La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), tiene en su agenda cuatro proyectos de ley respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Tres de las iniciativas que se encuentran en la Comisión de Constitución proponen la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y una el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras que otra pretende que se norme el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Estos son los cuatro proyectos de ley que evaluará la Comisión de Constitución:
| Proyecto de ley | Autor | Fecha de presentación | Estado |
|---|---|---|---|
| 5582/2022 Ley que propone declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. | Wilson Soto (Acción Popular) | 17/07/2023 | -Constitución y Reglamento -Relaciones Exteriores |
| 5303/2022 Ley que norma el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. | Rosselli Amuruz (Avanza País) | 09/06/2023 | -Constitución y Reglamento -Relaciones Exteriores |
| 3494/2022 Ley que denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) para restablecer la pena de muerte en el Perú, devolviendo así la soberanía absoluta en materia penal de la pena capital en el país. | Segundo Montalvo (Perú Libre) | 08/11/2022 | -Constitución y Reglamento -Relaciones Exteriores (Archivada) |
| 5216/2022 Proyecto de ley para la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos | Jorge Montoya (Renovación Popular) | 01/06/2023 | -Constitución y Reglamento -Relaciones Exteriores |
Este martes 19 de septiembre, la parlamentaria Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, sustentó su proyecto y dijo que busca “transparentar” el nombramiento de los jueces y jueces ad hoc y comisionados ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Asimismo, explicó que la ley tiene como objetivo normar el procedimiento que lleva el Estado peruano para proponer a los miembros ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para que integren la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su exposición, Amuruz planteó que, como parte del procedimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores realice consultas al representante de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Tribunal Constitucional, un representante de la Junta de Fiscales Supremos y un representante del Colegio de Abogados del Perú.
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En tanto, el proyecto de ley impulsado por Renovación Popular propone, por ejemplo, que la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el plazo de 30 días calendarios contados desde el día de la publicación de la norma, presente el instrumento de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos para su aprobación por el Congreso de la República.
También señala que la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, se somete a votación para su aprobación o rechazo, en la segunda legislatura ordinaria subsiguiente a la presentación efectuada por el presidente de la República.
Y en el caso de que la mandataria “desestime la denuncia de la Convención”, deberá remitir “al Congreso de la República un Informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Según el documento, la iniciativa tiene “como finalidad salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano, en cumplimiento del artículo 43° de la Constitución Política”.
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La propuesta de Montalvo tiene como “objeto” denunciar a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) para restablecer la pena de muerte en el Perú, devolviendo así la soberanía absoluta en materia acerca de la pena capital en el país”.
En el documento argumenta que de las finalidades es “terminar con la delincuencia criminal (bandas), establecidas en las entidades del Estado y externas a él, para poner fin a su actuar corrupto que va en desmedro de los peruanos como nación y del Estado, ya que la corrupción se puede apreciar en todos los niveles del aparato estatal en la actualidad”.
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De otro lado, la iniciativa de Soto propone que se declare de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el retiro de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, dispone que “el presidente de la República, realice las acciones correspondientes para materializar la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos humanos”.
En su exposición de motivos explica que la permanencia del Perú “bajo los alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte Interamericana no nos permite legislar para tipificar la pena de muerte en el país, como una medida disuasiva ante la comisión de delitos que evidentemente causan terror y zozobra a la población, como la extorsión, el sicariato, asesinato, violación de menores, etc”.
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¿Son viables estas propuestas?
En diálogo con El Comercio, el abogado constitucionalista Erick Urbina explicó que la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el término jurídico que se usa para el proceso de salida de dicha instancia. Y que el retiro de competencia contenciosa significa quitarle el poder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver algún conflicto.
Urbina indicó que algunos de los proyectos sostienen que el Perú puede ser parte y suscriptor del Pacto de San José, pero no someterse a la Corte IDH.
A su juicio, estos propuestas no deben prosperar “porque no se está siguiendo el debido proceso que consiste que el Ejecutivo denuncie el pacto”.
“Lo que propone Montoya es que el Congreso le pedirle a la presidenta que en 30 días denuncie el pacto y que la denuncia sea ratificada por el Poder Legislativo. Eso no debe pasar, la propuesta debe partir del Poder Ejecutivo, la presidenta debe denunciar al pacto y luego el Congreso debe ratificarla con 87 votos y posteriormente se comunica al sistema interamericano. Desde que se comunica pasa un año para que recién surta un efecto inmediato”, señaló.
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En tanto, el abogado constitucionalista Natale Amprimo consideró que las iniciativas que proponen denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son viables, ni deben prosperar en la Comisión de Constitución.
El letrado preguntó a quién se recurriría si este hecho sucede y consideró que sería un error que el país se “aisle de la corte”. A su juicio con estas propuestas lo que se busca “son titulares”, pero que no hubo “reflexión previa” antes de presentarlas.
“No se está valorando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido importante para defender los derechos en el Perú”, expresó.
Asimismo, cuestionó a quién habrían recurrido los parlamentarios si el golpe de Estado de Castillo se hubiese materializado. También consideró que los problemas de inseguridad o diversos delitos “no se resuelven” solo con la pena de muerte.
Finalmente, dijo que desde la Comisión de Constitución no debería salir un dictamen sobre estas iniciativas y las “error gravísimo”.
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El también constitucionalista Bruno Fernández indicó que, desde su lectura, sí es viable porque el Congreso es el encargado de ratificar los acuerdos internacionales. Subrayó que el único de los proyectos que no pretende la salida del Perú del Pacto de San José es el de Rosselli Amuruz.
Añadió que si los proyectos prosperan no surtirá efecto inmediato sino que hay que esperar un periodo de un año para que se acepte la salida. “Incluso en el 2024 se podrían seguir llevando casos por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos por situaciones que hayan ocurrido años atrás”, apuntó.
“El Congreso tiene las competencias para hacerlo, pero no sería lo adecuado. Dejaría a los ciudadanos en situación de desprotección de sus derechos humanos”, concluyó.
