Congreso asume el control de sus declaraciones juradas de intereses

El pleno del Congreso aprobó la noche del jueves la propuesta de Acción Popular para modificar su reglamento interno y establecer que las declaraciones juradas de intereses de los parlamentarios pasen a estar bajo el control del Consejo Directivo y ya no ante la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El proyecto de la bancada de la lampa autoexcluye al Congreso de los alcances del decreto de urgencia dado por el presidente Martín Vizcarra en diciembre pasado, durante el interregno parlamentario.

Tras un cuarto intermedio, el pleno aprobó en primera votación la iniciativa con 94 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención. Las bancadas que se opusieron a la norma fueron el Frepap, Frente Amplio y el Partido Morado.

La norma aprobada también fue exonerada de segunda votación y será remitida al Poder Ejecutivo, para su promulgación en el diario oficial El Peruano.

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Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa), presidente de la Comisión de Fiscalización, sustentó el texto sustitutorio aprobado, alegando que el Congreso cuenta con la autonomía suficiente para manejar sus declaraciones juradas de intereses.

“Las normativas permiten que el Congreso se autoregule”, refirió tras indicar que lo propuesto por el decreto de urgencia no es aplicable al Poder Legislativo.

“[Corresponde al Consejo Directivo] Disponer el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de intereses de los congresistas de la República. Establecer además la relación de funcionarios del servicio parlamentario y la organización parlamentaria que deben formular dicha declaración ante la Contraloría General de la República, la cual se encargará de cautelarlas y publicarlas en su portal institucional de transparencia, en su calidad de organismo constitucionalmente autónomo de control”, dice el último texto sustitutorio presentado.

Amparándose en su autonomía constitucional, el proyecto inicial establecía que el Consejo Directivo del Congreso debía establecer los plazos para presentar las declaraciones juradas de intereses, tanto por parte de los congresistas, así como los funcionarios y servidores de la institución. En esa misma línea, se señalaba que el Consejo Directivo deberá señalar al órgano parlamentario encargado de verificar el cumplimiento de esta obligación y su publicación.

El autor de la propuesta, Ricardo Burga (Acción Popular, Lima), reiteró que el decreto de urgencia del Ejecutivo no respeta la separación de poderes.

Bajo ese contexto, el texto final establece que, además de presentar la documentación ante el Consejo Directivo, las declaraciones juradas también serán presentadas ante la Contraloría General de la República. Pero esto último solo aplicará para los servidores parlamentarios, mas no para los congresistas.

Estos argumentos no convencieron a toda la representación parlamentaria. El legislador Daniel Oseda (Frepap, Arequipa) dijo que la normativa alimentaba la frase “otorongo no come otorongo”, por lo que adelantó que su grupo marcaría en abstención. En esa misma línea, el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus (Lima), presentó una cuestión previa para que el proyecto regrese a comisiones.

Betto Barrionuevo (Somos Perú, Áncash) criticó que el pleno dedique tiempo a proyectos que solo benefician a los congresistas.

“¿Qué tan importante es este tema cuando hay otros proyectos de interés nacional en salud, lucha frontal contra la corrupción y reactivación económica”, sostuvo el parlamentario. Pese a ello, su bancada votó a favor.

Los legisladores Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio, Lima) y Alberto de Belaunde (Partido Morado, Lima) también se pronunciaron en contra de la propuesta acciopopulista. “No puede ser que el Congreso se quiera autoexcluir de transparentar sus intereses”, advirtió la legisladora del FA.

Control en disputa

La disputa por el manejo de información de las declaraciones juradas de intereses tenía dos frentes: la Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría General de la República. En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia donde establecía que esta documentación de altos funcionarios se albergaba en una plataforma virtual habilitada por la PCM.

Sin embargo, el máximo ente de control protestó, a través de documentos oficiales remitidos a la PCM, sosteniendo que se debe “respetar” la autonomía de la contraloría sobre la regulación de la gestión de intereses de los funcionarios. Esto debido a que la Contraloría tiene actualmente bajo su control las declaraciones juradas de bienes y rentas, el cual incluso es un requisito obligatorio para que los parlamentarios puedan jurar al cargo.

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Este Diario consultó a la Contraloría General de la República por su postura sobre la ley del congresista Burga, y el Gerente de Relaciones Interinstitucionales de dicha institución, Martín Cabrera, recordó que la opinión de Contraloría sobre la materia fue recogida por el dictamen del anterior congreso.

El referido dictamen, presentado en el periodo disuelto, planteaba incorporar la gestión de conflictos de intereses, a la ley que regula la presentación de declaraciones juradas, cuyo sistema administra la Contraloría.

“En su momento, en el marco de las reuniones iniciales sostenidas con las bancadas de este Congreso, se planteó la necesidad de que las declaraciones juradas de intereses deban ser presentadas en el sistema electrónico que posee la Contraloría, y dejar atrás las complicaciones que generaba la presentación en papel, porque el sistema que posee Contraloría es el único sistema que puede interoperar con todas las bases de datos del Estado; lo que haría posible una fiscalización real y oportuna, no solo de los bienes y rentas de los parlamentarios sino también de las situaciones de conflicto de intereses que podrían sobrevenir”, afirmó Cabrera.

El Decreto de Urgencia 020-2019 dado por el gobierno dispuso que congresistas y asesores deberían presentar su declaración jurada de intereses dentro de 15 días hábiles de ser elegido. Hasta la fecha, en el Congreso solo el 7% había cumplido con esta disposición. Si se tiene en cuenta que los congresistas recibieron sus credenciales el viernes 28 de febrero, día en el que además el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó el resultado oficial, los nuevos representantes solo tienen hasta el viernes 20 de marzo para hacerlo.

¿Cuántos han cumplido?

Pese a la controversia, algunos congresistas cumplieron con lo dispuesto por el decreto de urgencia dado por el mandatario Martín Vizcarra en diciembre pasado. Una revisión a la plataforma establecida por la PCM muestra que solo nueve de los 130 legisladores transparentaron sus declaraciones juradas de intereses. De estos, solo ocho lo hicieron dentro del plazo establecido en el decreto de urgencia.

Gino Costa (Partido Morado, Lima) fue el primero que cumplió con entregar su documentación. La información no le era ajena, debido a que ya había llenado el formulario en el período pasado, cuando no existía obligación legal. El mismo panorama se repite con su colega de bancada Alberto de Belaunde (Lima).

En ninguno de los casos se presenta información que no se haya conocido antes. Salvo por la parte donde el legislador De Belaunde señala que fue consultor de la agencia Mambo TLV S.A., entre el 3 de febrero y el 5 de marzo del presente año. Los congresistas electos recibieron sus credenciales -de manos del Jurado Nacional de Elecciones- el pasado 28 de marzo.

El Partido Morado y el Frente Amplio, las bancadas con menor número de integrantes, son los que más han cumplido con la presentación de la declaración jurada de intereses. Cada uno con cuatro miembros.

Mirtha Vásquez (Frente Amplio, Cajamarca) registra un historial de trabajo vinculado entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos: Aprodeh, Cooperacción, Grufides y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En Grufides, dedicado a la protección del medio ambiente, Vásquez es fundadora, aunque acaba de pedir licencia por su nueva labor como parlamentaria.

Similar perfil es el de la legisladora Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio, Lima), reconocida por su labor al mando de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En su declaración de intereses, registra además ser miembro de Latin American Studies Association, y asociada de Forum Solidaridad Perú, Cooperacción y de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). En los dos últimos años, antes de la elección congresal, brindó asesorías a la Red Muqui, Iwgia, Diakonia, y Broderlijk Delen.

María Martina Gallardo (Podemos Perú) fue elegida por Lambayeque, pero sus negocios tienen dirección en la capital. En su declaración jurada de intereses, la legisladora de Podemos consigna una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada de nombre Kedisaber.

El nombre comercial dicha empresa es Transportes Gallardo Ramiro y su dirección legal está en el distrito de San Martin de Porres. En la hoja de vida registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones, la legisladora registró como su último centro laboral el Estudio Jurídico Torres Gallardo, ubicado en Chiclayo.