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Es muy fácil formar una cooperativa de ahorro y crédito como la que usó Rodolfo Orellana para estafar al Estado. Basta que un grupo de ciudadanos se una, vaya a un notario y escoja el nombre que les apetezca.
Esa facilidad para registrarse también la tienen para operar sin supervisión por un vacío legal que el Congreso no tiene cuándo subsanar.
Ocurre que según la Ley de Bancos, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep) es la encargada de supervisar a estas entidades pero solo a aquellas que voluntariamente lo acepten. Esto ha significado que de unas 330 cooperativas identificadas por Fenacrep solo 90 hayan aceptado registrarse; 240 o más estarían actuando con total libertad y hasta impunidad.
“En la medida que no hay un registro, podrían ser más. Al eximirse de su afiliación a Fenacrep automáticamente se exoneran de cualquier tipo de supervisión”, advirtió a El Comercio el procurador de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Carlos Cueva.
Además, Fenacrep no tiene capacidad sancionadora por lo que su labor está aun más limitada.
“Fenacrep hace lo mejor que puede [...] pero lamentablemente no tiene las herramientas legales”, señala Cueva, de la SBS, entidad que desde hace años batalla para que le trasladen las facultades de fiscalización y sanción tal como lo hace con los bancos.
PROYECTO PENDIENTE
Justamente el 20 de setiembre del 2013 la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto del legislador Víctor Andrés García Belaunde que evitaría que casos como el de Coopex se vuelvan a repetir, pero hasta la fecha la mesa directiva no lo ha puesto a debate.
Se trata del proyecto 2195, que plantea que la SBS se encargue de la regulación y supervisión de las cooperativas.
“La superintendencia establece algunas normas pero la encargada de verificar su cumplimiento es Fenacrep. La SBS no podría ir a supervisarlas”.
El proyecto plantea que la SBS supervise directamente a las cooperativas, que les exija el cumplimiento de algunos requisitos para su funcionamiento, que tenga capacidad sancionadora y lo que es más importante, que todas estén obligadas a inscribirse. Fenacrep no desa-parecería sino se fortalecería. Pasaría a apoyar a la SBS en la fiscalización de las cooperativas, comentó Cueva.
SITUACIÓN PREOCUPANTE
Según fuentes de la superintendencia, entre las más de 240 cooperativas en todo el país que funcionan sin supervisión se sospecha que algunas son utilizadas para lavado de activos del narcotráfico y del contrabando.
Por ejemplo, se han detectado en Ayacucho más de 40 cooperativas no supervisadas por Fenacrep y que podrían tener alguna influencia del narcotráfico que opera en el Vraem. Algunas ofrecen intereses por ahorros, superiores a los que cobran por hipotecas; es decir, estarían trabajando a pérdida.
Según algunos folletos a los que tuvo acceso El Comercio, hay cooperativas que ofrecen hasta 20% anual en intereses más premios a sola firma: moto taxis, electrodomésticos etc.
La misma figura estaría empezando a funcionar en Puno. “Al no tener una supervisión directa continua podrían estar generándose casos de lavado de dinero”, admitió Cueva.
