mandatario.
Sus declaraciones sirvieron para que luego se dicte prisión preventiva por el caso Puente Tarata contra los sobrinos de Pedro Castillo, el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.
La empresaria Karelim López fue una de las primeras personas que colaboró con la justicia en las investigaciones contra el entorno de Pedro Castillo. (Foto: Alessandro Currarino / Archivo)
/ En ese caso, que veía la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, surgió un segundo colaborador, de clave CE-01-2022. Según consta en la resolución con la que un año después se dictaría prisión preventiva para Pedro Castillo y Juan Silva, este colaborador declaró que existían requerimientos o exigencias de parte del titular del MTC para que el funcionario de Provías Alcides Villafuerte realice determinadas acciones relacionadas con las adjudicaciones de obras en esa entidad.
Con los investigados del Caso Puente Tarata en prisión preventiva, apareció el colaborador eficaz CE-02-5D2FPCEDCF-2022. Sus declaraciones servirían, por ejemplo, para dar cuenta de que Zamir Villaverde, como presunto lobista de la red en el MTC. También declaró sobre beneficios supuestamente obtenidos por el exmandatario, por intermedio del prófugo exministro Juan Silva.
Posteriormente, las revelaciones de un nuevo colaborador con el código CE-03-2022-EFICCOP sirvieron como evidencia para sustentar que Bruno Pacheco, en su rol de coordinador y gestor de los intereses de la presunta organización criminal liderado por Castillo, “habría trasmitido la orden” del expresidente “para que se nombre a Hugo Chávez Arévalo en el Directorio de Petroperú”.
También declaró, según informó este Diario, sobre los presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional; sobre la supuesta orden del exmandatario para encubrir y darle financiamiento a Bruno Pacheco para evitar que colabore con las investigaciones en curso del Ministerio Público; y sobre la captación de legisladores. Según dijo, ‘Los Niños’ de Acción Popular eran en realidad doce.
Luego se sumaron más colaboradores eficaces, uno de ellos es Salatiel Marrufo, quien dio detalles claves en los casos ‘Gabinete en la sombra’ y Sada Goray y el Fondo Mivivienda.
El testimonio de Salatiel Marrufo fue clave para el caso Sada Goray y el Fondo Mivivienda.
Otro caso que se sustenta en declaraciones de colaboradores eficaces es el de Perú Libre. De acuerdo, con dos colaboradores eficaces, la presunta organización criminal dirigida por Vladimir Cerrón exigía “aportes” para el partido político a los trabajadores del Gobierno Regional de Junín contratados bajo la modalidad CAS.
