Congreso da primer paso para inhabilitar a Betssy Chávez por 10 años: este es el camino que seguirá el caso

Las consecuencias del golpe de Estado que propinó Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 siguen tomando forma. Esta vez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó un informe que propone inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros.

La medida fue adoptada el martes 1 de julio con 12 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Solo se opusieron los congresistas Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), Pasión Dávila (Bloque Magisterial) y Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular).

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ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

El informe —basado en una denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular)— fue sustentado por el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia), quien acusó a Chávez de haber “participado en el quebrantamiento del orden constitucional”.

En el documento aprobado se concluye que la ex jefa del Gabinete Ministerial vulneró los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. Estos artículos establecen, entre otros principios, que todo ciudadano debe respetar la Carta Magna y que los funcionarios públicos ejercen el poder con responsabilidad, dentro de los límites fijados por la ley.

Chávez no presentó sus alegatos a la subcomisión. No obstante, la presidenta de ese grupo de trabajo, María Acuña (Alianza para el Progreso) aseguró que se respetó el debido proceso.

“Se le ha dado todas las posibilidades para que se defienda, que presente su abogado. [...] Hemos hecho todos los trámites para que ingrese a defenderse, pero no hubo respuesta”, dijo en diálogo con la prensa.

Ahora, la denuncia deberá ser evaluada por la Comisión Permanente y, de recibir luz verde, pasará al pleno del Congreso, instancia que tiene la última palabra sobre la inhabilitación.

Proceso parlamentario

El presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), deberá disponer la distribución del informe entre los integrantes de esa instancia y convocar a una sesión para su debate.

Durante esa sesión, el documento será sometido a votación para determinar si procede la acusación constitucional contra Chávez.

Si se aprueba, la Comisión Permanente deberá designar una subcomisión acusadora, que integrarían la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña (Alianza para el Progreso), y el congresista delegado del caso, Jorge Montoya.

Luego, el Consejo Directivo del Congreso fijará la fecha y condiciones del debate final en el pleno. Allí, la subcomisión acusadora presentará el caso.

Tras el debate, el pleno deberá votar si hay o no lugar a la formación de causa. Si la respuesta es afirmativa, procederá la inhabilitación.

Para lograr la inhabilitación de Chávez por infracción constitucional, se requieren al menos 66 votos (dos tercios del número de congresistas, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente).

Si se aprueba, la sanción se aplica de inmediato y se emite una resolución del Congreso.

En marzo de 2023, este mismo Congreso suspendió a Chávez de su cargo como congresista. La medida tiene efecto durante todo el proceso judicial en su contra por el golpe de Estado, con la posibilidad de ser reincorporada si es absuelta.

Esa decisión se tomó con 66 votos a favor. El escaño de Chávez lo ocupa su accesitario, Isaac Mita (Perú Libre).

El Parlamento también aprobó, aquella vez, acusar a Chávez por presunto delito de rebelión. Esto en respuesta a una denuncia constitucional formulada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Descargos

El abogado Raúl Noblecilla, defensor legal de Chávez, rechazó el informe aprobado por la subcomisión y cuestionó la motivación política del Congreso.

“Lo primero es que no me sorprende. Está más que visto que un Congreso que vacó de manera arbitraria e ilegal al presidente Castillo tenga que confirmar esa vocación golpista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cada congresista será responsable de su voto, no solo ahora, sino en el futuro”, declaró a El Comercio.

Noblecilla también adelantó que, de considerarlo necesario, participará en el debate final del pleno: “Si el momento lo amerita, acudiré al pleno y defenderé políticamente a la doctora Chávez y al presidente Pedro Castillo. Por supuesto, considero que vivimos en una dictadura. [...] Lo que quieren es enterrar políticamente a Betssy Chávez para que no sea un riesgo para los intereses de la extrema derecha”.

En paralelo al proceso parlamentario, Chávez enfrenta un juicio oral por el presunto delito de rebelión. El Ministerio Público ha solicitado una condena de 25 años de cárcel.

De acuerdo con la fiscalía, Chávez acordó la disolución del Congreso y la instauración de un estado de excepción. Además, intentar legitimar esas acciones mediante la emisión de un decreto supremo.

Durante el juicio, diversos testigos han declarado sobre el rol de Chávez el día del golpe de Estadi. El chofer de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que, tras el mensaje de Pedro Castillo, Chávez ordenó dirigirse primero a la embajada de México y luego cambió de rumbo para ir a su despacho en el Congreso.

Además, una exfuncionaria de la PCM relató que la asistente de Chávez solicitó un formato de decreto supremo tras el anuncio golpista, lo que refuerza la tesis fiscal de que se intentó dar legalidad a las acciones de Castillo.

La ex primera ministra cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.