La Junta de Portavoces del Parlamento se reunió el miércoles al mediodía para definir un nuevo cuadro nominativo de la Comisión de Ética. Esto luego que el último lunes, el pleno rechazara la anterior formación de ese grupo de trabajo, a raíz de la presencia de la congresista Heidy Juárez (Podemos Perú), quien afronta una investigación en el Ministerio Público por presunta concusión.
Juárez fue blindada por la mayoría de la Comisión de Ética bajo la administración de Karol Paredes, luego de que se cambiara una sanción de 120 días por una amonestación y multa. La parlamentaria fue denunciada por trabajador de su despacho por recortar sus salarios.
Unas horas antes de la sesión de la Junta de Portavoces, la parlamentaria de Podemos Perú, anunció que su bancada buscaría a otro integrante para el referido conjunto.
“No hay ninguna objeción para que yo pueda formar parte de la Comisión de Ética, pero en vista de que esto va a dilatar más tiempo, he tomado la decisión [de no insistir en ser parte] y he comunicado a mi bancada que busque a otro integrante”, manifestó en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos.
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Fuentes parlamentarias indicaron que en la Junta de Portavoces se observó la intención que tuvo el Bloque Magisterial de colocar a Pasión Dávila en la comisión.
Dávila fue suspendido por 120 días, a fines de diciembre último, por haber golpeado por la espalda al congresista Juan Burgo en el medio del hemiciclo.
(Foto: Archivo GEC)
Otras fuentes señalaron que la bancada de Acción Popular decidió ceder su cupo a la congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú. Esto, agregaron, porque sus siete integrantes están comprendidos en la pesquisa de la Fiscalía de la Nación por el Caso Los Niños presuntamente haber sido parte de la organización criminal del expresidente Pedro Castillo.
Inicialmente, la agrupación de la lampa tenía planificado que sea el parlamentario Luis Aragón quien los represente en la Comisión de Ética.
No obstante, Aragón podría ser objeto de denuncia, a raíz de los viajes que realizó a México y España con los gastos cubiertos por la empresa china Huawei.
Estos periplos se dieron cuando el acciopopulista era presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
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Fuerza Popular respetará acuerdo
El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, explicó que, tras las renuncias en Acción Popular, se determinó que al fujimorismo le correspondía tener cuatro sillas en la Comisión de Ética. Los congresistas Rosangella Barbarán, David Jiménez, Cruz Zeta y Juan Carlos Lizarzaburu serán sus representantes.
Precisamente, sobre el último también existieron ciertos reparos, porque a inicios de junio fue sancionado con una amonestación pública y una multa de 10 días de remuneración por haber calificado de “mantel de chifa” a la wiphala.
“El congresista Lizarzaburu aún no tiene sanción firma, él ha apelado. Y hay que separar la paja del trigo, una cosa es que un parlamentario pueda ser sancionado por una expresión en el calor del debate, por un exabrupto y otra que tenga una investigación por recortar el salario a sus trabajadores”, expresó Alegría a El Comercio.
Alegría refirió que, a pesar de ser la primera fuerza dentro de la Comisión de Ética, el fujimorismo no buscará presidir ese grupo.
“Nosotros vamos a respetar el acuerdo [del Bloque País]. Nuestros votos serán para Diego Bazán [de Avanza País]”, remarcó.
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La Junta de Portavoces aprobó el nuevo cuadro nominativo de la Comisión de Ética [ver detalle]. Este deberá se ratificado en la sesión del pleno de este jueves.
De no mediar sorpresas, el viernes o el lunes, el grupo de trabajo debería instalarse y elegir a su presidente. El principal voceado es el congresista Bazán.
| Nombre y apellido | Bancada |
|---|---|
| Rosangella Barbarán | Fuerza Popular |
| David Jiménez | Fuerza Popular |
| Juan Carlos Lizarzaburu | Fuerza Popular |
| Cruz Zeta | Fuerza Popular |
| Margot Palacios | Perú Libre |
| María Taipe Coronado | Perú Libre |
| Cheryl Trigozo | APP |
| Nelcy Heidinger | APP |
| Ruth Luque | Cambio Democrático-JP |
| Álex Paredes | Bloque Magisterial |
| Javier Padilla | Renovación Popular |
| Diego Bazán | Avanza País |
| Por designar | Podemos Perú |
| Kira Alcarraz (Podemos Perú) | Acreditada por AP |
| Jorge Marticorena | Perú Bicentenario |
| Héctor Valer | Somos Perú |
| Esdras Medina | Unidad y Diálogo |
La agenda priorizada
Fuentes parlamentarias indicaron a El Comercio que la prioridad de la nueva Comisión de Ética, bajo la dirección de Bazán, será resolver si el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), incurrió o no en una infracción al mantener en su oficina como trabajadora a la tía de su hijo, a pesar de que existía un grado de afinidad.
También evaluarán si existió una falta ética del congresista de APP por utilizar la llamada “ley impunidad”, por la que votó, para evitar ir a juicio oral por presunta estafa.
El Ministerio Público solicitó 8 años y 8 meses de cárcel para el presidente del Congreso, Alejandro Soto. El juicio por presunta estafa no se instaló. (Foto: Archivo GEC)
El inciso E del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria que establece que los legisladores que participan en la aprobación de leyes “en las cuales puedan estar favorecidos”, deben informar públicamente sobre esto.
Las mismas fuentes señalaron que esperan que el mismo día en que se instale la Comisión de Ética, Soto concrete, a través de una carta, su allanamiento a las indagaciones del grupo.
“Si no lo hace de inmediato, se verá de oficio el tema”, agregaron.
La otra prioridad de la comisión- de acuerdo a fuentes de este Diario- será resolver las denuncias contra siete congresistas acusados de recortar el salario a sus trabajadores [ver cuadro].
Las denuncias pendientes de resolver
| Nombre | Bancada | Denuncia |
|---|---|---|
| María Cordero Jon Tay | No agrupada (expulsada de Fuerza Popular) | Cordero habría recortado el 50% del salario de uno de los trabajadores de su despacho. “¡Porque a ti ya te depositaron ya! ¡Vamos al cajero de una vez!”, se le escucha decir en un audio, revelado por “Punto Final”. |
| María Acuña | APP | Un trabajador de la Oficina Descentralizada de Acuña en Chiclayo denunció, en “Beto a saber”, que solo percibía S/1.000 de los S/4.000 que le correspondía. La diferencia se lo habría entregado a la parlamentaria. |
| José Arriola | No agrupado (fue elegido por Acción Popular) | En el allanamiento a la casa de Arriola, el Ministerio Público encontró documentos firmados por los trabajadores de su despacho, donde autorizaron “donar” parte de sus salarios. Uno de los trabajadores entregó S/1.323, según informó “Cuarto Poder”. |
| Katy Ugarte | Unidad y Diálogo (fue elegida por Perú Libre) | El programa “Cuarto Poder” reveló que habría descontado S/300 a los técnicos de su oficina, mientras S/400 a los asesores. El dinero se habría usado para pagar publicaciones en la prensa de Cusco para mejorar su imagen. |
| Edgar Tello | Bloque Magisterial | Marie Silva Uriarte, ex trabajadora del congresista Tello, lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4.600, además de ejercer presión para la adquisición de cocinas para ollas comunes. |
| Marleny Portero | Acción Popular | Una extrabajadora de una comisión presidida por Portero denunció que la acciopopulista le pidió comprar de sus propios medios sillas de ruedas, que luego la congresista entregaría como donaciones. |
| Jorge Flores Ancachi | Acción Popular | En un audio dado a conocer por “Cuarto Poder”, el congresista acepta que recorta el sueldo a sus trabajadores. Detalló que acordó con su personal restar el 10% de sus salarios y el 50% de sus bonificaciones. |
Las mismas fuentes refirieron que se analizará si existen mecanismos para revertir el blindaje a favor de las congresistas Juárez, Magaly Ruiz y Rosio Torres. Estas dos últimas de APP.
Las tres fueron sancionadas con una amonestación escrita y multa de 30 días de descuento, tras ser denunciadas por “mocha sueldos”.
No obstante, los ex oficiales mayores del Congreso César Delgado Guembes y José Cevasco expresaron que estos casos están cerrados.
“Ya no se puede hacer nada, porque cuando se trata de una amonestación y multa, el órgano sancionador es la Comisión de Ética, ya no tiene competencia el pleno del Congreso, salvo que los parlamentarios apelen. Pero no creo que lo hagan, porque corren el riesgo de que las denuncias en su contra se ventilen más tiempo”, dijo Delgado Guembes a El Comercio.
“Si la sanción fue impuesta por la Comisión de Ética, el tema queda ahí, es otra cosa cuando la comisión propone una suspensión entre los tres hasta los 120 días. Ahí sí el pleno interviene”, acotó Cevasco.
